El Gobierno remite el detalle de la nueva financiación y confirma los 3.669 millones adicionales para la C. Valenciana

El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes a todas las comunidades autónomas un documento con el detalle de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, cuyas líneas generales se presentaron el pasado mes de enero por la ya extitular del departamento, María Jesús Montero. La propuesta del Gobierno, que ya ha llegado al Palau de la Generalitat y está siendo estudiada por el Ejecutivo valenciano, mantiene las bases anunciadas entonces, según ha podido comprobar Levante-EMV. Estima en 3.669 millones el aumento de recursos que comportaría para la C. Valenciana, que pese a todo se resiste a aceptar la oferta, en sintonía con todos los territorios del PP. Fuentes del ministerio remarcan que la propuesta "es objetivamente positiva" para "todos" los territorios "en la medida en que incrementa los recursos de cada uno de ellos".

Las cifras que arroja el documento indican que, si entra en vigor en 2027, las comunidades recibirán el próximo año 20.975 millones más que con el modelo vigente. Según las estimaciones realizadas por Moncloa, el nuevo sistema de financiación aportaría a las autonomías en torno a 224.500 millones frente a los 152.484 millones recibidos en 2023, que es el año base para determinar las necesidades de financiación.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el borrador mantiene que el modelo propuesto supondría incrementar en 3.669 millones al año los recursos que recibiría la Generalitat. La valenciana, recuerdan en Hacienda, "es una de las comunidades que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo, casi un 18 % más respecto a los recursos que recibiría en 2027 con el modelo vigente". Se quedaría, no obstante, todavía ligeramente por debajo de la media estatal, a lo que parece acogerse ahora el Consell para rechazar el planteamiento.

El ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, lleva semanas tratando de romper el bloqueo del PP a negociar la nueva propuesta e insistiendo en que "no hay elementos objetivos" para oponerse a un modelo que beneficia al conjunto de las comunidades autónomas y, por lo tanto, "garantiza más recursos para los servicios públicos y el Estado de bienestar". Recientemente se lo trasladó así al president Pérez Llorca, que sin embargo mantuvo su negativa a dialogar bilateralmente.

"Interés partidista"

España defiende que "es un error rechazar por puro interés partidista un modelo de financiación que aporta más recursos para la ciudadanía", insiste en la necesidad de mantener un "debate sereno y constructivo" y lamenta que las comunidades del PP se hayan negado a sentarse a negociar. En la misma línea, considera que "no es comprensible que los territorios del PP hayan votado en contra de los objetivos de estabilidad 2027-2029", lo que para la Comunidad Valenciana suponen 549 millones menos de capacidad de endeudamiento.

Aun así, desde Hacienda aseguran que "mantiene la mano tendida" y emplaza al conjunto de comunidades a "analizar y debatir el borrador remitido". El ministro de Hacienda entiende que "hay margen para negociar" tanto en las reuniones del Comité Técnico Permanente de Evaluación, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de julio y en el Congreso de los Diputados, donde se prevé que llegue la norma tras el verano.

Bases y principios del nuevo modelo

El nuevo modelo de financiación autonómica incorpora nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y se circunscribe a principios que el Ejecutivo considera "prioritarios". Hacienda remarca que la C. Valenciana "es una de las comunidades que más incrementa porcentualmente sus recursos". Igualmente, que "se encuentra entre las que más recibe" por la nivelación vertical (la aportación extraordinaria que hace el Estado al sistema) y por la horizontal (resultante de aplicar la solidaridad interterritorial).

Defiende asimismo que la Comunitat Valenciana además es "una de las zonas más beneficiadas" por el nuevo fondo climático y se encuentra entre los territorios que lograrían recursos adicionales por la posibilidad de acogerse al llamado 'IVA pymes', un mecanismo que les permitirá recibir una transferencia por el IVA liquidado por las pymes en su territorio.

Además de ampliar la capacidad tributaria elevando el porcentaje de recaudación de IRPF e IVA, la propuesta incluye cambios en el cálculo de la población ajustada, que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población. Junto a la mayor aportación del Estado a la caja común, Hacienda considera que esta revisión es "uno de los elementos fundamentales" de la propuesta.

¿Cómo se calcula la población ajustada?

El Gobierno abrió el pasado año con las autonomías un proceso de negociación para actualizar los criterios que determinan la población ajustada, recuerda el ministerio. Finalmente, no fue posible alcanzar un consenso y fueron las propias comunidades quienes reclamaron al Ejecutivo que presentara una propuesta, tal y como ha ocurrido.

Tras la incorporación de las mejoras metodológicas, las grandes variables que configuran la propuesta mejorada de población ajustada del Gobierno es la siguiente:

• Población por padrón. Una de las variables más relevantes. Supone el 30 % de la ponderación de la población ajustada.

• Población protegida equivalente. Pretende representar el gasto sanitario, partida presupuestaria más amplia en el ámbito autonómico. Su peso es del 38 %. Para su cálculo, se divide en 20 grupos de edad, dejando atrás los siete del modelo vigente. Esto permite una mayor fiabilidad en la delimitación de los recursos necesarios para los distintos grupos de población.

• Educación. Para determinar el gasto educativo se tiene en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, cuya ponderación alcanza el 17 %. Y, además, se introducen otros dos nuevos criterios, como son el número de habitantes entre 18 y 24 años y el número de alumnos universitarios que se trasladan a estudiar a otras comunidades. Esto reconoce el coste que supone que una comunidad acoja a estudiantes de otras regiones en su sistema educativo. Estas variables suman una ponderación del 3,5 %.

• Servicios sociales. La base es la población mayor de 65 años, que utiliza mucho más los servicios vinculados a la sanidad o la dependencia. La novedad es que se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y mayores de 80 años. La ponderación de esta variable es del 7 %. Otra novedad es la adición del número de parados sin prestación, con un peso del 1,5 %, como representativa de la pobreza y la exclusión social.

Junto a estos elementos relevantes para determinar la población ajustada, el modelo incluye otros que inciden en el coste de los servicios públicos y que ayudarán especialmente a las autonomías que afrontan el reto de la despoblación, según Hacienda:

• Superficie. Los kilómetros cuadrados de cada comunidad suponen un 1,6 % de la ponderación.

• Dispersión. Tiene un peso del 0,5 %. Se determina en función de las entidades singulares de población habitadas.

• Insularidad. Supone un 0,5 % en el cálculo.

• Costes fijos. Se trata de un nuevo criterio defendido por numerosas CCAA. Cuenta con una ponderación del 0,4 %, beneficia especialmente a comunidades afectadas por la despoblación y reconoce la dificultad existente en algunas de ellas para alcanzar economías de escala debido a su escasa población.

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