El PP abre la puerta a la ejecución privada de los planes urbanísticos de reconstrucción tras la dana

La ejecución de los planes urbanísticos de reconstrucción de las zonas afectadas por la dana podrán recaer sobre los promotores privados. Al menos ocurrirá si sale adelante la enmienda presentada por el grupo parlamentario del PP en Les Corts Valencianes a la Ley de Acompañamiento. Una enmienda que busca modificar la normativa aprobada por el Consell con medidas urbanísticas especiales y "urgentes" para "favorecer las tareas de reconstrucción después de los daños producidos" por la catástrofe y que hasta ahora exigía la gestión directa por parte de la administración.

Se trata de planes urbanísticos que el Consell, todavía dirigido por Carlos Mazón, alumbró en abril del año pasado con carácter especial para "crear y ordenar suelos finalistas para la construcción de viviendas" pero también para la reubicación de polígonos industriales o suelos terciarios y la integración de las infraestructuras que resultaran "necesarias". Con carácter general, dice la norma, para "facilitar las tareas de reconstrucción".

Esta herramienta no solo tiene "carácter preferente y urgente en todos los departamentos autonómicos y locales que deban intervenir durante el procedimiento" sino que además, contaba con plazos más acortados que un desarrollo urbanístico al uso para agilizar la recuperación tras la dana. Y el Consell había previsto que su tramitación fuera "siempre por gestión directa", bien expropiando los terrenos necesarios o haciendo reparcelaciones de suelo. Pero esto podría estar a punto de cambiar.

"Preferentemente" por gestión directa

La enmienda presentada por el PP en el parlamento valenciano introduce un cambio en la redacción mínimo pero trascendental porque prevé que la ejecución de estos planes urbanísticos se lleven a cabo "preferentemente" por gestión directa. Un adverbio que indica prioridad pero que ya no cierra la puerta a que sea la parte privada la encargada de su diseño, siempre que la administración así lo decida.

Con gestión directa exclusiva, era el propio Consell o los ayuntamientos quienes debían expropiar los terrenos o gestionar la reparcelación, asumiendo así la administración el trabajo y el ritmo de ejecución de las obras. Al abrir la puerta a la gestión indirecta, esa ejecución podría recaer en un agente urbanizador privado, que adelantaría la inversión de las obras de urbanización y luego repercutiría esos costes a los propietarios afectados, ya sea mediante cuotas de urbanización o quedándose con aprovechamiento en terrenos.

"Un impedimento para determinados municipios"

Desde la Conselleria de Territorio, que encabeza Vicente Martínez Mus, sostienen que la "prioridad" seguirá siendo la gestión directa pero arguyen que, con el cambio, se busca que "tampoco sea un impedimento para el desarrollo en determinados municipios". Cabe recordar que estos planes especiales pueden cambiar los planes generales de los municipios y afectar a suelo incluido en uno o en varias localidades, tanto urbanizado como rural.

Además, la enmienda incluye otro cambio para permitir que otros instrumentos urbanísticos, incluso las actuaciones territoriales estratégicas, los proyectos de inversión estratégica sostenibles u otros instrumentos análogos puedan "adaptarse, integrarse o transformarse" en este tipo de planes urbanísticos cuando haya "necesidades públicas o de interés general" que resulten "prevalentes respecto de los fines inicialmente perseguidos". Y todo ello sin paralizar la iniciativa, conservando todos los trámites que se hubieran hecho hasta ese momento.

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