El PP permitirá a los promotores prorrogar memorias ambientales ya caducadas

Las enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat van a permitir al PP introducir cambios de calado en la legislación urbanística. Una de estas modificaciones se esconde dentro de una excepción a la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup).

En concreto, el PP quiere habilitar a los promotores para prorrogar la vigencia de la memoria ambiental, incluso en casos en que ya esté caducada, por un plazo de dos años. Bastaría con la mera solicitud del promotor para suspender el plazo de vigencia y se incluirían solicitudes formuladas antes incluso de que esta modificación legislativa entre en vigor.

El cambio se introduce en la disposición transitoria quinta de esta ley que data de 2021, aprobada por el Consell del Botànic. Hasta ahora, las memorias ambientales sobre la evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente pierden su vigencia si una vez notificadas el plan no se ha aprobado definitivamente a los dos años.

Ahora, la enmienda del PP a la ley de acompañamiento introduce una novedad: el promotor podrá solicitar la prórroga de la memoria ambiental durante dos años y la mera solicitud ya suspenderá el cómputo del plazo de la vigencia.

Esto se va aplicar a las memorias ambientales que estén en vigor en el momento en que se apruebe este cambio legal. La cuestión es que la enmienda del PP también abre la puerta a las solicitudes de prórroga formuladas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, siempre que hubieran sido presentadas dentro de los dos años de vigencia de la memoria ambiental. Es decir, que de aprobarse este cambio se daría cobertura a peticiones de prórroga formuladas antes de que la ley las contemplara.

El movimiento del PP ha escandalizado a los socialistas. La diputada autonómica María José Salvador lo considera una “aberración”, una “medida inaudita” en derecho administrativo y un “traje a medida” para proyectos urbanísticos que ya han despertado polémica.

La socialista cuestiona en primer lugar la forma en que se quiere cambiar la ley. No como una propuesta del Consell dentro de la ley de acompañamiento, que debería ser informada por la Abogacía de la Generalitat o el Jurídic Consultiu, sino por la puerta de atrás a través de una enmienda del grupo popular.

Por otro lado, critica que este cambio busca dar “cobertura jurídica” a la “interpretación torticera” de las caducidades de las memorias ambientales que el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, ha defendido desde que llegó a su actual puesto.

Para Salvador, esta enmienda guarda “relación directa con el cese arbitrario que dictó Ivorra de un funcionario responsable del control ambiental en materia urbanística que se negó a considerar prorrogable (a tenor de la legislación todavía vigente) la vigencia de la memoria ambiental del Plan General de la Vall d'Alba y de otros instrumentos urbanísticos de ayuntamientos del PP”.

Tal como contó Levante-EMV un juzgado ha anulado, por arbitrario, este cese al considerar que "no responde a las razones reales" y supone una "desviación de poder". Aquella interpretación de la ley se basó en una instrucción de febrero de 2025 sobre prórroga de memorias ambientales por la que interpretó, sin fundamento jurídico (más allá de la tesis defendida por el propio ayuntamiento) y sin informe de la Abogacía de la Generalitat que lo avalase, que la memoria ambiental de ese Plan General había quedado prorrogada, a pesar de haberse sobrepasado sobradamente el plazo legal para ello, critica la socialista. Esta enmienda, sostiene, serviría ahora para dar cobertura legal al Plan de Vall d’Alba y otros similares.

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