Clamor de docentes y familias por unos “centros educativos del siglo XXI”: “Es un derecho fundamental”

En el chaleco que lleva una de las docentes que se encuentran ante la puerta de las Corts se puede leer el ya clásico lema huelguista: “Docent treballant en precari”. Bajo ese cartel, en rotulador, se ha añadido: “La lluita continua”. Es un añadido que refleja bien el momento que encara la reivindicación docente y con ella el paro ahora suspendido. En pleno verano, se intenta mantener el pulso mientras sigue la negociación. Este martes, una concentración de familias y docentes ha reclamado ante las Corts Valencianes unos “centros del siglo XXI”, algo que consideran “un derecho fundamental”.

La concentración, convocada por la Plataforma per l’ensenyament públic, que aúna a familias y sindicatos, entre otros actores, ha tenido lugar ante la puerta del parlamento valenciano cuando en el interior se votan en comisión las enmiendas a los Presupuestos, entre ellas el bloque de propuestas relativas a educación. Entre las pancartas y lemas, alusiones sobre todo a la necesidad de un plan de climatización integral y no el “parche” anunciado por el president Juanfran Pérez Llorca, y a la continuidad del Plan Edificant de construcción y reforma de centros educativos.

Esta segunda reivindicación está de plena actualidad después de que, a finales de junio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declarara ilegal el freno del área que dirigía José Antonio Rovira, entonces conseller, a la última delegación de competencias firmada por el entonces Consell del Botànic en julio de 2023, dentro del Plan Edificant. Ese plan consistía -consiste, porque aún quedan obras pendientes- en delegar competencias a los ayuntamientos para que estos acometieran obras de construcción o reforma de colegios e institutos. Con esta última delegación de competencias se habían programado 15 obras de centros educativos por valor de unos 65 millones de euros en municipios como Albalat dels Sorells, Mislata o Burjassot. Los alcaldes de estos dos últimos, los socialistas Carlos Fernández Bielsa y Rafa García, estaban en la concentración.

“El Edificant nunca debió haberse paralizado”

“El Plan Edificant nunca debería haberse paralizado. Es algo cuyas consecuencias estamos sufriendo las familias: las infraestructuras no son adecuadas, existen muchas carencias y tanto la educación pública como sus infraestructuras deben ser una prioridad”, ha defendido la presidenta de FAMPA Valencia, Elisabet García, que ha leído un manifiesto reclamando más inversión. Cree que la sentencia del TSJ confirma que “ahora no hay excusas”. “Es el momento de cumplir las resoluciones judiciales y de reactivar, sin más demora, todas las obras pendientes”, ha dicho.

Las obras pendientes existen, en efecto, pero su planificación todavía data del anterior gobierno, cuatro años después. “Ahora únicamente están ejecutando aquello que ya puso en marcha el gobierno del Botànic en su momento”, ha destacado, por su parte, Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del Stepv. Por eso, el sindicato mayoritario no solo pide que se ejecuten los proyectos del Plan Edificant en las localidades afectadas por la sentencia, sino que se invierta en infraestructuras y que se reactive este plan. “Desde que gobierna el Partido Popular no se han realizado nuevas delegaciones de competencias para mantener el Plan Edificant. Por tanto, eso significa que, cuando termine de ejecutarse lo que actualmente está en marcha, el plan se paralizará y ya no habrá más inversiones mediante delegaciones de competencias a los ayuntamientos. Eso ralentizará mucho las rehabilitaciones de los centros educativos”, ha defendido.

“A la Conselleria de Educación no le gustaba el instrumento que había servido para agilizar muchas de las infraestructuras, pero los tribunales le han quitado la razón; le han dicho que ese mecanismo sí tenía razón de ser, que no existía ningún problema y que era válida esa delegación de competencias que la Generalitat Valenciana estaba haciendo en los municipios”, ha destacado, por su parte, Xelo Valls, secretaria general de CC OO Educación.

A su juicio, “los municipios afectados son la punta del iceberg que pone de manifiesto esta situación”. “Las infraestructuras también han sido uno de los puntos que hemos reivindicado durante la huelga educativa, y no se pueden invalidar instrumentos que han servido para mejorar las infraestructuras educativas por una cuestión puramente de interés de partido político”, ha subrayado.

Desde UGT coincide el delegado sindical Killian Cuerda. “Durante mucho tiempo, les ha dado igual que el profesorado imparta clase y que el alumnado la reciba en condiciones infrahumanas”, ha destacado. Y se ha referido también a la promesa del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de que en la segunda quincena de julio el Consell empezará a transferir a todos los centros educativos una dotación económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros para la climatización al inicio del próximo curso. “Siempre están manejando unas cifras que se quedan muy cortas, queremos ver esas promesas por escrito y queremos verlas plasmadas en presupuestos, en planes detallados y en calendarios reales de aplicación”, ha dicho.

“Climatizar no es solo instalar un aire acondicionado”

Los sindicatos han mostrado su sorpresa porque esa medida, anunciada para ser puesta en marcha de forma inmediata, no se ha llevado a las últimas mesas sectoriales, entre ellas una sobre infraestructuras educativas. “En lugar de llevarnos ese plan elaborado, nos encontramos con que nos presentan el mismo documento que ya nos habían presentado anteriormente, mientras ahora hacen declaraciones”, reprocha Cuerda.

“La climatización no consiste únicamente en instalar un aparato de aire acondicionado, sino que es una cuestión mucho más amplia. Desde Comisiones Obreras, ya en 2019 presentamos a la anterior Administración un plan para adaptar las infraestructuras educativas al cambio climático, porque hay más medidas que deben tenerse en cuenta”, ha añadido Xelo Valls.

La vuelta a las aulas en un septiembre en el que previsiblemente no se suavizan las temperaturas preocupa también a las familias. “Evidentemente, los 25.000 euros son un parche más y una improvisación por parte de la Conselleria”, considera Elisabet García desde FAMPA. “No se trata únicamente de instalar aparatos de aire acondicionado o de calefacción, sino que hay que elaborar un plan integral de climatización”, añade. Entre otras cosas, pide revisar y solucionar cuestiones relacionadas con ventanas, toldos y zonas de sombra. Son algunas de las cuestiones recogidas en la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular de la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, en la que se engloba FAMPA, que ya ha recogido más de 10.000 firmas y se presentará entre finales de septiembre y principios de octubre.

Un inicio de curso caliente

Pero el calor que registran los termómetros no será previsiblemente lo único que caliente la vuelta a las aulas. El Consell Nacional del Stepv, el sindicato mayoritario, se reunía este lunes para hacer balance del curso y preparar el inicio del siguiente. Entre otras cosas, de la reunión ha salido un calendario de movilizaciones para el curso 2026-2027. Sobre algunas de ellas no se ha ofrecido mucho detalle, quizá para salvaguardar el factor sorpresa. Pero sí se han listado algunas posibles líneas de acción, como manifestaciones en septiembre, llevar la reivindicación a las fiestas locales en pleno verano y acciones de protesta el día 11 de cada mes, en recuerdo del 11 de mayo, día de inicio del paro indefinido. 

“No tenemos demasiadas esperanzas ni demasiada confianza en que vayamos a avanzar mucho. Por tanto, ya valoraremos si la última oferta que pueda hacernos la Conselleria, no sé si ahora en julio o en septiembre, la sometemos a la consideración del profesorado o si directamente reactivamos la movilización”, ha explicado Marc Candela desde el Stepv.

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