Desahucios a pares en València: Un fondo ruso deja en la calle el mismo día a dos familias con niños en la Fuensanta

En mayo de 2025 Levante-EMV explicaba cómo un grupo inversor de origen ruso (Georgy City Finance) había adquirido viviendas en València desde 23.350 euros tras renunciar la Generalitat a ejercer el derecho de tanteo para destinarlas a alquiler social. El inversor ha comprado durante el último año varios paquetes a la firma Promontoria Coliseum Real Estate (filial del fondo estadounidense Cerberus) gracias a la renuncia de la Conselleria de Vivienda a hacer lo propio. La mayoría de estas viviendas están en el barrio de la Fuensanta, en fincas sin luz en los patios y con las ventanas rota. Allí, a este fondo inversor lo conocen bien. Lo llaman "las rusas" ya que son dos mujeres las que actúan como interlocutoras de la propiedad y están presenten en los desahucios, que ya se ejecutan a pares.

En una misma calle del barrio de la Fuensanta, George City Finance tiene 15 viviendas. Lo han contabilizado las familias que allí viven (en plaza Colonia Española de Méjico) y tienen sentencia de desahucio a falta de fecha. Estas familias responden a dos casuísticas: o tuvieron problemas para pagar la hipoteca en la crisis inmobiliaria y el banco se quedó las casas; o se metieron a okuparlas, sabedores de que la propiedad era una entidad bancaria primero y un fondo buitre, después. Sin embargo, ante la negativa del Consell a comprar estos pisos para destinarlos a vivienda social, el grupo inversor de origen ruso decidió hacer negocio y compró los pisos con gente viviendo dentro. Ahora, el objetivo se centra en sacar a las familias de esas casas, tapiar la puerta, hacer obras de mejora y alquilar esas viviendas por precios que rondan los 900 euros.

"En esta casa vive mi madre, que es una señora mayor con discapacidad, y vivimos nosotros que tenemos dos niños pequeños, de 10 y 6 años", explica Alba, una joven de 27 años que trabaja limpiando casas. Para esta familia "es imposible" pagar "los 900 euros de alquiler que nos piden" por el piso en el que viven: un cuarto sin ascensor, de 60 metros cuadrados con un baño y una cocina minúsculos y tres habitaciones de tamaño reducido. En ninguna de las habitaciones cabe una cama de matrimonio.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de València acompaña a Alba el día que se queda en la calle, en aras de intentar una prórroga que ya no se concede desde que cayó el decreto antidesahucios y ser familia vulnerable no se tiene en cuenta. Desde la entidad lamentan la actitud de una Administración "que permite que se especule con la vivienda" y decide "abandonar a las familias vulnerables que son expulsadas de sus casas" para que "el capital siga haciendo caja".

Desahucio de Ana Isabel, con discapacidad, y su hija Alba, con dos niños de 10 y 6 años.

"Lo que más nos indigna es que para que el grupo ruso haya comprado las casas, la Generalitat Valenciana ha tenido que cederlas. Así, el Consell ha cedido su derecho de tanteo y retracto para viviendas que habría podido comprar por el mismo dinero que lo ha hecho un fondo de capital extranjero que no quiere hablar con nadie y que solo quiere que la gente saga de la vivienda para especular con ella", afirman desde la PAH.

Dos por uno

Mientras el caso de Alba y su madre se debate en el juzgado, los mismos agentes del Cuerpo Nacional de Policía pasan del portal 22 de plaza Colonia Española de Méjico al número 13. Las dos mujeres que están en el desahucio en nombre de George City Finance realizan el mismo recorrido. Allí, María, de 25 años, ha dejado junto al portal las cosas de las que hasta ese momento era su casa y la de sus dos hijos de 3 y de un año y medio.

"No tenemos adonde ir y además de mis hijos están los de mi marido, que tiene 14, 18 y 20 años", explica la joven. A su lado, una de las vecinas explica una situación es idéntica al caso de Alba. "Están en lista de espera de vivienda social. Estas casas están hechas un asco y no valen lo que piden", afirma una de las únicas dos propietarias de una finca de diez pisos. Mientras tanto, las mujeres que actúan como intermediarias de la propiedad entran en el piso de María para autorizar la instalación de la puerta blindada que impida más okupaciones y permita la vivienda vacía hasta que decidan qué hacer con ella, y a qué precio.

La familia de María y la de Alba acaban en la calle. Las dos mujeres que representan a George City Finance se niegan a hacer declaraciones a Levante-EMV. Desde la PAH, sin embargo, muestran su indignación ante la "inacción de un gobierno de la Generalitat Valenciana que no compra viviendas y no aumenta el parque público pero sí permite que tiren a familias a la calle y se especule con los pisos. Ya está bien. Ni tan siquiera median con los fondos de inversión", explican desde la PAH donde afirman que, cuando han tenido como interlocutor a un fondo de inversión "lo primero que nos han dicho es si el desahucio era en Cataluña. Porque ahí sí hay un plan que evita desahucios. Nosotros hemos propuesto aquí el programa LlogAd, pero nos ignoran. Hay que decir alto y claro que la Conselleria de Vivienda no hace nada y que el Ayuntamiento de València no hace nada. Lo que sí hacen es permitir que se especule con la vivienda de la gente y que tiren a familias a la calle. Ya hay desahucios a pares".

Comprar casas "con gente"

Las organizaciones vecinales y entidades que acompañan casos como estos en el barrio de la Fuensanta –Psicólogas sin Fronteras, Asociación de Vecinos de Fuensanta, València Acull, Amigos de la Calle, CEIP FP Misericordia, Vicent Ventura CFPA, Mensajeros de la Paz, el alumnado y profesorado a título personal del IES 26 y la parroquia de la Fuensanta– llevan años advirtiendo de las consecuencias de la "inacción" del Consell: "si la vivienda se trata como mercancía y no como derecho las familias sin capacidad de acceder a alquileres de mercado, con escaso acceso al parque público y con alternativas prácticamente inexistentes acaban en la calle. Más miseria. Esto no es ‘mala suerte, esto es el resultado de una política de vivienda insuficiente y de permitir que fondos especulativos controlen hogares habitados".

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