El PP cuela una nueva amnistía urbanística para legalizar viviendas ilegales posteriores a 2014

Es habitual utilizar la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos para colar cambios normativos de calado en numerosas materias como el urbanismo. A veces, a través de enmiendas parlamentarias para evitar la fiscalización de los órganos consultivos del Consell. De esta manera el PP espera aprobar una nueva amnistía urbanística para regularizar viviendas ilegales. De hecho, esta posibilidad ya existía para las construcciones irregulares previas a 2014 pero los 'populares' quieren eliminar ese límite temporal y, con ello, extender la prerrogativa también a edificaciones posteriores.

Una de las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario del PP en Les Corts modifica varios puntos de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), que para construir en una parcela, exige que esté perfectamente urbanizada con accesos rodados y peatonales, suministro de agua potable, servicio de saneamiento, etcétera.

El urbanismo sin control de buena parte del siglo XX y la época del desarrollismo a partir de los años 80 alumbró muchas construcciones que incumplían estos requisitos, habitualmente diseminadas por el territorio en zonas rurales. En 2017 la Generalitat Valenciana, con María José Salvador al frente de la Conselleria de Urbanismo, contabilizó más de 350.000 viviendas en esta situación e intentó buscar una solución para regularizarlas a posteriori.

Así, en la reforma de la Lotup aprobada en 2019, introdujo esta posibilidad para las construcciones en suelo calificado como urbano o urbanizable exigiéndoles unos requisitos mínimos: garantizar el acceso rodado, la recogida de residuos por tráfico rodado y la depuración de aguas residuales. Una medida excepcional que se aplicó a todo tipo de usos, no solo viviendas, pero que se circunscribía a las construcciones previas a la aprobación de la Lotup en 2014.

Sin embargo, la iniciativa presentada por los 'populares' ahora elimina la limitación temporal de esas excepciones y señala que se aplicarán a "las edificaciones preexistentes", con lo que extiende la medida también a las construcciones que se hayan materializado a partir de 2014. Sus propietarios podrán obtener declaración responsable, licencia de ocupación o la autorización del inicio de actividad siempre que garantice los mencionados requisitos anteriormente. A cambio, y esto es nuevo también, deberán ceder el suelo dotacional pendiente a la administración y constituir una garantía para avalar el 100% del coste que tendrá la previsible urbanización completa del entorno.

"No se espera que vayan a urbanizarse"

La enmienda, que está pendiente de debatirse y votarse en Les Corts Valencianes, supone para Salvador, ahora diputada socialista, "una amnistía urbanística de facto para gran número de edificaciones de todo tipo (residencial, industrial o terciario) ubicadas en suelos clasificados en los planes generales como urbanos o urbanizables que no se encuentran urbanizados y sobre los que no existe expectativa real de que vayan a serlo". La exconsellera recuerda que, en muchos casos, "la situación real" de estos suelos es la de "rústicos".

Salvador diferencia esta amnistía con la aprobada hace siete años, que solo se aplicaba a "edificaciones que existían en el momento de entrada en vigor del primer texto de la vigente Lotup (agosto de 2014)". "A partir de ahora, va a ser posible la automática legalización, con la presentación de una declaración responsable o licencia, si se cuenta con algún sistema de depuración de aguas residuales, suministro de agua y acceso rodado, sin necesidad de estar integradas con la trama urbana y sin que cuenten con ningún otros servicios básicos esencial como infraestructura eléctrica esencial o conexión con una red de depuración", lamenta en ese sentido.

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