PP recorta en 19 millones la financiación a las entidades sociales que trabajan con la infancia más vulnerable

El Partido Popular diseñó unos Presupuestos de la Generalitat que incrementaban la partida del concierto social para la infancia más vulnerable en 20 millones de euros. Sin embargo, ha rectificado y en una de las enmiendas presentadas a las cuentas del Consell para 2026 la partida se reduce en 19 millones.

Así, las entidades sociales dispondrán de 14 millones en el presupuesto de 2026 (3 más que en las últimas cuentas de 2025, pero 19 menos de la previsión inicial) para gestionar programas que trabajan con la infancia más desprotegida, ya que la línea gestiona servicios de Atención Social de la Infancia y Adolescencia como el programa de Atención a niños y niñas víctimas de violencia sexual, Atención telefónica, Oficinas Mentora, Puntos de Encuentro Familiar y Actuaciones Técnicas de Adopción e Intervenciones de Acogimientos Familiares.

Los más de 19 millones que se extraen del capítulo de Transferencias Corrientes pasan a formar parte del número II (compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento), un capítulo que en las cuentas de 2025 contaba con 14 millones y que en los presupuestos presentados por el Consell de Juanfran Pérez Llorca para 2026 se había quedado con menos de 4 millones. Así, la transferencia de un capítulo a otro implica menos dinero para que las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro gestionen servicios y más para que la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia pague facturas y se haga cargo de los gastos de gestión.

De concurso público a pagar facturas

El concierto social es un modelo de colaboración mediante el cual la administración pública financia plazas y servicios sociales a través de entidades sin ánimo de lucro que optan por concurso público. Por ello, cuando se presentaron los presupuestos, las entidades aplaudieron la decisión de incrementar la partida en más de 20 millones, algo que ya no será así.

El PP, de la mano de la diputada Lucía peral, ha centrado al defensa de la enmienda presentada en la mejora que supondrá este cambio en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), que son espacios que gestiona la Administración para facilitar el régimen de visitas de los menores con sus familiares en situaciones de ruptura, divorcio o procesos de protección.

Desde el PSPV, sin embargo, temen que la medida "implique una privatización encubierta del servicio". "Recortan la partida de la atención a la infancia más vulnerable", insiste la diputada socialista Romina del Rey. Y añade: "Hablamos de servicios fundamentales para la atención y protección dela infancia. Hablamos de recursos en la atención y en el acompañamiento de niños y niñas víctimas de agresiones sexuales y víctimas de trata; de las oficinas mentora, donde se orienten a la vida laboral y a la autonomía de los menores tutelados; de la gestión de los Puntos de Encuentro Familiar que ya están saturados. El 67% de los menores del sistema de protección de la infancia tiene entre 11 y 18 años, es un número muy importante y va al alza".

Así, desde el PSPV explican que "cuesta creer que desde el PP no le importen nada estos niños así que este recorte o bien es por el precio que debe pagar el PP a Vox o es el camino hacia la privatización hacia los servicios sociales. Por eso votamos en contra de esta enmienda. No podemos mirar hacia otro lado".

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