El Gobierno veta los sótanos y garajes en zonas inundables y obligará a construir las viviendas un metro más altas

Los garajes y sótanos se convirtieron en una de las trampas más mortales de la dana del 29 de octubre de 2024. Allí fallecieron 35 personas atrapadas por la riada. Otras 68 perdieron la vida en el interior de sus viviendas. Aquella tragedia ha llevado al Gobierno a replantearse la forma en que España construye y planifica sus ciudades frente al riesgo de inundaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica sacará este jueves a información pública un nuevo real decreto que endurece las limitaciones urbanísticas en las zonas inundables, obliga a adaptar municipios y edificios y pretende incorporar la memoria de las grandes riadas al paisaje urbano.

La medida más llamativa será la prohibición de construir nuevos sótanos, garajes subterráneos o cualquier espacio bajo rasante en las nuevas edificaciones que se levanten en zonas inundables. Además, las viviendas deberán situarse al menos un metro por encima de la cota prevista para la avenida de máxima referencia, con el objetivo de evitar que el agua alcance las plantas habitables cuando se produzcan episodios extremos. También prohíbe transformar suelo rústico de alto riesgo en urbanizable.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, defendió este miércoles en València la necesidad de endurecer las restricciones porque "se sigue construyendo en zonas inundables". "Necesitamos que los ríos tengan la menor ocupación posible, que puedan fluir y tengan espacios para las avenidas", afirmó durante una visita a la sede de la Agencia Estatal de Meteorología en la ciudad.

Obligación de informar en la compraventa

La ministra destacó que el plan de mejora de resiliencia frente a inundaciones en la zona afectada por la dana "ha mejorado y ha crecido presupuestariamente" al pasar de una dotación de 530 millones de euros prevista inicialmente a los "prácticamente" 600 millones de euros que finalmente se prevén destinar.

El nuevo decreto no se limita a las nuevas construcciones. El Gobierno quiere también que quienes compren una vivienda conozcan de antemano si esta está expuesta al riesgo de inundación. Para ello, el decreto obligará a incorporar esa información al Registro de la Propiedad, tanto en viviendas de nueva construcción como de segunda mano, de forma que el comprador sepa antes de cerrar la operación si el inmueble se encuentra en una zona inundable. "No significa que no se pueda habitar, significa que la población esté informada y pueda actuar. Que sabe que su vivienda es más vulnerable", explicó la ministra.

La transparencia es solo una parte de una reforma que también busca cambiar la cultura urbanística. Los ayuntamientos con riesgo significativo de inundación tendrán que elaborar planes específicos de adaptación que complementen los actuales planes de emergencia. Esos documentos deberán identificar los edificios más vulnerables, establecer sistemas de alerta temprana y planificar actuaciones para reducir los daños cuando vuelva a producirse una riada. Entre las medidas planteadas figuran la instalación de barreras estancas en edificios públicos, medidas similares en centros comerciales, válvulas antirretorno en las redes de saneamiento o sistemas que impidan la entrada del agua en garajes y plantas bajas

Otra de las novedades más simbólicas será la creación de un catálogo de inundaciones históricas acompañado de la obligación de que los municipios señalicen sobre el terreno hasta dónde llegó el agua en las grandes riadas. El objetivo es que la memoria de las inundaciones no desaparezca con el paso del tiempo y que tanto vecinos como visitantes puedan identificar visualmente la magnitud de los episodios sufridos. El Gobierno considera que esa información también debe servir para orientar futuras decisiones urbanísticas y aumentar la percepción social del riesgo.

El decreto abandona el tradicional concepto de "periodo de retorno" —que hablaba de avenidas de 100 o 500 años— y lo sustituye por el de probabilidad anual de inundación, al considerar que resulta más comprensible para la ciudadanía y evita interpretaciones erróneas

La norma obligará igualmente a que los planes generales de ordenación urbana incorporen la cartografía oficial de zonas inundables y los mapas de peligrosidad, de modo que el riesgo forme parte de cualquier decisión sobre nuevos desarrollos urbanísticos. Los municipios dispondrán de un plazo para adaptar su planeamiento a estas nuevas exigencias.

Cambio de lenguaje

Otro cambio relevante afecta al propio lenguaje con el que se comunica el riesgo. El decreto abandona el tradicional concepto de "periodo de retorno" —que hablaba de avenidas de 100 o 500 años— y lo sustituye por el de probabilidad anual de inundación, al considerar que resulta más comprensible para la ciudadanía y evita interpretaciones erróneas sobre la frecuencia con la que pueden repetirse estos fenómenos.

Aagesen insistió en que la nueva regulación "no afecta a derechos consolidados" y la definió como un decreto "transformador" y "novedoso", que ahora inicia un proceso de información pública para recoger aportaciones antes de su aprobación definitiva.

La filosofía que inspira toda la reforma parte de una idea sencilla: asumir que las inundaciones extremas serán cada vez más frecuentes y que la mejor protección no consiste únicamente en levantar infraestructuras hidráulicas, sino también en construir de otra manera, adaptar las ciudades y recordar permanentemente hasta dónde puede llegar el agua.

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