El PP cuela cinco reformas urbanísticas sin control legal a través de enmiendas en las Corts

Hasta cinco cambios urbanísticos pretende aprobar el Partido Popular en Les Corts Valencianes por la puerta de atrás. El Consell que encabeza Juanfran Pérez Llorca presentó el anteproyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos a mediados de junio sin apenas referencias en esta materia pero ha sido al llegar a Les Corts Valencianes y los 'populares' se han acordado de introducir varias enmiendas para cambiar no solo la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) sino también la normativa urbanística especial para las zonas afectadas por la dana.

La conocida como Ley de Acompañamiento no es otra cosa que un ómnibus para modificar otras leyes aprovechando la aprobación de los presupuestos anuales a los cuales 'acompaña'. Por eso, los partidos que dirigen el Consell acostumbran a introducir retoques normativos en múltiples materias sin necesidad de acudir a una reforma legislativa al uso. Aun así, estas modificaciones (no siempre nimias) deben superar diferentes exámenes cuando se incluyen en el anteproyecto de Ley antes de que el Gobierno valenciano lo envíe a la cámara parlamentaria.

Sin ir más lejos, se enfrentan primero a las alegaciones del preceptivo período de exposición pública, pero también a los informes de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el Comité Económico y Social (CES), que examinan la legalidad, la corrección técnica y el impacto socieconómico de las medidas previstas. Dicha fiscalización, que este año se ha tramitado por la vía de urgencia -los órganos han tenido poco más de una semana para emitir sus informes-, no se aplica a los cambios introducidos mediante enmiendas en Les Corts Valencianes, como es el caso de las reformas que pretenden aprobar los 'populares' en materia urbanística.

Prórroga de memorias ambientales ya caducadas

Uno de los cambios más importantes vía enmienda es el que permitirá a los promotores prorrogar la vigencia de las memoria ambiental, incluso en casos en que ya esté caducada, por un plazo de dos años. Según la Lotup ahora vigente, que data de 2021, las memorias ambientales sobre la evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente pierden su vigencia si una vez notificadas el plan no se ha aprobado definitivamente a los dos años. De salir adelante la iniciativa, con una mera solicitud del promotor servirá para suspender ese plazo.

La medida se aplicaría a las memorias ambientales que estén en vigor en el momento en que se apruebe este cambio legal. Pero la enmienda del PP abre la puerta a las solicitudes de prórroga formuladas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, siempre que hubieran sido presentadas dentro de los dos años de vigencia de la memoria ambiental. Es decir, que de aprobarse este cambio se daría cobertura a peticiones de prórroga formuladas antes de que la ley las contemplara, según ha denunciado la diputada del PSPV María José Salvador.

Amnistía urbanística para viviendas ilegales posteriores a 2014

Otra de las enmiendas pretende modificar la exigencia de la Lotup según la cual, para construir en una parcela, esta debe estar perfectamente urbanizada con accesos rodados y peatonales, suministro de agua potable, servicio de saneamiento, etcétera. El anterior Consell aprobó una suerte de amnistía para regularizar muchas construcciones que, fruto del urbanismo sin control de buena parte del siglo XX y la época del desarrollismo a partir de los años 80, incumplían estos requisitos. Así, en la reforma de la Lotup de 2019 introdujo esta posibilidad para las construcciones en suelo calificado como urbano o urbanizable exigiéndoles unos requisitos mínimos: garantizar el acceso rodado y la depuración de aguas residuales.

Esta medida excepcional se aplicó a todo tio de usos pero se circunscribía a las construcciones previas a la aprobación de la Lotup en 2014. Ahora, la enmienda de los 'populares' elimina la limitación temporal de esas excepciones y señala que se aplicará a "las edificaciones preexistentes", con lo que extiende la medida también a las construcciones que se hayan materializado a partir de 2014. Sus propietarios podrán obtener declaración responsable, licencia de ocupación o la autorización del inicio de actividad siempre que garantice los mencionados requisitos anteriormente. A cambio, deberán ceder el suelo dotacional pendiente a la administración y constituir una garantía para avalar el 100% del coste que tendrá la previsible urbanización completa del entorno.

La ejecución privada de los planes posdana

El PP también pretende modificar el tipo de ejecución de los planes urbanísticos de reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, que desde su creación correspondía exclusivamente a la administración pública pero que, si prospera esta enmienda, podrá recaer en los promotores privados. Se trata de planes urbanísticos que el Consell, todavía dirigido por Carlos Mazón, alumbró en abril del año pasado con carácter especial para "crear y ordenar suelos finalistas para la construcción de viviendas" pero también para la reubicación de polígonos industriales o suelos terciarios y la integración de las infraestructuras que resultaran "necesarias". Hasta ahora su ejecución era "siempre por gestión directa", bien expropiando terrenos o haciendo reparcelaciones, y la enmienda introduce un cambio de redacción mínimo para señalar que serán "preferentemente" de ejecución pública, con lo que abre la puerta a que sea la parte privada la encargada de su diseño, siempre que la administración así lo decida.

Más excepciones en suelo no urbanizable

Por otro lado, una de las enmiendas de los 'populares' pretende flexibilizar la implantación industrial en suelo no urbanizable, incorporando entre las excepciones para las que está permitido construir, los usos industriales cuando "no exista o resulte inadecuado" el suelo urbano o urbanizable en municipios con riesgo de despoblación. Además, elimina la exigencia de parcela mínima de 10.000 metros cuadrados y de mantener libre la mitad de la superficie para uso agrario. También incluye la excepción para implantar en suelo no urbanizable depósitos logísticos, patios de contenedores o áreas de apoyo al transporte al aire libre excepto si afectan a residuos o sustancias peligrosas, y se les exime de la obligación de dejar la mitad de la parcela libre de ocupación.

Distancia seguridad entre industrias y viviendas

El texto planteado por el grupo parlamentario del PP introduce una distancia mínima de seguridad de 500 metros entre industrias peligrosas y usos residenciales, educativos o sanitarios, aunque prevé que los ayuntamientos puedan establecer excepciones con los informes técnicos correspondientes.

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