La Generalitat llevará a los tribunales el nuevo criterio del Gobierno para delimitar la costa

La Generalitat ha anunciado que acudirá a los tribunales si el Gobierno mantiene el proyecto de real decreto que modifica los criterios utilizados para delimitar el dominio público marítimo-terrestre. La decisión abriría un nuevo frente judicial entre el Ejecutivo autonómico y el estatal en torno a la gestión del litoral, después de que el Consell haya mostrado su rechazo frontal a una reforma que, a su juicio, genera inseguridad jurídica y amenaza el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico de la costa valenciana.

El cambio cuestionado afecta al criterio empleado para determinar hasta dónde llega la zona marítimo-terrestre y, por tanto, qué terrenos deben quedar incluidos dentro del dominio público. La Ley de Costas sitúa ese límite en el punto alcanzado por las olas durante los mayores temporales conocidos y deja al reglamento la concreción técnica de cómo debe calcularse.

Cinco veces en cinco años

El Reglamento General de Costas aprobado en 2014 estableció que ese alcance debía haberse producido al menos cinco veces durante un periodo de cinco años, salvo que la evidencia científica justificara excepcionalmente otro criterio. También permitía utilizar registros de boyas y satélites y datos oceanográficos o meteorológicos para realizar los cálculos.

La modificación planteada por el Gobierno elimina ese requisito de reiteración. Para fijar el límite se tomaría como referencia el alcance máximo registrado desde que existan datos procedentes de boyas, satélites u otras fuentes oceanográficas o meteorológicas. El proyecto no establece literalmente que cualquier temporal vaya a modificar de manera automática todos los deslindes, pero la desaparición del requisito de cinco episodios permitiría que un único fenómeno excepcional fuera determinante al revisar la línea de dominio público de un tramo del litoral.

El criterio reproduce, en esencia, el que el Ejecutivo ya introdujo en 2022 mediante una reforma que suprimía la exigencia de esperar a que el mar alcanzara cinco veces el mismo punto en cinco años. El Gobierno justificó entonces la medida por la subida del nivel del mar, la reducción del periodo de retorno de los fenómenos extremos y la necesidad de adaptar la costa al cambio climático. Aquella reforma fue anulada íntegramente por el Tribunal Supremo en enero de 2024.

Un "criterio consolidado"

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha advertido de que el Ejecutivo central “pretende sustituir un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un único episodio excepcional de temporal”, una decisión que califica de “desproporcionada, arbitraria” y carente de la estabilidad necesaria para delimitar el dominio público.

Según Martínez Mus, no se puede modificar “por la puerta de atrás” un elemento esencial de la Ley de Costas. “No tiene sentido que un único temporal excepcional pueda modificar el deslinde de toda la costa. Las normas deben basarse en criterios estables y repetidos, no en un episodio aislado que, por definición, es extraordinario”, ha señalado.

El efecto de un nuevo deslinde puede ser relevante porque la línea separa los terrenos considerados de dominio público —que tienen carácter inalienable, imprescriptible e inembargable— de los espacios interiores que pueden ser de titularidad privada. Su desplazamiento también condiciona las servidumbres, las concesiones, la planificación urbanística y las actividades situadas en primera línea de costa.

Alegaciones

La Generalitat ya ha presentado alegaciones para pedir que se mantenga la exigencia de reiteración y que un fenómeno extraordinario no sea suficiente por sí solo para alterar un deslinde. A juicio del Consell, aceptar el nuevo criterio convertiría una situación excepcional en una regla general y podría provocar una expansión del dominio público sin garantías suficientes de proporcionalidad, estabilidad y rigor técnico.

Martínez Mus ha comparado el cambio con las inundaciones causadas por la dana del 29 de octubre de 2024. “Es como si, después de la dana, todo el terreno que se inundó pasara automáticamente a ser dominio público hidráulico. Nadie entendería una decisión así. En la costa debe aplicarse el mismo principio: los fenómenos excepcionales no pueden convertirse en la regla para delimitar el dominio público”, ha afirmado.

El Consell también cuestiona que puedan emplearse boyas, satélites y cualquier otro dato oceanográfico o meteorológico sin establecer, a su juicio, indicadores suficientemente objetivos, repetidos y verificables. Considera que esa amplitud otorgaría una mayor discrecionalidad a la Administración estatal en los futuros procedimientos.

La Generalitat defiende que una reforma con posibles consecuencias sobre la propiedad, el urbanismo, las concesiones y la actividad económica no debería aprobarse únicamente mediante un reglamento, sino debatirse en las Cortes Generales a través de una modificación de la legislación estatal de costas.

Por ello, mantiene su petición al Ministerio para que rectifique el texto durante su tramitación. En caso contrario, anuncia que defenderá los "intereses de la Comunitat Valenciana" en todas las instancias, incluida la vía judicial.

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