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La Generalitat prorroga los servicios sociales hasta 2028 con 742,7 millones de euros

La prórroga aprobada por la Generalitat garantiza la continuidad de los servicios sociales hasta 2028, pero no satisface las demandas de las entidades de infancia

Protesta por la financiación de los centros de menores en Valencia.

Protesta por la financiación de los centros de menores en Valencia. / JM LOPEZ

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Voro Contreras

Voro Contreras

València

El Consell ha aprobado la prórroga de los acuerdos de acción concertada en servicios sociales hasta el 30 de junio de 2028, con una dotación global de 742,7 millones de euros. La resolución garantiza la continuidad de las plazas y los centros concertados durante otros dos años, aunque no despeja las objeciones económicas de las principales entidades de protección a la infancia.

La medida, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, afecta a los servicios prestados por entidades de iniciativa social en los ámbitos de discapacidad y salud mental, infancia y adolescencia, personas mayores dependientes y colectivos vulnerables. Del importe total, 362,6 millones corresponden a discapacidad y salud mental; 204,4 millones, a infancia y adolescencia; 138 millones, a personas mayores, y 37,7 millones, a programas contra la exclusión social.

La aprobación de la prórroga asegura la continuidad administrativa de los acuerdos hasta 2028, pero no elimina el conflicto con las entidades. La modificación presupuestaria refuerza además las dudas sobre la evolución de unos módulos cuya actualización futura continúa supeditada a la disponibilidad presupuestaria.

En infancia, la financiación permitirá mantener centros residenciales, hogares de emancipación, centros de día y otros recursos. La Conselleria sostiene que la prórroga ofrece estabilidad mientras prepara una nueva convocatoria vinculada al futuro Decreto de Tipologías.

Sin embargo, FEPJJ y APIME, que representan a la práctica totalidad del sector, habían rechazado prolongar los conciertos sin garantías de que los módulos económicos se actualicen según los costes reales. Las organizaciones gestionan 1.343 plazas de acogimiento residencial y 924 en centros de día y aseguran que la financiación actual las obliga a cubrir pérdidas con recursos propios.

La resolución señala que los módulos han aumentado un 14,5% desde el segundo semestre de 2022 y anuncia que se estudiarán nuevas actualizaciones en 2026 y 2027. Esas revisiones, no obstante, quedan condicionadas a la disponibilidad presupuestaria y no se fija un calendario de incrementos ni un mecanismo automático de reequilibrio.

La controversia adquiere una nueva dimensión tras la rectificación introducida por el PP en los Presupuestos de la Generalitat para 2026. Las cuentas iniciales incrementaban en unos 20 millones una línea destinada a programas para la infancia más vulnerable, pero una enmienda popular reduce ahora esa previsión en 19 millones. La partida quedará en 14 millones, tres más que en 2025, pero muy por debajo de la cantidad contemplada en el proyecto original.

Esta línea financia servicios como la atención a menores víctimas de violencia sexual, las Oficinas Mentora, los Puntos de Encuentro Familiar y actuaciones relacionadas con la adopción y el acogimiento familiar. Los más de 19 millones retirados de las transferencias corrientes se trasladan al capítulo destinado a la compra de bienes y los gastos de funcionamiento de la Conselleria.

El PP, a través de la diputada Lucía Peral, defiende que la modificación permitirá mejorar los Puntos de Encuentro Familiar, espacios destinados a facilitar las visitas de menores con sus familiares en situaciones de ruptura o protección.

El PSPV ha votado en contra y sostiene que la enmienda supone un recorte a la atención de la infancia más vulnerable. La diputada socialista Romina del Rey teme que el trasvase abra la puerta a una “privatización encubierta” y advierte de la saturación de recursos como los Puntos de Encuentro Familiar.

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