La sanidad pública valenciana realiza el mayor número de abortos en 20 años en pleno debate de ‘ley de no nacidos’

El Partido Popular ha vuelto a situar la maternidad en el centro de la agenda política con la ‘ley de no nacidos’, una norma que pretende contabilizar el feto, desde la fecundación, como un miembro de la unidad familiar a efectos de ayudas sociales o prestaciones.

La medida, impulsada por la Comunidad de Madrid, será exportada a toda España en caso de que Feijóo llegue a la Moncloa. El PP ha situado el foco en una materia, las políticas antiabortistas, que en la C. Valenciana tienen un importante precedente con la ley de maternidad de 2009 impulsada por Francisco Camps y el histórico líder del sector cristiano del PPCV, Juan Cotino.

Curiosamente, este renovado debate llega en un momento en que el número de abortos en la sanidad pública valenciana ha alcanzado la mayor cifra en los últimos 20 años. En 2025, se efectuaron 10.612 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) a residentes en la Comunitat Valenciana, y de ellas 1.173 tuvieron lugar en hospitales públicos, según el último informe de la Conselleria de Sanidad al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Es una cantidad muy baja, apenas supone el 11,1 % del total. Sin embargo, es la mayor cifra de abortos que se desarrollan en la red sanitaria pública desde 2004, hace más de 20 años. Entonces fueron 1.386, casi el 16 % del total. El año 2025 ofrece el segundo mayor registro desde que se realizan estas estadísticas (2000-2025).

Abortos de otras comunidades

Por grupos de edad, casi la mitad de intervenciones se dieron entre los 20 y 29 años. El grupo con mayor tasa fue de 20 a 24 años, con 17,2 casos por mil mujeres. Y casi el 60 % tenían bachiller, FP o estudios superiores. La estadística también refleja que se produjeron 121 intervenciones a residentes de comunidades limítrofes, como Baleares, Murcia, Cataluña, Aragón, y especialmente Castilla la Mancha (58).

El escaso número de interrupciones bajo techo de la Generalitat contrasta con el hecho de que la mayoría de las mujeres que acaban interrumpiendo el embarazo (el 78,4 %) se informa en el sistema público, y que la administración asuma el coste en el 77,5% de los casos, que es el máximo histórico, por derivar estas intervenciones a centros concertados.

Pocos especialistas y muchos objetores

Esta es la clave de la estadísticas. La mayoría de intervenciones son derivadas a clínicas privadas concertadas. La plantilla sanitaria pública apenas tiene 480 especialistas en Ginecología y Obstetricia y de ellos 82 médicos están inscritos en el registro de objetores de la Conselleria de Sanidad.

Esto supone que el 17 % del total no realizan estas intervenciones, aunque la mitad (42) sí se muestran abiertos a realizarlo "por causas médicas". Son pocos casos. La mayoría de interrupciones, el 97%, se produjo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, que es el plazo general que marca la ley estatal de 2010 impulsada por el Gobierno de Zapatero. A partir de esa semana, los motivos tienen que ser el grave riesgo para la salud o la vida de la embarazada y riesgo de graves anomalías en el feto (15-22 semanas) y anomalías fetales extremadamente graves, incurables o incompatibles con la vida (más de 22 semanas). La situación es especialmente complicada en algunas zonas, donde todos los especialistas son objetores.

Si se analiza la serie histórica, el número de abortos totales y el número de abortos en la público ha ido fluctuando. Durante la anterior etapa de gobiernos del PP, desde 2007, la cantidad comienza a descender hasta el mínimo de 161 interrupciones en centros públicos en 2014. Casualidad o no, la caída coincide con los años de mayor influencia de las políticas antiabortistas (autodenominadas ‘provida’) que defendía ese Consell.

Aquella ley de 2009 incluía toda una batería de medidas encaminadas a evitar las interrupciones del embarazo, sin mención a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde 2008 también fue cayendo la cifra total de abortos, que ha repuntado en los dos últimos años. Con todo, pueden operar también factores demográficos o una mayor conciencia en el uso de anticonceptivos.

Una gestión estable

Más allá de vaivenes políticos y debates públicos, en la Comunitat Valenciana la gestión de los abortos ha tenido una estructura estable desde hace tiempo. La sanidad pública ofrece una red de unidades de salud sexual y reproductiva (antiguos centros de planificación familiar de los 80 y 90) capilarizados en todo el territorio a través de los departamentos de salud.

Es la puerta de entrada para las mujeres que solicitan interrumpir su embarazo a través de la sanidad pública. Fuentes de la administración la señalan como una de las autonomías que mejor ha funcionado históricamente, a pesar de no haber podido evitar la fórmula de la derivación a centros privados, un protocolo que funciona en todo el territorio.

Estas unidades reciben a la paciente que busca la cobertura pública, y es derivada a una clínica privada o se le ofrece la posibilidad de acudir al hospital de referencia si en su área se realizan estas intervenciones. Hospitales como el Peset, Requena o Xàtiva-Ontinyent llevan años muchos años realizando abortos.

Por debajo del ruido, no ha habido cambios sustanciales, apunta una trabajadora con décadas de trayectoria. De hecho, en departamentos como el de Vinaròs el hospital se ha sumado esta legislatura a los centros públicos que realizan estas intervenciones, resolviendo un problema histórico por la falta de clínicas privadas a las que derivar en aquel departamento de salud. Estos centros que se van incorporando pueden explicar el aumento de los últimos años.

El Botànic mejoró las condiciones de la derivación

Sí que hubo intentos durante el Consell del Botànic por ‘revertir’ la privatización de los abortos y dar más peso a la gestión pública. Pero la voluntad se topó con las limitaciones de la especialidad (ya sea por falta de ginecólogos o por escasa atención a este tipo de intervenciones debido a la presión asistencial que soportan) y luego con la pandemia. Al menos sí logró “ordenar” y mejorar la derivación, para garantizar las mismas condiciones y prestaciones en todas las interrupciones de la C. Valenciana, tanto en la pública como las concertadas, entre ellas la aplicación de la anestesia cuando el aborto fuera por intervención quirúrgica.

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