Vivienda
Empiezan los desalojos del Consell: La Generalitat Valenciana amenaza con el desahucio a una madre y su hijo de una vivienda pública
La PAH consigue la paralización del desalojo hasta septiembre tras presentar un recurso en los juzgados valencianos y otro en instancias europeas y la conselleria insiste en que "hay que respetar la lista de espera"

Germán Caballero

La vida de Mónica Andreu se fue al traste en la pandemia de la Covid-19. La mujer perdió el trabajo y la vivienda, y se vio en la calle con un niño pequeño. La mujer se enteró de un piso social que estaba vacío y era de la Generalitat Valenciana y se metió ahí con su hijo. Hoy ese niño tiene 13 años y pregunta dónde va a vivir cuando los echen de su casa. Y su madre no sabe qué decirle.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Valencia apuntan la diferencia entre este desalojo y los otros tantos que se producen en al Comunitat Valenciana a diario. Y es que quien insta el desahucio no es un particular, ni una entidad bancaria, ni un fondo buitre, sino que es la propia Generalitat Valenciana ya que este piso, un cuarto sin ascensor en el barrio de la Fuente San Luis, forma parte del parque público de vivienda y aunque Mónica es una de las personas que forma parte de la lista de espera que pide un alquiler social nadie le adjudicó esa vivienda.

Valencia. VLC. Monica y su hijo de 13 años van a ser desahuciados por la EVhA pese a tener pisos cerrados / Germán Caballero / LEV
"En cuanto entré en esta vivienda se lo dije a la Evha porque yo quiero pagar un alquiler. Lo he pedido varias veces a lo largo de todos estos años porque nosotros necesitamos un alquiler social. Me vi en la calle con un niño, los vecinos me dijeron que esta casa estaba vacía y entré. Lo comuniqué enseguida en busca de soluciones, pero no quieren. ¿Adónde me voy con mi hijo? No puedo compartir vivienda con desconocidos y no tengo adónde ir", explica la mujer, que trabaja como administrativa media jornada e ingresa 600 euros al mes.
Por el momento, el desahucio de Mónica se ha paralizado temporalmente hasta septiembre gracias a un recurso presentado en los juzgados valencianos y otro en instancias europeas, pero desde la PAH advierten que la existencia de "centenares de familias valencianas que penden de un hilo a la espera de que la Generalitat decida si opta por la mediación social o por la vía del desalojo forzoso".
Un cambio de modelo: de la regularización a la sanción
Y es que desde la PAH critican la gestión actual del parque público ya que recuerdan cuando en 2017 se inició un proceso de regularización "basado en criterios objetivos para convertir situaciones de irregularidad en contratos de alquiler estables". Sin embargo, "la administración actual ha optado por un relato que tacha a los ocupantes de perversos o criminales para enfrentar a pobres contra pobres. Nosotros entendemos que hay que respetar la lista de espera, y también entendemos que para quien vive y convive en viviendas del parque público hay que regular su situación porque lo contrario solo genera más miseria".
Mientras las listas de espera de la Evha crecen, las entidades sociales denuncian que la estrategia de la administración es instalar "puertas anti-okupa" en las viviendas que quedan vacías "en lugar de rehabilitarlas y adjudicarlas". "Existen decenas de viviendas cerradas en este mismo barrio. Los vecinos sabemos dónde están y no entendemos por qué no se permite a familias como la de Mónica pagar un alquiler y vivir tranquila", afirman vecinos del barrio que la conocen.
Desde Psicólogas sin Fronteras, organización que colabora con la PAH, advierten del grave impacto emocional en los menores. "La incertidumbre sobre el colegio, el cambio de barrio y la pérdida de sus espacios seguros generan un reordenamiento traumático de su cotidianeidad", explican.
La conselleria responde: "Para adjudicar las viviendas hay requisitos y baremos"
Respuesta de la Conselleria de Vivienda ante este y otros desahucios instados por la Evha es clara: "Hay una lista de espera, con unos requisitos que cumplir. Existen unas baremaciones para adjudicar las viviendas. Si asaltas una casa y te metes, le estás quitando la oportunidad de tener una vivienda a personas que han solicitado vivienda cumpliendo con la legalidad y que posiblemente tengan más necesidad... Debe quedar claro que si en la baremación la persona queda por encima, pues se le da el piso pero hay que respetar el orden".
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