La jueza de la dana ofrece al presidente de la CHJ que aporte sus comunicaciones el día de la dana

La jueza de la dana ha acordado ofrecido al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la posibilidad de aportar voluntariamente sus comunicaciones relacionadas con la gestión de la emergencia el día de la catástrofe. La magistrada, Nuria Ruiz Tobarra, responde así al escrito presentado por la defensa de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, que había solicitado requerir tanto a Polo como a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la entrega de sus mensajes de aquella jornada.

En el auto notificado este miércoles a las partes, la jueza ha recordado que la obtención de este tipo de comunicaciones solo puede tener carácter voluntario, "dada la naturaleza de los presuntos delitos imprudentes" que se investigan en la causa. Descarta además el argumento de la "igualdad de armas" que esgrimía la defensa de Pradas, ya que ni Polo ni Bernabé son parte en el procedimiento, sino testigos, por lo que la petición "no se puede sustentar en un efecto reflejo respecto de la actuación de los investigados".

El elemento que marca la diferencia en el caso de Polo es su propia declaración testifical, celebrada el 19 de septiembre, donde manifestó que ya había aportado su factura de llamadas a la comisión de investigación de la dana constituida en Les Corts, incluida en un informe remitido por la propia confederación a dicho órgano.

La jueza subraya que, a diferencia de lo ocurrido con Bernabé, a Polo no se le pidió entonces, ni en ningún otro momento, la entrega de esa factura ni de sus comunicaciones. Por ello, y "por agilidad procesal", el auto opta por dirigirse directamente al testigo en lugar de reclamar la documentación al propio Les Corts, y le ofrece la posibilidad de aportar "en todo caso voluntaria" la información sobre sus comunicaciones de aquel día.

La jueza sí rechaza, en cambio, reiterar la petición sobre Bernabé. El auto recuerda que la cuestión ya se planteó durante su declaración testifical en abril, cuando la defensa del ex secretario autonómico Emilio Argüeso, también investigado, pidió que se le requiriera el listado de llamadas si lo consultaba en el propio acto. Aquella petición fue entonces rechazada "al contravenir el carácter voluntario de la aportación".

Bernabé alegó en su momento "el carácter personal del móvil" en el que constaban las llamadas, una respuesta que la jueza describe ahora como "no condicionada al ejercicio del derecho de defensa, ni tampoco de naturaleza temporal", lo que le impide reiterar el ofrecimiento. Cabe recordar que la petición de imputación de Bernabé ya fue denegada en su día por la Audiencia Provincial de Valencia.