El PSOE pide a la Comisión Europea que examine si la “prioridad nacional” de Vox en los presupuestos autonómicos es contraria a derecho

Los presupuestos de la Comunidad Valenciana llegan a Europa. Y lo hacen para que la Comisión Europea compruebe si el principio impuesto por Vox, el de la “prioridad nacional”, puede ser contrario al derecho continental.

Así lo plantea el grupo socialista, que a través de sus eurodiputadas Leire Pajín y Sandra Gómez ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea para que realice esta constatación. Los presupuestos, aprobados el miércoles en las Cortes Valencianas, incluyen este principio tras el acuerdo del PP y de Vox y después de que la formación del Consell aprobara 99 de las 100 enmiendas planteadas por los ultras.

La “prioridad nacional” consta en criterios de arraigo para acceder a ayudas públicas o a programas de vivienda, y se materializa en otras cuestiones como la conversión de la Oficina Valenciana de Inclusión en la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno, en el “fomento sobre el retorno voluntario de personas migrantes a sus países de origen en el ámbito local” o en estudios que vinculan la inmigración con la delincuencia, entre otros aspectos.

El hecho de introducir el arraigo para acceder a algunas ayudas públicas podría ser incompatible con el derecho de la Unión Europea, según el grupo socialista en la eurocámara. Pajín y Gómez creen que pueden atentar contra los derechos reconocidos de los ciudadanos, tales como el de la igualdad de trato en la legislación comunitaria. Además, creen que si estas condiciones se aplican a programas financiados total o parcialmente con fondos europeos podrían, también, plantear dudas sobre el correcto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de esos recursos.

Pregunta parlamentaria

En la iniciativa planteada por sendas eurodiputadas preguntan al ejecutivo comunitario que aclare las obligaciones que tienen los estados miembros cuando este tipo de medidas puede afectar a ciudadanos europeos o a otras personas protegidas por el Derecho de la UE, especialmente cuando se trata de programas financiados por las instituciones de ámbito continental.

A su vez, Pajín y Gómez preguntan a la Comisión si tienen previsto analizar la compatibilidad de dicha modificación legislativa con el derecho de la Unión y, en caso de detectar una vulneración, ejercer las competencias que le atribuyen los tratados.

Con la iniciativa, desde el grupo socialista dicen intentar “garantizar que toda la normativa nacional o autonómica que incida en el acceso a prestaciones públicas respete plenamente los principios fundamentales de la UE, en particular la igualdad de trato, la no discriminación y la correcta aplicación del derecho europeo”.

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