El secretario de la Diputación rechaza revisar 31 convenios de depuradoras de Egevasa

Nuevo capítulo en la guerra entre empresas por la gestión de las depuradoras en la provincia de València. El secretario general de la Diputación de València, Vicente Boquera, ha rechazado la revisión de 31 convenios suscritos por la empresa mixta provincial Egevasa para la gestión de estas instalaciones. Aqlara, una firma especializada en la gestión del ciclo integral del agua, lleva años batallando en los tribunales para poner fin a estos convenios y que Egevasa licite su explotación. Pero, al menos por el momento, no será así, a juzgar por el criterio del secretario de la corporación.

Se trata de acuerdos suscritos entre 1997 y 200 con distintos ayuntamientos para la construcción y gestión de las estaciones de depuración (EDAR) cuando Egevasa era una empresa enteramente pública. Se convirtió en empresa mixta en 1999 después de que la Diputación sacara a concurso y adjudicara el 49% de la compañía a Global Omnium (antigua Aguas de Valencia).

Al tratarse de convenios de duración indefinida con una empresa ahora participada por una parte privada, Aqlara considera que se estarían quebrantando las reglas del mercado y las obligaciones de concurrencia. Por su parte, Diputación defiende que estos convenios siguen siendo válidos porque la corporación provincial mantiene el 51% de Egevasa y porque la licitación que ganó Global Omnium legitimaría la adjudicación directa de las obras y la explotación de las depuradoras.

La Diputación defiende la gestión directa

De este modo, el secretario ha estudiado el caso y ha desestimado las alegaciones de la recurrente. El informe, emitido este mismo martes y al que ha tenido acceso Levante-EMV, recuerda que la normativa vigente en el momento de la privatización parcial de Egevasa permitía esta fórmula de gestión directa no solo en firmas públicas sino también mixtas, y defiende que la entrada del socio privado se hizo mediante una licitación donde se incluían estos convenios. También insiste en que un convenio entre administraciones no puede ser anulado unilateralmente por una de las partes y rechaza igualmente que deban entenderse como "contratos de servicios" sujetos a un plazo máximo de cuatro años, como defendía Aqlara.

Para el secretario, su objeto no era prestar un servicio a los ayuntamientos como clientes sino asumir la construcción y explotación de las infraestructuras en beneficio de los vecinos, lo que encajaría en las fórmulas de cooperación local previstas en la legislación. La propuesta de resolución debe remitirse ahora, junto con todas las alegaciones presentadas, al CJC, cuyo dictamen es preceptivo antes de que la Diputación adopte una resolución definitiva.

La batalla por las depuradoras lleva viva años y la justicia ya ha dictaminado la nulidad de algunos convenios como el de la estación de Ontinyent, donde el TSJCV sentenció que la Diputación había optado por "no resolver" el convenio y "continuar con una situación de manifiesta ilegalidad" conscientemente. Un fallo que se extendió a otros casos como las instalaciones de Canet o Casinos.

En este caso, las depuradoras objeto de la disputa se encuentran en Losa del Obispo, Gestalgar, Alfauir, Bèlgida, Calles, Algar de Palància, Sellent, Cotes, Titaguas, Noveltlé, Llocnou, Benicolet, Gàtova, Montixelvo, Aras de Alpuente, Domeño, Dos Aguas, Salem, Higueruelas, Godelleta, Tous, Vallanca, Casas Altas, Casas Bajas, Requena (pedanías de Hortunas y la Portera), Cofrentes, Cortes de Pallás, Calles, Buñol y Vallés.

Choque interno en la Diputación

El caso ha generado tensiones internas en la Diputación. No hay que olvidar que una sentencia que adquirió vigencia en abril de 2024 es la que obligó a la administración provincial a estudiar la solicitud de revisión de oficio presentada por la mercantil privada. Sin embargo, pasados más de dos años, la corporación no ha tomado ninguna decisión, hasta el punto de que una de las empresas había pedido medidas cautelares por la falta de ejecución que podrían traducirse en una multa contra el propio presidente de la Diputación, Vicente Mompó. En el gabinete del presidente, sin embargo, insistían en que era el propio secretario al que le correspondía encontrar una solución a este entuerto jurídico que data de hace casi tres décadas.

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