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Entidades sociales tildan de "bulo" el pacto de PP y Vox para excluir de las ayudas a personas sin papeles: "No tienen acceso a la mayoría de prestaciones"

Varias organizaciones especializadas reprochan que estos partidos "instalen la falsa idea de que las personas migrantes viven de las ayudas" cuando no perciben ni la renta valenciana de inclusión

Colas por el comienzo del proceso de regularización en el Ayuntamiento de València

Colas por el comienzo del proceso de regularización en el Ayuntamiento de València / MÓNICA ROS

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Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

PP y Vox han pactado excluir a las personas en situación irregular de las ayudas sociales que asigna la Generalitat. Este cambio legal, incorporado a través de una enmienda a la ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2026, da a entender que actualmente estas personas sin papeles pueden acceder con normalidad a prestaciones públicas y que incluso tienen preferencia, una idea que agita Vox y que subyace en ese principio de "prioridad nacional" que ha impuesto al PP. Sin embargo, varias organizaciones sociales consultadas por Levante-EMV niegan la mayor y lamentan que se trasladen "bulos" a la sociedad que "alimentan los prejuicios, desconfianza y rechazo" hacia las personas migrantes.

"Las personas en situación irregular no acceden a prestaciones públicas en este país", sostiene Mercedes Ena, coordinadora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la Comunitat Valenciana. La responsable apunta que una persona que no dispone de papeles en regla apenas tiene derecho a escolarizar a sus hijos y a acceder a la Sanidad. No pueden, salvo en casos puntuales, ni siquiera acceder a las prestaciones diseñadas para las personas más vulnerables, como son el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Valenciana de Inclusión (RVI).

Esta situación la confirman también otras entidades como Jovesólides y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), incluidas en la plataforma 'València pels Drets de les persones immigrades'. Boutaina El Hadri, generente de la primera y vicepresidenta del Consejo Valenciano de Migraciones, también señala que "con carácter general" estas personas en situación irregular "no tienen acceso ni a la RVI, ni al IMV ni a la mayoría de prestaciones económicas". Y alerta de los riesgos de que desde la clase política "se instale la falsa idea de que las personas migrantes viven de las ayudas", lo que "alimenta prejuicios, desconfianza y rechazo" hacia este colectivo.

La regularización como ejemplo

El Hadri insiste en que "la inmensa mayoría" de personas que migran "no dejan su país, su familia y su vida por una prestación", sino que buscan "una oportunidad para vivir con dignidad". Según sostiene, este es el principal motivo del éxito que ha tenido el reciente proceso de regularización impulsado por el Gobierno (al que se han adherido más de 167.000 personas en la C. Valenciana): "No porque abra la puerta a las ayudas, sino porque abre la puerta al empleo formal, a cotizar, a pagar impuestos y a ejercer derechos y obligaciones como cualquiera".

La directora del Servicio Jesuita a Migrantes, Cecilia Villarroel, también confirma las dificultades de solicitar ayudas públicas sin disponer de documentación en regla y denuncia los riesgos asociados a otra de las enmiendas pactadas entre PP y Vox: el endurecimiento de los criterios de residencia para acceder a la RVI, que pasan de los 15 meses actuales a 3 años.

Un período "larguísimo" para Villarroel, que destaca que es un tiempo en el que esas personas no pueden pensar en la inserción sino en la "pura supervivencia". "La renta de inclusión es una parte sustancial para que puedan ver algo de luz y pensar en algo más", subraya la responsable. Desde Jovesólides, El Hadri coincide: "Este cambio golpea justo en el momento más difícil, los primeros años. Duplican la espera dejando a muchas personas sin ese apoyo en su periodo de máxima vulnerabilidad".

En algunas de estas organizaciones hay temor a los efectos que pueda generar ese cambio normativo en la ayuda que perciben las personas más vulnerables. Consideran que puede derivar en más papeleo y, en consecuencia, provocar que algunas personas desistan por el camino y renuncien a solicitar la prestación. E incluso que los nuevos plazos exigidos, de tres años de padrón consecutivos, puedan excluir de la renta de inclusión a una parte importante de esas decenas de miles de personas que se han regularizado estas últimas semanas en la C. Valenciana, incluso a las que lo hicieron tras la dana.

"No es lo que dice el papa"

Las tres dirigentes consultadas lamentan que proliferen estos discursos "plagados de bulos y mentiras" que, pese a todo, "van calando poco a poco" en la sociedad, según Villarroel. El Hadri también se declara "preocupada" por el avance de estas posiciones, sobre todo que sea el PP quien "esté asumiendo parte de ese marco discursivo" de la ultraderecha, ya que dota a ese mensaje de "una legitimidad mucho mayor".

El endurecimiento del discurso de PP y Vox no desapercibido para la organización de los Jesuitas. Su directora les recuerda que las políticas que vienen pactando "no es lo que dice el papa" León XIV, que en su reciente visita a España hizo múltiples llamamientos a la solidaridad y el acogimiento. "No es el mensaje. Quien cree en Dios debe defender su mensaje de verddera compasión. Se necesita dejar la ideología a un lado y recordar que el prójimo es igual a nosotros", apunta Villarroel.

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