El Gobierno abre una grieta en el bloqueo del PP a la nueva financiación que Llorca sigue rechazando

El Ministerio de Hacienda que preside el valenciano Arcadi España ha abierto este lunes una grieta en el granítico frente común que plantean las comunidades autónomas del PP a la propuesta de nuevo modelo de financiación del Gobierno de España. Pese a que el texto, conocido hace unas semanas en su versión íntegra, favorece de forma nítida los intereses de la Comunitat Valenciana, el Consell de Juanfran Pérez Llorca se ha mantenido en el 'no'.

Pese a todo, el Ejecutivo central se ha asegurado en una última reunión el apoyo del Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, pero en un gobierno que tiene como socio al PP, que en el resto de España se opone. Canarias votará a favor de la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La decisión del Ejecutivo canario despeja la primera prueba política del nuevo modelo y permite al Ministerio de Hacienda afrontar la reunión con los apoyos necesarios para obtener el visto bueno del órgano en el que están representados el Estado y las comunidades de régimen común. La Generalitat de Catalunya también ha anunciado que votará a favor. La reforma del modelo, de hecho, parte de una negociación con Cataluña.

Mientras tanto, el jefe del Consell ha rechazado incluso hacerse la foto con el ministro en una reunión de este tipo. Sí hubo un encuentro bilateral semanas atrás, en el Palau de la Generalitat, pero destinado a abordar diferentes asuntos, y no monotemático sobre financiación. España ha estado presionando insistentemente a Llorca y al resto de barones, para que antepongan los intereses de sus territorios a los de partido.

El siguiente paso del periplo del nuevo modelo será en la reunión del CPFF de este miércoles. La aritmética de este órgano favorece al Ejecutivo central. Hacienda dispone del 50% de los votos y necesita que al menos una comunidad apoye la propuesta. Hasta ahora se daba por seguro el respaldo de Cataluña, único territorio que había avalado el planteamiento inicial presentado en enero. La incorporación de Canarias refuerza la posición del Gobierno y evita que la reforma dependa de un único apoyo autonómico.

La reunión del miércoles estará presidida por el ministro de Hacienda, Arcadi España, y no supondrá la aprobación definitiva del nuevo sistema. Sí constituye un trámite necesario para elevar el texto al Consejo de Ministros después del verano y enviarlo posteriormente al Congreso. Hacienda pretende completar la tramitación antes de que termine 2026 para que el modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Tras el previsible aval del CPFF, la verdadera batalla se trasladará al Congreso. La modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas exige mayoría absoluta, un respaldo que el Gobierno aún no tiene garantizado. El voto de Canarias permite a Hacienda cerrar el curso político con un avance relevante, pero no resuelve la fragmentación parlamentaria ni las profundas diferencias territoriales que han mantenido bloqueada durante más de una década la renovación del sistema. Pese al previsible voto favorable de ERC, el Ejecutivo no cuenta todavía con los votos de Junts.

Negativa a negociar

En la reunión de este lunes celebrada en Canarias, el presidente Clavijo se ha referido a los meses de intensa negociación y al éxito de situar a los canarios en la media de la financiación autonómica. Es un escenario que el titular de la Generalitat Valenciana no ha querido contemplar, bajo el argumento de que el nuevo modelo se debe arbitrar en fotos multilaterales.

La cuestión es que el texto de partida ya supone 3.669 millones más al año para las arcas autonómicas valencianas, para situarla prácticamente en la media tras dos décadas en la cola de la financiación. Además, agentes sociales, entidades como el IVIE y 'lobbies' económicos como la asociación de grandes empresarios AVE han instado a Llorca a negociar y a mejorar los aspectos que se consideran lesivos para los intereses valencianos a pesar de la mejoría que todos señalan.

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