PP y Vox blindan su alianza antes del curso electoral con una reforma fiscal y más medidas contra migrantes

PP y Vox se van de vacaciones entre aplausos, apretones de manos y la rúbrica del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana como ejemplo de su alianza. Las Corts celebró este viernes su último pleno del año parlamentario, alargado hasta rozar agosto, y como si se tratara del festival de fin de curso, populares y voxistas hicieron de este una exhibición de su entente, la que se ha mantenido como una constante durante toda la legislatura pese a la salida del partido de Santiago Abascal del Consell y en el que la dana, el crecimiento electoral en otras autonomías y la sustitución de Carlos Mazón por Juanfran Pérez Llorca solo ha provocado un mayor influjo de los segundos sobre los primeros, sin que esto suponga ningún traspiés a la hora decisiva. Falta ver si esa tónica se mantiene en septiembre.

Las previsiones se cumplieron en el Palau dels Borja y con los diputados del PP y los representantes del Consell (incluido el president Juanfran Pérez Llorca) puestos en pie y los de Vox aplaudiendo desde sus escaños, populares y voxistas aprobaron la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Ordenación de la Generalitat, la conocida como ley de Acompañamiento, poniendo la guinda con una coincidencia total al acuerdo de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, validados nueve días atrás en el mismo hemiciclo.

La mayoría que conforman populares y voxistas en las Corts se impuso al rechazo de PSPV y Compromís y mostró lo engrasada que está su relación a menos de un año de las elecciones. Para muestra del nivel de complicidad, la exposición hecha por el presidente de la Comisión de Hacienda, el socialista Toni Gaspar, que resumió la relación de enmiendas presentadas y su resultado en la votación. "Grupo Popular: 32 enmiendas presentadas, 8 aproximadas con Vox; aprobadas todas menos una. Grupo Vox Corts Valencianes: 47 enmiendas presentadas, 8 aproximadas con el Grupo Popular, todas aprobadas", leyó Gaspar que lo contrapuso con las 116 presentadas por Compromís o las 75 por el PSPV de las que ha habido "cero aprobadas".

Y esa única que quedaba sin aprobar del PP perdió esa condición excepcional en la votación definitiva en el hemiciclo. Así, si Vox rechazó el lunes en el debate de la comisión habilitar una vía especial para acceder a la cúpula de la Policía Local de València, una reclamación de los 'populares' y en concreto de María José Catalá, alcaldesa del Cap i Casal; el viernes, en el pleno, tras la mediación directa de Presidencia, sí la apoyó con una enmienda firmada por los dos partidos que abre también reserva de plazas en los cuerpos municipales para militares profesionales y que se asuma su antigüedad en el sueldo.

Esta fue la última de las medidas incorporadas a un cajón de sastre normativo que complementa a los presupuestos y que cuenta con una clara impronta de la formación de ultraderecha y su discurso antimigratorio. Entre estas está la prohibición del uso del burka en espacios públicos o el veto al menú halal en colegios, exigencias voxistas; aunque sin duda, la más destacada por el salto que supone es la aplicación del término "prioridad nacional" que ya fue incorporado a las cuentas y que aterriza en varios cambios legislativos como la Renta Valenciana de Inclusión, donde se exigirán a partir de ahora tres años de empadronamiento para recibir a la ayuda.

Mirada a las urnas

"Hoy comienza una nueva etapa, la prioridad nacional deja de ser una propuesta para ser un principio con reflejo al ordenamiento jurídico", ha expresado en este sentido el síndic de Vox, José María Llanos, "satisfecho" con la aprobación de la norma, aunque advirtiendo que ahora se trata de aterrizar el concepto a "cada reglamento". Será el nuevo foco de la ultraderecha con la incógnita de cuál será la relación en los próximos meses, sin grandes proyectos legislativos a la vista y con la cuenta atrás hacia las elecciones ya activada. La satisfacción de los voxistas es la que el portavoz del PSPV, José Muñoz, le reprochó a los 'populares': "Están introduciendo un término racista, levanten la voz y reaccionen", al tiempo que afeó al Ejecutivo autonómico ser "el laboratorio de la extrema derecha normativizando sus principios".

El debate fue, como es habitual, acalorado, y hasta con toques electoralistas visto el camino cada vez más corto hacia las urnas. "Este laboratorio de la extrema derecha será también el primero en el que les mandemos a la calle", ha añadido Muñoz. "Hay esperanza y más pronto que tarde habrá un gobierno a la altura del pueblo; el futuro es nuestro y es en 2027", ha sentenciado por su parte Joan Baldoví, síndic de Compromís, que ha afeado al PP haberse dejado "la última gota de dignidad que les quedaba en esta ley".

Del término prioridad nacional ha huido el PP que, sin embargo, ha celebrado otras medidas como la reforma para mejorar la adjudicación de viviendas públicas o la bajada en el IRPF, asegurando que beneficia a las "rentas medias y bajas", si bien, el mayor descenso lo contemplan los salarios de más de 100.000 euros. Aunque más que en cuestiones concretas, los populares festejan haber sacado adelante los presupuestos y la norma que le acompaña contraponiéndose con el Gobierno central y Pedro Sánchez.

"Frente a un Gobierno central incapaz de pactar con nadie en cuatro años, nosotros sí somos capaces de llegar a acuerdos", ha reivindicado el síndic del PPCV, Fernando Pastor, que ha mostrado su confianza en que esta buena relación no se termine aquí sino que continúe el próximo curso. No obstante, no parece que vaya a ser muy necesario, al menos, hasta después de elecciones ya que no hay grandes normas a la vista por debatir. Mucho menos, unos nuevos presupuestos que se dan ya por seguro que no habrá hasta que se determine el nuevo reparto de equilibrios, votación de la ciudadanía mediante.

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