Del chalet de Zaplana en Calp al ático frustrado de Ayuso: el polémico patrimonio inmobiliario público de los políticos

Hay decisiones en política tan alejadas de la realidad que son rectificadas antes incluso de poder ser explicadas con claridad. El último ejemplo se ha dado en la Comunidad de Madrid, donde el gobierno regional adquirió en abril un ático de lujo en el lujoso barrio de Chamberí. Supuestamente iba a ejercer de despacho de Isabel Díaz Ayuso durante una reforma en las oficinas de la Presidencia.

Más tarde se explicó que sería una zona también para otros consejeros. Finalmente, antes de terminar de aclarar la operación, se ha decidido ponerlo en venta con el pretexto de recaudar fondos tras los incendios de Madrid ya que el uso del inmueble es residencial, no de oficina. Todo eso en 24 horas desde que se ha desvelado la adquisición inmobiliaria.

Luego, hay otras decisiones tan alejadas de la realidad que parecen increíbles incluso 27 años después. El ático-despacho de Ayuso ha recordado a otra controvertida operación inmobiliaria que tuvo lugar en la Comunitat Valenciana, en la fase megalómana de los gobiernos del PPCV. Corría 1999 y bajo mandato de Eduardo Zaplana se adquirió el famoso chalé del Penyal d’Ifac en Calp. Fue comprado con el pretexto de convertirlo en “residencia para ilustres visitantes” a la Comunitat Valenciana.

El chalé, de 730 metros cuadrados en una parcela de 6.456 m², forma parte del parque natural del Penyal d’Ifac y parece que no vio a más ilustre visitante que el exchófer de Zaplana y su mujer, convertidos en caseros. La justicia tumbó la contratación. Se construyó una pista de pádel y se reformó la piscina. La inversión, entre adquisición y reforma, fue de 4,6 millones. Luego se anunció que se convertiría en sede del CdT de Benidorm. Ocurrió que se cerró y se abandonó. Y, más tarde, acudieron los okupas.

Tras mucho tiempo de abandono, la Conselleria de Medio Ambiente lo recuperó en 2023 con intención de darle un sentido acorde a su entorno, restaurándolo para ser un museo, ya que está a 25 metros de un yacimiento medieval.

A principio de este mandato, el museo arqueológico de Alicante (MARQ) y el Ayuntamiento de Calp pidieron a la Generalitat la cesión de la antigua casa de huéspedes. Los vestigios hallados en las sucesivas excavaciones se exhibirían en un museo que se hallaría justo en la entrada al Penyal. El MARQ contaba incluso con una dotación de un millón de euros para rehabilitar el chalé y crear los espacios museográficos.

El concejal de Cultura de Calp, Guillermo Sendra, señala a Levante-EMV que es un proyecto fantástico que recuperaba para uso público de un edificio que nunca lo ha tenido pese a ser propiedad de la Generalitat Valenciana. Pero todo sigue sobre el papel. El Consell no responde. “El MARQ y el ayuntamiento van de la mano y comparten interés por dar un uso cultural y público a este edificio. Pero la cesión, que, en principio, sería por diez años, no llega y la Generalitat continúa manteniendo cerrado y abandonado un chalé de oscuro pasado y que podría redimirse con esa función de museo abierto a todos”, lamenta.

De Hacienda a la diputación

Con aquella controvertida operación en el recuerdo y volviendo a la cuestión de las residencias públicas para políticos, en la Comunitat Valenciana no hay casos conocidos de residencias orientadas al uso de los políticos o funcionarios. Sí que las hubo en otro tiempo. El antiguo edificio de Hacienda de Valencia, cuya titularidad acaban de recibir la diputación y el ayuntamiento, cuenta con dos lujosos apartamentos en su última planta que estaban destinadas al delegado y al subdelegado. También la había para el portero en la Diputación de Valencia décadas atrás. Es una herencia de otra época. Como ocurre en las sedes de los ministerios en Madrid, donde sigue habiendo algunas ocupadas por sus titulares.

El intento de residencia en las Corts

Sí que hubo un intento de edificar una residencia oficial. Y levantó una enorme polvareda. El presidente de las Corts en los ochenta y hasta 1995, el histórico socialista alicantino García Miralles, residía en un piso alquilado por la cámara en la zona noble de València. Pero coincidiendo con la expansión del complejo parlamentario, en los 90 planteó construir una vivienda para el presidente. Iría en un solar la calle Salvador. Su sucesor, Vicente González Lizondo, de Unió Valenciana, mantuvo el impulso para ese proyecto, pero terminó por decaer. Hoy ese solar está vacío y sigue siendo un problema para los vecinos, tomado por las ratas.

Lo cierto es que la Generalitat cuenta con un ingente patrimonio construido a lo largo de las décadas y también heredado de ciudadanos que fallecer sin legar: son oficinas, suelos rústicas, naves…. Y también algunas propiedades inmobiliarias. En Madrid hubo una sede de la Generalitat. Pero no hay residencias oficiales. Lo único que ha habido es alguna polémica por la reforma de algún baño en palacios públicos ocupados por consellerias.

Otras comunidades cuentan con residencias para los titulares de la presidencia. En Extremadura hay una en Mérida; en Canarias también hay viviendas para el presidente en Santa Cruz y Las Palmas. La sede del gobierno asturiano tiene un apartamiento, como en Castilla-la Mancha.

El plus por residencia y el 'superplus' de Julio de España

Lo que sí que hay en la Comunitat Valenciana es una indemnización por residencia (el conocido como ‘plus del pisito’) del que gozan los altos cargos de la Generalitat y el sector público que viven lejos de València pero que tienen en la capital su puesto de trabajo. Es una medida que se implementó en torno a 1995. Según el Portal de Transparencia de la Generalitat, hoy disponen de este complemento salarial casi una cuarentena de altos cargos y va desde los 8.500 euros hasta los 9.900 euros, ya que este complemento va vinculado al nivel retributivo y en ningún caso puede superar el 14 %.

La mayoría de quienes lo perciben son directores generales, pero también hay secretarios autonómicos, dos consellers (José Antonio Rovira y Elena Albalat) y el 'president', Juanfran Pérez Llorca. Llorca no aparece en la web de GVAOberta donde se publicitan las retribuciones de 2026, pero en su ficha personal de la Generalitat sí que tiene asignada esta indemnización que en su caso se eleva hasta los 11.734 euros tras mudarse desde Finestrat. También percibían este extra sus predecesores, Carlos Mazón, quien compartía vivienda con su jefe de gabinete, y el socialista Ximo Puig.

Por su parte, los diputados en las Corts también tiene un suplemento en función de la distancia: indemnización por ejercicio de la función, que se mide en función de la distancia. Fuera de categoría aparece un escándalo que vivieron las Corts en su momento, cuando el entonces presidente, el popular Julio de España, aprobó para los miembros de la Mesa (aunque solo se benefició él) un complemento retributivo por residencia eventual para los miembros que vivieran a más de 100 kilómetros de Valencia.

Pero además, creo un complemento sobre ese complemento para compensar el impacto en el IRPF: suponían 3.377,19 euros al mes del momento (años 2003-07). Un triple salto que disparaba su salario por encima de los 150.000 euros.

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