Las Corts echa el telón a un curso de vértigo con PP y Vox más aferrados

En la primera gran cita del curso en las Corts, allá por el 25 de septiembre, rozando las 9 de la noche, Juanfran Pérez Llorca, entonces síndic del Grupo Popular, cerraba su intervención dirigiéndose a Carlos Mazón, entonces president de la Generalitat. "Continúe así, tiene estabilidad parlamentaria y el compromiso del PP", le dijo. Diez meses, 18 plenos y una sesión de investidura después es Llorca el que se sienta en el primer escaño azul tras suceder a un Mazón que le escucha desde la última fila del hemiciclo, un cambio de asientos que se ha erigido en el principal símbolo de un año parlamentario de vértigo que echó el telón el viernes y en el que se ha mantenido una constante para los 'populares': la alianza con Vox, a quien las sacudidas, lejos de distanciarlos, les ha unido más.

Los 53 diputados que suman la bancada 'popular' y la voxista, 40 de los primeros y 13 de los segundos, han sido el principal catalizador de mociones, leyes y decretos-ley del Consell (donde casi siempre han podido dejar su sello los de Santiago Abascal) y un muro infranqueable para casi cualquier reclamación planteada por PSPV y Compromís. Si hay quien cuando llega la caída en una montaña rusa levanta las manos para dejarse ir, los hay también que prefieren aferrarse a la barandilla de seguridad. Así han actuado PP y Vox en las Corts, exhibiendo una unidad durante todo el curso muy distinta a la vista en otras autonomías, donde las discrepancias han acabado forzando elecciones como Extremadura y Aragón.

La relación, más que con palabras, se muestra en la pantalla de votaciones donde las discrepancias entre ambas formaciones han sido más bien anecdóticas. Con una de ellas empezaron el curso en las peticiones de Vox sobre inmigración en el Debate de Política General. Aquello parece lejos y algunas de las exigencias del partido de ultraderecha han acabado plasmadas en los Presupuestos y la ley de Acompañamiento con la que se ha puesto la guinda al año parlamentario. De hecho, las últimas horas han podido ser una metáfora de la relación y si el lunes los populares veían cómo se quedaban solos con su enmienda para habilitar un régimen especial de entrada a la cúpula de la Policía València; 72 horas después, PP y Vox presentaban el mismo texto firmado juntos.

Bajo esa entente, populares y voxistas han sacado adelante las cuentas anuales (aprobadas tras más de la mitad del ejercicio) y su 'complemento' en la ley de Medidas Fiscales así como ocho decretos-ley planteados por el Consell y otras cinco leyes, si bien, y pese a ser el curso que más se ha alargado hasta rozar agosto, tres de ellas han tenido poca carga política: la disolución del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes; la creación del Colegio de Economistas y una ley para regular el acceso del perro de asistencia a personas con discapacidad.

Las víctimas de la dana

Sí que han tenido más miga el segundo proyecto de simplificación administrativa, erigido como la primera gran norma de Llorca en un ómnibus con más de 70 leyes cambiadas, y la reforma de la Renta Valenciana de Inclusión. No en vano, su remodelació es más que simbólica. La prestación fue impulsada por Mónica Oltra en 2017 y el Consell la decidió reformular con una nueva ley hecha ex profeso. Tras varios meses en el cajón, logró pactar con Vox algunos cambios como endurecer las condiciones de acceso a esta prestación a las personas migrantes al pedir 15 meses de empadronamiento. En la ley de Acompañamiento, este periodo se ha aumentado a tres años y se ha incorporado la "prioridad nacional", una muestra del influjo voxista.

Pero más allá de en las leyes o en el cambio de president, donde Vox también ha evidenciado su sintonía con el PP ha sido en la comisión de investigación de la dana. Ambos partidos decidieron cerrarla el pasado 27 de mayo, tras poco más de un año de funcionamiento, con solo una docena de sesiones celebradas, tres de ellas sin comparecientes, entre numerosos parones pese a las reiteradas solicitudes de reunión; con más lecciones magistrales sobre ingeniería hidráulica que explicaciones políticas (han pasado 13 técnicos por los cinco cargos de la Generalitat) y sin que intervenga ninguno de los responsables que estuvo en las horas decisivas del Cecopi.

Y aunque relativamente breve, su desarrollo ha dejado la participación de las asociaciones de las víctimas de la dana, "de todas", remarcaron PP y Vox, incluyendo a algunas entidades conspiracionistas o incluso a un youtuber personado (hasta hace unas semanas) en la causa. Aunque antes de hablar ante los micrófonos oficiales de la cámara, las representantes de las organizaciones mayoritarias ya habían acudido antes al pleno que abandonaron mientras hablaba Mazón, otro nombre propio del curso en el que se han mirado con lupa sus presencias y ausencias como diputado raso.

Otros nombres

La dana no ha sido la única investigación abierta en la cámara. La otra destacada, y que todavía está en marcha, es la de la adjudicación de vivienda pública en el residencia de Les Naus en Alicante. En esta será interesante ver el comportamiento de Vox, que ya se ha desmarcado del PP en alguna ocasión forzando explicaciones al Consell. Será uno de los puntos donde fijarse ante lo que viene, el último curso antes de elecciones, ese que el Consell suele aprovechar para exprimir al máximo sus proyectos pendientes y en el que llegar a acuerdos sube dos o tres peldaños de dificultad.

Hacia esa cita mira con expectativa la izquierda que lejos de darse pisotones en una competición por la labor de oposición (que la hay), PSPV y Compromís han mostrado cierta colaboración. En sus filas el curso ha sido más tranquilo, José Muñoz y Joan Baldoví se han mantenido como síndics, cargo que estrenó Fernando Pastor en el PP, si bien, en los socialistas ha habido reestructuración con la salida de Toni Gaspar de la dirección del grupo donde ha entrado Mayte García y la marcha de una diputada, Sonia Borruey, sustituida por Raquel Cámara. En el lado valencianista, el curso fue el de la detención de Juan Bordera en Israel durante la Flotilla a Gaza y el ascenso en Iniciativa de Carles Esteve.

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