Más de 3.600 personas pierden una parte de la ayuda al alquiler al no justificar los pagos

La filosofía de Ortega y Gasset con el "yo soy yo y mis circunstancias" llega a la Administración con las condiciones que envuelven a cada individuo, que determinan si se acepta o no la conceción de una prestación pública. Y si estas cambian, la posibilidad de recibirla también lo hace, algo que saben de primera mano más de 3.500 personas en la Comunitat Valenciana que han perdido su derecho a percibir una ayuda al alquiler que ya tenían concedida y que estaban recibiendo hasta la fecha, pero sobre la que la falta de justificación ha acabado por frenar.

Así consta en hasta cinco resoluciones distintas publicadas este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el que la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Igualdad y Juventud declara "la pérdida del derecho al cobro" de aquellas "cantidades concedidas, no justificadas" por parte de sus beneficiarios. En total, son 3.631 personas a las que se les había concedido una ayuda dentro del 'Programa de ayudas al alquiler de viviendas del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025', gestionadas por el Ministerio de Vivienda y la Generalitat.

En concreto, estas 3.631 personas estaban recibiendo ayudas dentro del paquete de subvenciones de los ejercicios de 2023 y 2024. De estas, con dos convocatorias distintas, habían sido beneficiarias 13.698 personas por un valor total de 41,8 millones de euros de los que el Gobierno central ha aportado 23,3 millones y el Consell los 18,5 restantes. No obstante, de este montante global, 2,76 millones, cerca del 5 %, se quedarán sin abonar, quedándose en las cuentas de las administraciones convocantes en una proporción similar al reparto del gasto previsto: casi 2 millones se mantendrán en el ministerio y 700.000 euros en la Generalitat.

Según consta en el listado publicado en el DOGV, las cuantías a minorar son variadas y van desde algunas prácticamente irriorias como 11 euros a quienes sí que tienen una pérdida casi equivalente al total de la ayuda, al superar los 3.000 euros. La media afectada sería de unos 750 euros de mengua, frente a una media de 3.050 euros de las ayudas otorgadas en las resoluciones de entre agosto y diciembre de 2024.

Las bases para esta ayuda señalan que el pago se realizará "de forma periódica, previa aportación de los justificantes de pago de la renta de arrendamiento". En este sentido, la orden del DOGV agrega que se haría un primer pago "en el momento de la concesión de la ayuda equivalente a las mensualidades de alquiler de la vivienda o habitación que se correspondan con los justificantes bancarios o recibos acreditativos del pago hasta el momento de la concesión", mientras que habilitaba siguientes intervalos temporales para ir presentando estos justificantes. También para solicitar el segundo año, para el que se incide que será "necesario que se sigan manteniendo las circunstancias y requisitos exigidos en las bases reguladoras que permitieron el acceso a la ayuda". Asimismo, la Generalitat advierte que se podrá minorar la ayuda si coinciden otras prestaciones.

El 50 % del alquiler

Entre los requisitos que marcan la concesión de la ayuda está no superar un umbral de renta, entre tres veces para casos generales (unos 24.000 euros anuales) y cinco en casos particulares (hasta 40.000 euros), o que el coste de la vivienda no superase unos límites: por ejemplo, los 770 euros al mes por una vivienda entera en València o los 300 por una habitación; los 680 en Castellón y Alicante por la vivienda completa o los 300 por una habitación o los 550 por la casa entera o 200 por una habitación en localidades como l'Eliana, Bétera o Riba-roja del Túria. Con la ayuda se podía financiar entre el 40 y el 50 % del alquiler.

Fuentes de la conselleria, encargada última de la adjudicación de esta prestación, remarcan que no se trata de dinero que la gente tenga que devolver, sino cuantías que se quedarán sin otorgar, pero lo enmarcan dentro de la normalidad de la gestión de una ayuda. Es más, explican (en una forma de reivindicar su labor previa) que de esta prestación se habían concedido todas las que fueron solicitadas después de dos ampliaciones de presupuesto, lo que supuso llegar a muchísima gente que, tras un primer registro, puede haber ido cambiando sus condiciones y circunstancias.

La situación, insisten, no es nueva ni dependiente de decisión alguna del Consell y apuntan al mismo DOGV, unos días antes, cuando se firmó la "pérdida del derecho de cobro" del Bono Alquiler Joven cuyas bases fueron elaboradas por el Botànic e incluso las primeras resoluciones llegaron todavía con la izquierda en el gobierno autonómico. Este bono, que llegó a casi 11.000 jóvenes, ha tenido una minoración para 3.700 de estos beneficiarios por estos mimos motivos de falta de justificación, un dinero que ahora queda bloqueado, como remanente.

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