Feijóo impone al Consell la acogida de menores de Ceuta tras el amago de rebeldía

Habrá choque político pero no habrá declaración en rebeldía. Tras el primer encontronazo del martes, cuando el Consell de Pérez Llorca cuestionó la política de reparto de migrantes con que presumiblemente se resolverá la crisis por el salto masivo desde Marruecos a Ceuta, la dirección nacional del PP ha unificado el criterio y lanza un mensaje claro a sus territorios: "El PP va a cumplir la ley".

De esta manera se pronunció la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, sobre la distribución en la península de los mil menores no acompañados que se han quedado en la ciudad autónoma tras la llegada de decenas de miles de personas la semana pasada, la mayoría de las cuales ha regresado a Marruecos.

Ceuta, como recientemente Canarias (ambas con el PP en sus gobiernos), se enfrenta a un problema, y el PP asume a regañadientes la necesaria solidaridad del resto de comunidades autónomas, donde también es la fuerza dominante. Eso sí, en caso de producirse, el reparto tendrá que ser "justo, bien dotado y planificado".

Aunque el Consell no se ha manifestado abiertamente contra la recepción de menores no acompañados en esta crisis, sí se trata de una exigencia de su socio, Vox, que ya rompió el pacto de gobierno en 2024 por este tema y ha condicionado su apoyo a los presupuestos recientemente aprobados a la inclusión de medidas como la prioridad nacional.

El PPCV va a tener que encontrar el equilibrio entre sus acciones y sus palabras. Su socio de investidura, Vox, el que sigue dando estabilidad al Consell de Pérez Llorca, ha salido en tromba contra el nuevo escenario. En aquellos gobiernos autonómicos en los que participa, como el de Andalucía, Extremadura o Castilla y León, este miércoles advertía de que aplicarán sus competencias y recursos jurídicos y políticos para "oponerse frontalmente" a un nuevo reparto de menores migrantes. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ya ha advertido de que si las comunidades se niegan a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta, "entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de Menores".

En la Comunitat Valenciana, donde Vox abandonó el Consell en 2024 precisamente por la cuestión migratoria y no ha regresado, el partido de Abascal tiene poco con lo que amenazar, sobre todo ahora, cuando la legislatura virtualmente ha terminado tras aprobar los presupuestos de la Generalitat que han permitido a Llorca presentar un proyecto político. El síndic en las Corts, José María Llanos, se ha mostrado muy críticos en redes sociales con el hipotético reparto. Habrá que ver en qué se traduce.

"Al borde del colapso"

Habrá reparto, pero también confrontación política. La Conselleria de Servicios Sociales insistía este miércoles en que el sistema de acogida está "al borde del colapso", con los centros al 160% de capacidad. Son 600 los menores no acompañados que residen ahora mismo bajo tutela pública en la C. Valenciana.

La autonomía ha recibido en el último año a 265 menores extranjeros no acompañados en virtud de la aplicación de la normativa del Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno. Todavía faltan por incorporarse más de 200 ya adjudicados por el Gobierno central y los que pudieran añadirse ante la última crisis en Ceuta. Son en torno a mil los menores que continúan en la ciudad autónoma.

Capacidad para 1.903 menores

El futuro reparto estará basado en el real decreto-ley que impulsó el Ministerio de Juventud e Infancia hace más de un año y en el que fijó la capacidad ordinaria de acogimiento de la Comunitat Valenciana en algo más de 1.767, una cifra que un año después, en marzo de 2026, ampliaría hasta las 1.903. Aún falta para cubrir esa cuota. El Gobierno adjudicó a este territorio la cuarta mayor cantidad. El Consell recurrió en los tribunales, como otras autonomías del PP.

A pesar de esta batalla legal y política, el Gobierno central anotó en esa primera tanda 487 menores no acompañados para la Comunitat Valenciana. De esa cantidad, ya están atendidos por la Generalitat Valenciana algo más de la mitad de los previstos, 265. Estos se suman a los que ya estaban bajo el auspicio de la administración valenciana, que además de los que adjudica el Estado, también recibe entradas por vía marítima (llegados en patera a las costas alicantinas). En total, y según la conselleria, actualmente atienden a más de 600 menores migrantes con los centros "al 160 %".

"Nadie en contacto"

A esta situación se refería este miércoles la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, como reproche al Gobierno. “El problema de los menores no acompañados es un problema de Estado y que ha causado el propio Gobierno de Pedro Sánchez. A estas horas nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros, ni hemos recibido comunicación sobre si va a haber reparto de menores de Ceuta ni cuando van a llegar”, ha expresado sin que ello suponga oponerse al futuro reparto.

En línea con la oposición mantenida desde hace dos años, la representante del Consell se refiere a la limitación de recursos. “La improvisación del Gobierno provoca que las comunidades tenemos los centros colapsados y que tengamos que actuar cuando nos lo dicen sin medios, ni financiación ni recursos”, añade. “Es falta de responsabilidad, improvisación, que no se tiene en cuenta a las comunidades autónomas, simplemente se les ordena lo que tienen que hacer con estos menores”.

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