El Consell deja la batalla judicial en el aire a la espera de que el Gobierno active el reparto de menores de Ceuta

Críticas en forma de declaraciones, sí; acatar la ley cuando se dé la situación, también; dar la batalla en los tribunales... eso aún no está claro. La Generalitat Valenciana no ha decidido todavía si recurrirá o no las futuribles órdenes del Gobierno de España para repartir a los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta la semana pasada y que podrían ser distribuidos en las autonomías peninsulares ante la imposibilidad del sistema de acogimiento de la ciudad ceutí de asumir su atención.

Una semana después de la crisis migratoria abierta en la frontera entre Ceuta y Marruecos, el Consell ha mantenido un tono crítico con el Gobierno central por su actuación durante las 36 horas en las que miles de personas cruzaron a nado a territorio español. Sin embargo, y a diferencia de la posición que están tomando otras comunidades gobernadas por el PP con Vox, todavía no manifiestan si acudirán a la justicia en caso de que el Gobierno central proceda al traslado de los menores que se encuentran sin sus familias en instalaciones ceutíes.

Así lo trasladan fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia que agregan que están esperando a que el Gobierno central se pronuncie sobre el futuro de estos menores para tomar alguna decisión al respecto. El PP ha asegurado que las autonomías cumplirán con la ley y acogerán a los menores, pero eso no impide posibles recursos judiciales.

Antes de activar esa vía, el Consell espera primero a ver qué hace el Ejecutivo central, que todavía no ha comunicado a las autonomías ninguna cifra ni si les trasladará a algunos de los menores que ahora atiende en Ceuta. Si bien, tanto el Ministerio de Juventud como el delegado del Gobierno en la ciudad autonóma han recordado que la ley obliga a las comunidades a acogerlos en caso de que así lo determine el Estado.

He ahí donde algunas comunidades como Aragón o Castilla y León, donde comparten gobiernos PP y Vox, ya han anunciado su oposición frontal al reparto dejando entrever que recurrirán ante los tribunales la decisión que adopte el Gobierno central. Esa decisión, de momento, no la comparten en el Consell que evita aclarar si acudirá o no a la justicia como sí hizo el año pasado tanto contra el Real Decreto-ley 2/2025 como contra el decreto que desarrollaba esta norma y donde se fijaba el reparto de 571 menores no acompañados para la Comunitat Valenciana.

A diferencia de Aragón, Castilla y León o Andalucía, Vox no forma parte del Ejecutivo autonómico valenciano, de ahí que su capacidad de presión es menor. Uno de sus portavoces a nivel estatal, el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo, aseguró que su partido llevará a cabo "todas las acciones judiciales que correspondan para perseguir a este Gobierno de España y para que pague por todos los incumplimientos que haga de la ley, por todos".

"Garantizar alojamiento digno"

Sin embargo, de momento, en la Comunitat Valenciana, fuentes de Servicios Sociales dejan la pelota primero en el tejado del Gobierno central que todavía no ha confirmado ni siquiera la cifra de menores no acompañados que está atendiendo en Ceuta ni cuántos deberían ser acogidos ni reubicados. De hecho, organizaciones de infancia y derechos humanos han reclamado al Ejecutivo central que garantice la protección de los menores migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos y que los identifique, escuche y evalúe individualmente antes de adoptar cualquier decisión sobre su futuro.

La Plataforma de Infancia (POI), una de las entidades que reivindicó estas medidas, explicó mediante un comunicado que ha enviado cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios ministros (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Defensa; y Juventud e Infancia) y al delegado del Gobierno en Ceuta. En estas cartas, varias organizaciones de Infancia pidieron que se sitúe el interés superior del menor en el centro de la respuesta a la llegada de niños y adolescentes migrantes a Ceuta y avisaron de que cualquier actuación debe ajustarse a las garantías previstas en la legislación nacional e internacional.

Las organizaciones subrayaron que todos los menores tienen derecho a la protección "con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o forma de llegada a España" y reclamaron garantizar alojamiento digno, alimentación, atención sanitaria, asistencia jurídica e interpretación cuando sea necesario. Asimismo, exigieron evaluaciones individualizadas para detectar posibles necesidades específicas de protección, incluyendo situaciones relacionadas con el asilo, la trata o la especial vulnerabilidad.

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