El caso Azud "pierde" una trama y media que afectaba al PSPV tras los últimos archivos acordados

Los últimos quince archivos acordados en el caso Azud por la jueza titular de la plaza 13 de instrucción del Tribunal de Instancia de València, Pepa Tarodo, conduce al archivo de "una trama y media" de las cuatro tramas investigadas en esta macrocausa de corrupción que comenzó a investigarse en 2017. El caso Azud ha llegado a tener alrededor de sesenta investigados. Una considerable cifra que se ha reducido en varias decisiones judiciales adoptadas por los investigadores en estos casi diez años de investigación. Habrá que esperar al escrito de acusación del Fiscal Anticorrupción del caso, Pablo Ponce, y al auto de la magistrada Pepa Tarodo que cerrará esta instrucción judicial. Aunque las primeras pesquisas se produjeron en 2016 cuando la Agencia Tributaria comenzó a indagar a la mercantil Corbín Abogados tras recibir un anónimo el 12 de enero de hace diez años. En la carta sin firma se aseguraba: «Hacienda somos todos, unos más que otros. Por eso pido que se revisen los ingresos de la familia Corbín Barberá, cuñado y negociador de Rita Barberá, ya que no cuadran sus posesiones. (...) A parte del gran gasto ordinario que llevan, amplían posesiones que producen vértigo a los normales que vivimos del sueldo en blanco»

Las averiguaciones de la Agencia Tributaria permitieron iniciar la investigación judicial a la empresa Corbín Abogados SL, propiedad de José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barbéra. Y tirando del hilo, los investigadores del caso Azud llegaron hasta el empresario Jaime Febrer, el exvicealcalde de València Alfonso Grau y el resto de investigados en esta macrocausa de corrupción que en sus inicios, afectaba al PP en València (l'Horta) y la localidad de Xixona (l'Alacantí). Pero también al PSPV. Según el cómputo realizado por Levante-EMV a fecha del 3 de abril de 2023 de las 57 personas investigadas en el caso Azud , un total de 37 personas estaban relacionados con el Partido Popular, otras diez con el PSPV y otras diez personas se podían considerar ambivalentes porque estarían implicadas en tramas que afectan a destacados miembros de los dos partidos.

En abril de 2023, el Partido Popular arremetía contra los socialistas y anunciaba que iba a solicitar la creación de dos comisiones de investigación en las Corts y el Congreso de los Diputados sobre el caso Azud. En el parlamento valenciano la entonces síndica popular Maria José Catalá (actual alcaldesa de València) solicitó la creación de una comisión de investigación sobre el “presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de proyectos urbanísticos y contratos públicos, investigados en el caso Azud, así como la posible financiación irregular del PSPV”. A través de una corrección de errores añadió la coletilla “o cualquier otro". Su homóloga en el Congreso y entonces secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también anunciaba el 29 de marzo de 2023 el registro de una iniciativa parlamentaria para la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE y de su organización en la Comunitat Valenciana: “los ya conocidos caso Azud o caso Acuamed, que ahora evolucionan al caso Ximo Puig”, aseguraba, en un intento de extender la sombra de la duda sobre los socialistas, a escasos meses de las elecciones y obviando que destacados responsables de su partido también estaban implicados en el caso Azud.

No se pudo investigar a los partidos

Cabe recordar que en el caso Azud ni al PP ni al PSPV se les ha podido investigar como partidos ya que los hechos investigados se remontaban a las elecciones de los años 2007 y 2008. El cambio del Código Penal que permite investigar a personas jurídicas sólo se puede aplicar a hechos posteriores a 2015. Tampoco se les ha podido acusar de delito electoral, porque éste estaría prescrito. De ahí que la acusación sólo se dirigía a personas concretas de ambos partidos por el presunto delito de cohecho. Y que, tras los autos dictados el pasado 30 de julio, se confirma que este delito está prescrito para algunos de los socialistas investigados en el caso Azud: el exsecretario de finanzas del PSPV, José María Cataluña; el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues y el consejero delegado de la empresa Aguas del Júcar SA de 2004 a 2008, José María Marugán.

Contrato del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó

De las cuatro tramas investigadas en el caso Azud, la que afectaba de lleno al PSPV era la relacionada con la adjudicación de los tramos en que se dividió el trasvase Júcar-Vinalopó y a la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE. En estas pesquisas es donde se investigaba a Cataluña, Moragues y Marugán. En concreto, se investigaba la adjudicación del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó, que se adjudicó a la mercantil Acciona en unión temporal de empresas con Construcciones Luján (a cuyo representante ya le archivaron la causa), además de la desaladora de Moncofa. Por estos hechos se imputó a ex altos cargos de Acciona, a responsables de las empresas públicas Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar y varios empresarios. También al exsecretario de finanzas del PSPV, José María Cataluña, a quien le encontraron en su dormitorio «el sobre que contenía la cantidad a abonar por las empresas adjudicatarias del tramo E, que suponía un mayor precio de la licitación», en palabras del Fiscal Anticorrupción del caso Azud. Por este contrato, el juez García-Castelló intentó sumar esta investigación al caso Acuamed, investigado en la Audiencia Nacional por el presunto desvío de fondos de la empresa pública, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en contratos adjudicados entre 2007 y 2014 (durante la etapa del Partido Popular), que aún está pendiente de juicio. En estos hechos también se incluyó la tramitación de la desaladora de Xixona, que no llegó a construirse.

Sobornos en campañas electorales

La investigación del caso Azud también determinó que el PSPV recibió un millón de euros en "b" para pagar productos de publicidad de las campañas de Joan Ignasi Pla, Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega, los cabezas de cartel valencianos en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, según concluyeron indiciariamente los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes también situaban al exsecretario de finanzas socialista, José María Cataluña, como el presunto coordinador de las mordidas que abonaron varios empresarios aquellos años. Todas estas pesquisas son las que decaen del caso Azud, según se desprende de los autos de archivo del 30 de julio, aunque será el auto que finiquite la instrucción y el escrito de acusación del Fiscal Anticorrupción, los que confirmarán al detalles. Y determinar, así, qué se excluye o se sigue incluyendo en esta macrocausa de corrupción. Por ejemplo los sobornos del PP de Xixona en la campaña electoral de 2007. Quiénes sí seguirán investigados en el caso Azud son José María Corbín, Alfonso Grau, los empresarios Jaime Febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando, además de los socialistas Rafael Rubio (exportavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València) y el jurista cercano al PSPV, José Luis Vera, entre otros.

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