La "prioridad nacional" que el Consell aceptó a Vox se oficializa con siete menciones en una ley del Botànic

Diecinueve y diez días después respectivamente de aprobarse en las Corts con los votos de PP y Vox los Presupuestos de la Generalitat para 2026 y la ley de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat entrarán este martes vigor. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este lunes ambas normas, con el mandato de que su aplicación será válida a partir del día siguiente, lo que, a su vez, dará rango de oficialidad a la expresión "prioridad nacional" que los representantes del Consell aceptaron a los voxistas como parte de sus exigencias y que podría abrir la puerta a futuros recursos judiciales de la izquierda.

El término, con sus diferentes interpretaciones incluso entre quienes lo han apoyado y que ha sido una de las reclamaciones estrella del partido de Santiago Abascal tanto en la Comunitat Valenciana como en las cuatro autonomías que han formado gobierno tras las elecciones entre diciembre y mayo, aparece reflejado en las dos normas aprobadas, si bien, en una (la de Presupuestos) es en la parte del anexo (43 veces), mientras que en la también conocida como ley de Acompañamiento sí tiene un impacto directo en la modificación del cuerpo legal, con lo que esto implica y ante lo que tanto el Gobierno central como Compromís plantean recursos de inconstitucionalidad.

En concreto, la expresión "prioridad nacional" entrará a formar parte de la ley de Servicios Sociales Inclusivos aprobada por el Botànic en 2019. El concepto aparece hasta siete veces citado en la norma introduciéndose en sendos artículos de esta. De hecho, lo hace incluso en el primero de los artículos, el que enmarca el objeto de la ley. "Promover el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante al territorio", señala como un nuevo apartado.

No es la única. También se incorpora dentro del artículo 5, el que habla del propio sistema público valenciano de servicios sociales. "El sistema público valenciano de servicios sociales orientará la planificación, gestión y asignación de sus prestaciones y servicios al principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante al territorio", expresa.

Más cambios

Si bien su introducción en la ley ya supone un paso de gigante en las exigencias que los voxistas le han arrancado al Consell, falta ver cómo se aplica. Para ello, en la propia ley se indica que el Consell "aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar las condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspiradas en el principio de prioridad nacional".

Y añade que este desarrollo reglamentario "contemplará, en todo caso, el establecimiento de un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; la vinculación del acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema, así como la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico".

No lleva las dos palabras bandera de Vox, pero la implementación de la ley de Acompañamiento también supondrá el cambio en la Renta Valenciana de Inclusión al endurecer sus condiciones de acceso de 15 a tres años para poder solicitarla, la prohibición de los menús halal en los comedores escolares o la sanción a quien lleve niqab en espacios públicos de la Generalitat. Además, también implica la supresión del Impuesto de Patrimonio para la riqueza de entre uno y dos millones así como una bajada en el IRPF que beneficiará especialmente a las rentas de más de 100.000 euros.

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