El PSPV denuncia el recorte de una cuarta parte de los puntos de encuentro de menores tutelados y sus familias

La red de Puntos de Encuento Familiar Judiciales, aquellos espacios en los que menores tutelados por la Generalitat (muchos de ellos en situación de vulnerabilidad) pueden relacionarse con sus entornos familiares), perderá a partir de noviembre centros en 10 municipios de la Comunitat Valenciana. Y si bien, se crearán otros tres en su lugar con un cambio de ubicación, esto supondrá la eliminación de siete de estas instalaciones respecto a los 28 que están en funcionamiento actualmente, un "recorte inhumano" según ha denunciado el PSPV.

Los socialistas valencianos, a través de la portavoz de Infancia y Adolescencia en las Corts, Romina del Rey, han cargado este lunes contra el Ejecutivo autonómico asegurando que esta eliminación de este tipo de centros supone “reducir la red de protección de la infancia y adolescencia de toda la Comunitat Valenciana, generando sufrimiento a las familias y poniendo en riesgo a los menores”.

La denuncia de la formación llega ante la resolución de la Conselleria de Servicios Sociales, publicada en el DOGV el 29 de julio, por la que se convoca la prestación del servicio de estos puntos de encuentro mediante concierto y se establece un nuevo mapa autonómico de los mismos. En esta, se pasa de 28 a 21 puntos con la eliminación de los centros en 10 municipios y la creación de tres en otras nuevas localidades.

En concreto, según se observa en la resolución del DOGV, desaparecen de la adjudicación para prestar los servicios en estos puntos los centros de Mislata, Manises, Paterna, Alfafar y Requena en la provincia de Valencia; los de Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, la Vila Joiosa y Villena en la de Alicante, y el de Vila-real en Castellón. En su lugar, se crean tres nuevos, en Benidorm, en Moncada y en Onda, lo que permite mantener el número en Castellón (3), pero reduce en cuatro y tres respectivamente, de 15 a 11 y de 10 a 6, en Valencia y Alicante.

Con esta nueva remodelación llevada a cabo por el Consell, quedarán 21 puntos divididos por niveles. Los de nivel 1 estarán en Alcoi, Vinaròs y Buñol, Gandia, Xàtiva, Ontinyent, Sagunt y Sueca; los de nivel 2 serán los centros de Alzira, Llíria, Moncada, Benidorm, Dénia, Elda, Elx, Castelló y Onda; los del nivel tres estarán Alicante y Orihuela mientras que los centros de Torrent y València serán los de nivel 4.

Petición de expedientes

Para la diputada socialista, la nueva planificación es “inadmisible” y evidencia “una insensibilidad enorme” y el hecho de que a la consellera Elena Albalat “poco le importan las más de 2.000 familias, y cada vez son más, residentes de la Comunitat Valenciana, que necesitan por una orden judicial esos espacios seguros y de protección, como son los puntos de encuentro familiar judiciales, para que los niños, niñas y adolescentes se relacionen con sus progenitores y otros familiares”.

En este sentido, recuerda que estos puntos son “espacios seguros y neutrales, establecidos mediante resolución judicial, donde niños, niñas y adolescentes pueden mantener la relación con sus progenitores u otros familiares en situaciones de conflicto, muchas veces relacionadas con casos de violencia de género o con elevados niveles de conflictividad familiar”. Estos servicios cuentan con profesionales especializados que garantizan el bienestar de los menores y supervisan los encuentros.

Ante este recorte, Del Rey ha exigido a la consellera de Servicios Sociales una rectificación “inmediata”, al tiempo que ha avanzado que reclamará en las Corts el expediente completo de la mencionada resolución, con los informes que la conselleria ha utilizado para justificar “una decisión tan cruel”. “Si no tiene una explicación técnica, tendrá motivos para preocuparse”, ha advertido la parlamentaria, que también solicitará la comparecencia de Albalat ante las Corts para que dé las explicaciones oportunas.

"Listas de espera alarmantes"

La diputada del PSPV ha aludido a los obstáculos del Consell del PP, apoyado por Vox, para boicotear la llegada de menores procedentes de Ceuta, para señalar: “Al PP y a los ultras no les preocupan los menores no acompañados que vienen de Ceuta; tampoco, a la vista de esta decisión, los niños, niñas y adolescentes residentes en la Comunitat Valenciana que viven situaciones muy duras y que necesitan espacios seguros para relacionarse con sus progenitores”.

Romina del Rey ha advertido que el cierre de estos recursos tendrá "consecuencias muy graves", al obligar a numerosas familias a realizar desplazamientos innecesarios, incrementará las listas de espera, dificultará el cumplimiento de las resoluciones judiciales y generará mayor estrés e incertidumbre tanto para los menores como para sus familias. Según explica, va a provocar “más desplazamientos y más largos para familias que ya están en un episodio de su vida y en una situación desfavorable. Y eso, para aquellas familias que se puedan desplazar”.

En esta línea, “va a suponer menos plazas disponibles, a pesar de que las listas de espera ya son alarmantes”. Según datos de la propia consellería, en 2023 tenían 1.200 expedientes judiciales con familias pendientes de acudir a los puntos de encuentro, unas cifras que al cierre de 2024 se incrementaron hasta los 2.100 expedientes, es decir, “un aumento de más del 80% en las necesidades vinculadas a este servicio”. “La misma conselleria que refleja un aumento de más del 80% en los expedientes está cerrando 7 Puntos de Encuentro Familiar judiciales”, recrimina.

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