La Fiscalía investiga posibles delitos por la presunta filtración de un caso bajo secreto a un diputado de Vox

Unas palabras ante un micrófono abierto en la Comisión de Economía de las Corts han provocado la apertura de una investigaciónde la Fiscalía de la Comunitat Valenciana por posibles delitos. El Ministerio fiscal ha aceptado incoar diligencias de investigación después de la denuncia del PSPV en la que señalaba una presunta filtración de información que habría recibido un diputado de Vox, el portavoz adjunto, David Muñoz, en un caso que se encontraba bajo secreto sumarial.

Según ha anunciado el síndic de los socialistas valencianos, José Muñoz, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha abierto una investigación tras la denuncia de la formación "a raíz de que un diputado de Vox, cazado por un micro abierto, alardeara de que la fiscalía le había "filtrado" unos datos bajo secreto sumarial que utilizó en una comisión parlamentaria para vincular delincuencia e inmigración, con el proceso de regularización".

El síndic socialista ha considerado que se trata de una cuestión “de máxima gravedad”, especialmente porque la información a la que aludió el diputado de Vox estaría relacionada con un procedimiento que tenía carácter secreto y que podía afectar directamente al debate sobre la situación de la migración y a los procesos de regularización. “Desde el Partido Socialista, en cuanto tuvimos conocimiento de estas declaraciones, lo pusimos en manos de la Fiscalía porque no íbamos a permitir que Vox tuviera información privilegiada sobre un procedimiento secreto”, ha señalado Muñoz. “Si esto estaba ocurriendo, queríamos que se depuraran responsabilidades”.

Aquello sucedió en un debate en la Comisión de Economía el 15 de julio en la que Muñoz hablaba con su compañero de bancada, Jesús Albiol, sin darse cuenta de que tenían un micrófono abierto que permitió el registro de sus palabras. En ellas, el portavoz adjunto de Vox destacaba la intervención que acababa de realizar en la que hablaba de la desarticulación de una banda dedicada al tráfico de personas en Nules. "Todos paquistanís y además todos en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España", señaló Muñoz durante el debate en referencia a los cabecillas de la trama.

Tras acabar este, se giró y hablando con su compañero de partido expresó: "¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal". Muñoz utilizaba así datos relativos al proceso de regularización de migrantes, contra el que Vox ha mantenido un discurso contrario muy duro, que no son públicos y que, según indicaba, los conocía porque se lo "ha dicho la fiscal". "Enseguida que tuvimos conocimiento lo pusimos en manos Fiscalía", ha indicado el síndic socialista este jueves. Menos de un mes después, la Fiscalía ha abierto una investigación.

Según el escrito remitido por el Ministerio Público al PSPV, la denuncia la remitió a la Fiscalía de la Comunitat Valenciana la Fiscalía Provincial de Valencia por entender que es a quien le corresponde esta investigación. Así, tras una descripción de los hechos y citar que los denunciantes "interesan la apertura de diligencias para investigar la veracidad y esclarecimiento de los hechos, acompañando pen drive con la grabación", la Fiscalía ha acreado "la inhibición acordándose incoar Diligencias de Investigación Preprocesales al objeto de practicar cuantas actuaciones sean necesarias para determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados".

Expediente interno

El dirigente socialista ha subrayado que ahora corresponde a la Fiscalía esclarecer los hechos y determinar si existió ese acceso indebido a información. “Nos parece especialmente grave que un diputado de Vox, un partido que mantiene un discurso abiertamente racista y de criminalización de la migración, pudiera disponer de información privilegiada de la Fiscalía sobre un procedimiento que afecta precisamente a este ámbito”, ha apuntado.

A esta labor para determinar los posibles delitos se suma la apertura de una investigación interna abierta por la Inspección de la Fiscalía General del Estado, el órgano encargado del régimen disciplinario de los fiscales, tras la queja presentada por Compromís. El organismo decidió la apertura de un expediente gubernativo, un trámite de análisis previo para valorar si se inicia un expediente sancionador a la fiscal que llevaba el caso del que tuvo información, supuestamente privilegiada, el parlamentario de Vox.

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