Vox presiona a Llorca por el reparto de menores de Ceuta en plena negociación Gobierno-autonomías

Vox vuelve a tratar de marcar el paso al Consell. Esta vez, a cuenta del posible reparto de menores migrantes no acompañados de Ceuta a la Comunitat Valenciana. Prácticamente a la vez que la Generalitat participaba de manera telemática en la comisión sectorial entre el Gobierno central y las autonomías, los voxistas han mostrado su postura sobre el tema desde las Corts, ejerciendo una nueva presión sobre Juanfran Pérez Llorca al que le han reclamado "cumplir los compromisos" respecto a no acoger a ninguno de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la ciudad autónoma.

"Les hemos dado el apoyo, confiamos en el Consell; pero si falla, lo verán en las votaciones", ha expresado el síndic de la formación en la cámara autonómica, José María Llanos, tras la junta de portavoces. En esta, de hecho, el voto de su formación ha sido clave para evitar que el propio Llorca tenga que comparecer en la Diputación Permanente convocada para el próximo viernes. También han impedido llamar a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, responsable de la materia, como pedía Compromís, que exigía tratar la crisis humanitaria de Ceuta en la sesión que será monotemática sobre los incendios.

Para la portavoz adjunta de los valencianistas, Aitana Mas, la negativa de PP y Vox a incluir el asunto en el debate parlamentario es para no mostrar su desavenencias sobre el tema en público, mientras tratan de convenir posturas en "pactos secretos". Frente a ello, Llanos ha defendido que la Diputación Permanente, el equivalente a un pleno fuera del periodo de sesiones, es para situaciones "extraordinarias" y que lo que se está viviendo en Ceuta, que ha definido de "guerra híbrida" de Marruecos, "va para largo".

Que los voxistas hayan evitado forzar a Llorca o Albalat a hablar del asunto el próximo viernes no significa que la formación no traten de ejercer su capacidad de influencia sobre el Ejecutivo valenciano y marquen distancia en esta cuestión. De hecho, el Consell ha participado a través de la directora general de Infancia en la reunión telemática convocada por el Ministerio de Juventud a diferencia de los gobiernos autonómicos cuyas consejerías están dirigidas por Vox (Aragón, Extremadura y Castilla y León) que han plantado al Gobierno central.

No solo eso, la semana pasada, cuando se vio que sería necesario trasladar a menores migrantes de Ceuta a las comunidades, la postura oficial del Consell se alineó con la dictada por la dirección nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo confirmando que cumplirían la ley. Y la ley, tras los cambios normativos impulsados por el ministerio y validados por el Congreso el año pasado, señalan que al cumplir determinadas condiciones, el Gobierno puede obligar a las autonomías a albergar a estos menores migrantes, como los 265 que la Comunitat Valenciana ya ha acogido bajo su tutela en el último año. A ello se añade que, de momento, el Ejecutivo autonómico ha evitado aclarar si recurrirán o no el reparto en caso de que el Gobierno central lo vaya a llevar a cabo.

Frente a estas posturas, Llanos ha afeado que el PP caiga en "versiones contradictorias" y diga una cosa "según dónde y según cuándo" y ha llamado a hacer "todo lo posible" para evitar que la Comunitat Valenciana acoja a "ni uno más" citando entre las posibles medidas la reclamación de pruebas de edad o expedientes individualizados, lo que supondría torpedear el proceso y retrasarlo. Asimismo, ha considerado que la Generalitat podría esquivar la obligación legal porque los centros de menores superan el límite de acogida "por más de mil", si bien, las cifras dadas por el portavoz voxista no coinciden con la capacidad que el Gobierno central le otorga a la Administración valenciana.

"Sin elecciones aún"

"El Consell va a cumplir con la normativa vigente, como siempre ha hecho", señaló al respecto la portavoz adjunta del PP en las Corts Laura Chulià quien insistió en que esta "es una crisis que aún está candente" y reprochó al Gobierno central que "normalice" esta situación y la haya gestionado "a distancia". Y casi en punto contrario a la presión de Vox, el síndic del PSPV, José Muñoz, expresó que "lo normal es que una administración tenga esa sensibilidad a estos niños que necesitan la tutela" porque si no lo hiciera "profundizaría en ese racismo institucional que en primer lugar tenía Vox y que ahora el PP ha abrazado de manera más clara".

La duda está en hasta qué punto las presiones de Vox pueden marcar las decisiones del Ejecutivo autonómico. Porque junto al aviso de que verán ese hipotético choque "en las votaciones", Llanos también admitió que su capacidad de actuación no es la misma que estar en una vicepresidencia, como en Aragón, Extremadura y Castilla y León. "Aquí no se han celebrado elecciones todavía", dijo respecto a no formar parte del gobierno valenciano, poniendo el foco en el siguiente paso que podría llegar tras 2027, un camino que pondrá a prueba la relación de ambas formaciones en el que no hay grandes debates en juego en las Corts.

Y mientras el cruce de declaraciones se daba en las Corts tras la junta, las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular rechazaban debatir con el Gobierno la situación de los menores que se encuentran en Ceuta y su traslado a la península. Durante una reunión celebrada este jueves de forma telemática, sus representantes, entre las que estaba una directora general del Consell, se han negado a incorporar en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, un punto informativo y de debate sobre la atención a los niños y niñas que se celebrará el próximo 27 de agosto, su forma de evitar que este proceso prospere.

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