El Consell 'recupera' en 2025 cerca de 30 millones de las concesiones sanitarias revertidas

La Generalitat Valenciana ató el pasado año casi 29 millones de euros de las empresas que han gestionado en las últimas décadas la áreas de salud privatizadas y que en los últimos años han sido revertidas al sistema público, el conocido como modelo Alzira de atención sanitaria público-privada.

Aunque solo queda un área gestionada por una empresa privada (llegó a haber cinco, atendiendo a una parte importante de la población autonómica), las concesionarias y la Generalitat siguen negociando las liquidaciones de ejercicios atrasados, ajustando la diferencia entre lo pagado por la Generalitat en concepto de cápita y el coste real.

Así las cosas, según la Cuenta General de la Generalitat que analiza las tripas financieras y patrimoniales de la administración autonómica, a 31 de diciembre de 2025 había siete liquidaciones pendientes de iniciar. Son las que corresponden a los ejercicios 2023 y 2024 en los departamentos de Dénia, Manises y Elx, con este último también pendiente de valorar el ejercicio 2025. Elx-Crevillent es la única área que mantiene la gestión privatizada, en manos de Ribera Salud, tras la firma de la prórroga el 22 de mayo de 2025.

En cuanto a las áreas ya revertidas, este pasado 2025 la Conselleria de Sanidad y Ribera Salud todavía estaban negociando liquidaciones del departamento de Alzira, recuperado por la administración en 2018. En enero de 2025 la empresa aceptó varios importes, entre ellos la liquidación de aquel año, por una cantidad de 13,5 millones, que se abonó dos meses después.

El departamento de salud de Torrevieja pasó a la gestión pública en 2021. Tras varias resoluciones y una sentencia judicial, en 2025 también se aprobaron las liquidaciones, con un importe a favor de la administración de 694.880 euros.

Uno de los últimos departamentos en ser revertido ha sido el de Dénia, en enero de 2024. La empresa Marina Salud presentó alegaciones a la propuesta de acta de recepción, que en 2025 ha sido aprobada con un saldo para la Generalitat de 14,5 millones. La suma de estas tres liquidaciones abonadas o aprobadas en 2025 suma 28,7 millones.

En paralelo a estos procesos, a cierre de 2025 está pendiente la aprobación del acta de recepción de los servicios y bienes afectos del área de salud de Manises, la última que ha regresado a la gestión pública. Solo queda en manos privadas, por tanto, la de Elx-Crevillant, que tiene el hospital del Vinalopó como centro de referencia.

Litigiosidad por el IVO

Pese a que las empresas van cerrando acuerdos con la administración, la litigiosidad sigue siendo alta. La cuenta general constata que en 2025 las concesionarias han interpuesto otros seis recursos contenciosos-administrativos. Uno de ellos es de la empresa de Manises sobre las liquidaciones de 2011 a 2022.

Con todo, el grueso de los recursos se refiere a un nuevo conflicto que ha emergido, en este caso por las derivaciones al Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Tal como advirtió la Sindicatura de Comptes en su informe de fiscalización, la Generalitat Valenciana ha estado pagando dos veces por tratamientos de cáncer de pacientes procedentes de las áreas privatizadas y que ya deberían estar cubiertos por el canon anual que les abona la administración a las empresas en previsión de su atención.

Son costes duplicados, con posibles indicios de responsabilidad contable, alertaba el Síndic. El Tribunal de Cuentas abrió una investigación, y la Conselleria de Sanidad inició un procedimiento para reclamar a cada concesionaria unos importes que ascienden a 45,4 millones en total.

En 2025, según confirma ahora la Intervención, Ribera Salud, el departamento de Elx-Crevillent, Marina Salud, Torrevieja Salud y el área de Manises recurrieron por esa reclamación desde 2012 hasta el fin de las concesiones. La novedad ha llegado en las últimas semanas: una sentencia del Tribunal Superior de Justicia tras un recurso de Ribera Salud da la razón a la Generalitat al reclamar a las concesionarias el abono de los gastos por las derivaciones de pacientes oncológicos al IVO.

No es el único pleito en marcha. El último informe de la Sindicatura de Comptes alertaba de un posible beneficio extraordinario de las empresas concesionarias de áreas sanitarias privatizadas con motivo de la pandemia. En concreto, hablaba de que en las liquidaciones de los ejercicios 2020 y siguientes, la Covid-19 pudo provocar “una posible sobreestimación de la cápita [la cantidad por ciudadano que paga la conselleria a la empresa por gestionar la sanidad] que se consolidaría durante el resto del contrato y un enriquecimiento injusto a favor de las concesionarias”. La oposición habló de "pelotazo".

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