Multas de 600 a 800 euros a docentes en huelga por llegar pronto a una concentración o cortar la calle en piquetes informativos

Once sanciones contra docentes en huelga, dos más contra un sindicato convocante. Son las notificaciones de sanciones administrativas que han recibido, hasta ahora, más de una decena de profesores que participaron en las movilizaciones convocadas en el marco de la huelga indefinida que comenzó el pasado mes de mayo y que actualmente está en suspensión a la espera del resultado de las negociaciones y del inicio del curso. En total, por esas trece sanciones, deben hacer frente al pago de 8.000 euros.

Desde la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valencià hablan de “represión” hacia el profesorado que ha participado, a lo largo de este curso, en el ciclo de movilizaciones. Un calendario reivindicativo, recuerdan, “desarrollado para defender la educación pública ante los continuos ataques y las políticas impulsadas por la Conselleria de Educación y el Gobierno valenciano”.

Quedarse tras una concentración o llegar antes de la hora oficial

Todas estas multas vienen de la participación de docentes en concentraciones, manifestaciones o piquetes, pero desde la Coordinadora de Asambleas aseguran que todas las convocatorias estaban previamente comunicadas como corresponde. “Es decir, se trata de sanciones por haber ejercido públicamente y de manera pacífica nuestros derechos de reunión, manifestación y huelga”, reprochan.

Aun así, todas las infracciones tienen la consideración de “graves” o “muy graves” según la clasificación que hace la Ley de Seguridad Ciudadana, y por eso doce de las multas son de 601 euros y una asciende a 800. Fuentes de la Coordinadora explican que los motivos de las sanciones incluyen, por ejemplo, cortes de calle. Pero añaden que esos cortes de vía en muchos casos se hicieron en pasos de peatones, durante el tiempo en que un semáforo estaba en rojo, y duraron escasos segundos. Además, señalan que los practicaron piquetes informativos que tienen derecho a hacerlo.

También se ha multado, aseguran, por llegar a concentraciones comunicadas oficialmente minutos antes de la hora oficial de inicio, o por quedarse reivindicando cuando había pasado la hora oficial de cierre. En concreto, una persona se quedó minutos después de la concentración gritando consignas por un megáfono y se le multó al entender que “estaba incitando”, explican estas mismas fuentes.

“El Gobierno valenciano, por tanto, ante nuestras reivindicaciones, no solo ha demostrado una absoluta falta de voluntad negociadora y una clara intención de dificultar gravemente el ejercicio efectivo de la huelga mediante la imposición de unos servicios mínimos abusivos, sino que ahora, además, se beneficia, con un silencio cómplice, de la acción represiva ejercida contra las personas que han participado en las movilizaciones”, lamentan.

Creen que la intención es “desincentivar la lucha” y “amordazar” al profesorado “mediante los mecanismos sancionadores del Estado, y con la connivencia de las estructuras policiales”. “Nos sancionan por visibilizar un conflicto que no hemos creado”, critican.

Asesoramiento legal y caja de resistencia

¿Cómo hacer frente a esas sanciones económicas? A finales de mayo, la caja de resistencia puesta en marcha por la Coordinadora contaba con casi 80.000 euros, que se han ido destinando a ayudar a sufragar el dinero perdido por apoyar los diversos días de huelga entre quien la secundó. Desde la CADPV aseguran ahora que continuarán recaudando fondos a través de esa caja de resistencia, para poder hacer frente a las consecuencias económicas de estas sanciones. Se han presentado recursos para impedir que se hagan efectivas, pero se trata de ayudar a abonarlas en caso de que no prosperen, añaden.

Asimismo, recuerdan que cualquier docente que reciba una sanción por estas movilizaciones puede ponerse en contacto con la Coordinadora o con las organizaciones sindicales que convocaron la huelga, con el fin de recibir asesoramiento jurídico y apoyo. “Pedimos que nadie afronte individualmente una sanción derivada de una lucha que hemos construido entre todas y todos. Antes de tomar cualquier decisión sobre el pago o la sanción, es fundamental ponerse en contacto con los servicios jurídicos correspondientes y seguir sus indicaciones”, indican.

En plena polémica por la inspección

Todo esto ocurre en plena polémica por la reforma introducida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, que modifica el Decreto 80/2017. Se trata de una de las enmiendas parciales presentadas por Vox que pretende que las tareas de la inspección educativa incluyan la función de "velar por la neutralidad ideológica en los centros educativos".

“La Generalitat quiere controlar sobre qué se puede opinar, hablar y debatir en las aulas. No es solo una agresión contra el profesorado, es una forma de maltrato a la educación pública y a toda la comunidad educativa, así como un secuestro de su capacidad transformadora y emancipadora”, consideran desde las asambleas de docentes.

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