La subida del precio de la VPP encarecerá las "viviendas baratas" en 33.000 euros

La subida de precios de la vivienda de protección pública (VPP) encarecerá en más de 33.000 euros un piso de 90 metros cuadrados. Una cantidad dificilmente asumible por las rentas a las que hasta ahora se dirige la vivienda protegida. Así al menos lo denuncia el PSPV que ha presentado un iniciativa (PNL) a las Corts para reclamar que se recupere el precio máximo establecido durante la última etapa del Gobierno del Botànic y dejar sin efecto las dos subidas aprobadas posteriormente.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María José Salvador, ha pedido que el módulo vuelva a situarse en 2.200 euros por metro cuadrado, frente a los 2.568 euros actuales. Según los datos facilitados por el partido, el incremento acumulado desde el cambio de gobierno asciende a 368 euros por metro cuadrado, un 16,7 % más.

El primer aumento se produjo en 2024, cuando el módulo pasó de 2.200 a 2.400 euros por metro cuadrado, una subida de 200 euros y del 9,1 %. La introducción de un denominado módulo dinámico ha permitido una nueva actualización hasta los 2.568 euros actuales, otros 168 euros por metro cuadrado y un incremento adicional del 7 %.

La diferencia resulta especialmente significativa al trasladarla al precio final de una vivienda. Un inmueble protegido de 90 metros cuadrados costaba un máximo de 198.000 euros con el módulo de 2.200 euros. Con la primera modificación, su precio se elevó hasta los 216.000 euros, mientras que con el módulo actual alcanza los 231.120 euros.

De este modo, una vivienda protegida de esas dimensiones cuesta ahora 33.120 euros más que con la regulación del Botànic. Respecto al precio establecido en 2024, el nuevo incremento supone un encarecimiento adicional de 15.120 euros.

Salvador considera que estas revisiones dificultan que la vivienda protegida cumpla su finalidad social. La dirigente socialista ha advertido también del esfuerzo económico inicial que exige la compra. En el caso de una vivienda de 231.120 euros, y suponiendo que una entidad financiera financiara el 80 % del precio, la hipoteca ascendería a 184.896 euros. El comprador tendría que aportar previamente los 46.224 euros restantes, sin incluir impuestos ni otros gastos asociados a la operación.

Según los cálculos expuestos por Salvador, la financiación supondría una cuota cercana a los 900 euros mensuales durante 25 años y alrededor de 77.500 euros en intereses. “Estamos hablando de una vivienda que, precisamente por ser protegida, debería estar destinada a facilitar el acceso de las personas y familias que no pueden acceder al mercado libre”, ha señalado.

Para la portavoz socialista, el problema no se resuelve únicamente aumentando la construcción de promociones protegidas. “No basta con construir vivienda protegida si después se fija un precio que hace imposible que las personas que necesitan esa protección puedan acceder a ella”, ha añadido.

Límite de ingresos

La proposición no de ley (PNL) también pedirá recuperar el anterior límite de ingresos para acceder a una VPP. El PSPV plantea utilizar como referencia 6,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples —IPREM— calculado sobre 12 pagas, lo que situaría el umbral en 46.800 euros anuales para un IPREM mensual de 600 euros.

La normativa actual toma como referencia 14 pagas, elevando el límite hasta los 54.600 euros anuales. La modificación amplía, por tanto, el umbral en 7.800 euros al año, un 16,7 %, permitiendo el acceso a hogares con ingresos más altos al mismo tiempo que aumenta el precio máximo de las viviendas.

Los socialistas sostienen que la combinación de ambas medidas puede desplazar de las promociones protegidas a las familias con menores recursos, al hacerlas competir con hogares que disponen de mayor capacidad económica.

La iniciativa incorporará además la exigencia de que las viviendas protegidas mantengan su calificación de manera permanente, sin que puedan convertirse posteriormente en vivienda libre. El objetivo, según el PSPV, es evitar que inmuebles construidos o adquiridos bajo condiciones públicas de protección terminen integrándose en el mercado ordinario y puedan utilizarse con fines especulativos.

“La Generalitat se está convirtiendo en un agente más del mercado y de la especulación inmobiliaria y, con cada una de estas decisiones, se aleja más de lo que debería ser su función: garantizar el derecho constitucional y estatutario de acceso a una vivienda y poner la política de vivienda al servicio de las personas, y no de quienes quieren hacer negocio con ella”, ha concluido Salvador.