El Gobierno impugna los nuevos cambios urbanísticos del Consell de Llorca en la segunda ley Simplifica

El Gobierno de España vuelve a fijar su atención en la contrarreforma del urbanismo valenciano emprendida por la Generalitat desde 2023. Ambas administraciones han acordado iniciar negociaciones para resolver discrepancias en varios artículos de la ley 3/2026 de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado. Es el paso previo a acudir al Tribunal Constitucional cuando se entiende que hay una invasión de competencias o dudas sobre la legalidad de una norma.

La ley ahora cuestionada fue aprobada el pasado 29 de junio y presentada por el Consell como el segundo Plan Simplifica, que da continuidad al primer proyecto lanzado por Carlos Mazón a inicios de legislatura: esta segunda edición, aprobada ya por Juanfran Pérez Llorca, elimina o modifica cerca de 750 artículos de un centenar de normas autonómicas.

El frente que han abierto ahora Gobierno y Consell en la comisión bilateral entre administraciones no concreta de manera precisa cuáles son las discrepancias, pero sí las enmarca. Según informan este miércoles el Diari Oficial y el Boletín Oficial del Estado, se impugnan, dentro de esta segunda ley Simplifica, los artículos 26, 28, 29, 55, 58, 101 y la disposición transitoria tercera.

Dichos artículos abordan materias tan dispares como los contratos que afectan al personal investigador; la participación de las universidades o centros públicos de investigación de la Comunitat Valenciana en empresas basadas en conocimiento; la gestión de los archivos de la Generalitat, o el acceso a determinados cuerpos y escalas de la Generalitat.

Con todo, una materia en la que discrepancia es reincidente es la urbanística. El Gobierno plantea dudas sobre el artículo 101 de este segundo Plan Simplifica, donde el Consell de Juanfran Pérez Llorca ha introducido cambios de calado en la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, la Lotup, aprobada en 2014 por el PP y modificada en 2019, por el Botànic.

Entre esos cambios, se creaba la figura de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA), herederos de las antiguas Acutaciones Territoriales Estratégicas (ATE), para facilitar los grandes proyectos y con la que ahora los promotores lo tendrán más fácil. La Abogacía de la Generalitat, como informó este diario, puso reparos a esta modificación, alertando de que podía "llegar a entrar en colisión con la protección al medio ambiente" al relajar las condiciones para construir en suelo protegido. Con todo, el Consell ha seguido adelante con su hoja de ruta y se reserva el derecho a "decidir" si el suelo no urbanizable en cuestión "tiene efectivamente valores a proteger o no".

Así, se elimina la restricción que impedía que estas iniciativas privadas se implantaran en terrenos clasificados como no urbanizable protegido, o que forma parte de la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. Desde este mes de julio, esos proyectos pueden establecerse “en cualquier parte del territorio”, y si el suelo es no urbanizable protegido o está en la Infraestructura Verde, el Consell se reserva la última palabra ante la posible oposición municipal.

La modificación de la Lotup también flexibilizaba requisitos, como reducir los plazos a la mitad cuando el proyecto deba ser autorizado mediante licencia ambiental o evaluación de impacto ambiental.

A falta de conocer el detalle de qué impugna el Gobierno en estos cambios urbanísticos, lo cierto es que no es la primera vez que afloran discrepancias. Gobierno y Generalitat ya abrieron una comisión bilateral por varios artículos de la primera ley Simplifica, y ahora han acordardo trasladar las negociaciones a este nuevo foro, tal como también recoge el DOGV este miércoles.

En aquella primera ocasión, el Ministerio de Política Territorial discrepaba de un cambio del Consell para liberar suelo público municipal en desuso para construir 120.000 viviendas. En concreto, incluyó una disposición adicional para impulsar los Proyectos Habitacionales Locales (PHL), una figura de nueva creación con la que el Consell busca destinar suelo municipal dotacional (reservado para la construcción de colegios, residencias, polideportivos, bibliotecas...) sin utilizar a la construcción de vivienda.

Sin embargo, esa redacción genera "dudas de constitucionalidad" en el Gobierno, que aboga por dar más protección a estas edificaciones y destinarlas a colectivos vulnerables. En concreto, Moncloa aprecia una "posible vulneración de la legislación básica estatal por el derecho a la vivienda en la medida en que, sobre suelos destinados a dotaciones públicas en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente solo cabe implantar vivienda social", cuyas condiciones son mucho más restrictivas.

El desguace del urbanismo del Botànic

Desde el cambio de Consell de 2023, el Consell ha estado desguazando la política urbanística heredada del Botànic y del último Consell del PP. Además de los citados cambios, el primer Plan Simplifica eliminó la obligatoriedad de los informes que fijan el crecimiento de los municipios.

También se ha permitido volver a construir hoteles a 200 metros de la costa, aunque la propuesta inicial era de 100 metros. Es una reducción drástica del mínimo de 500 metros que estableció el Botànic en el Pativel.

En el contexto de la dana, PP y Vox también se han aliado para aprobar planes de reconstrucción local (PRL), una nueva figura urbanística al margen de los planes generales. La dana también se ha utilizado para modificar la ley de la huerta: el nuevo texto legal elimina el Consell de l’Horta, cuyas competencias asumen las conselleries de Territorio y Agricultura, y permite la construcción de viviendas, espacios deportivos singulares (como campos de golf) en zonas de huerta degradada, según el nuevo texto legal impulsado por las conselleries de Territorio, Agricultura y Hacienda. Unas modificaciones que el Tribunal Constitucional también debe decidir si son legales o no.

Más cambios por la puerta de atrás

Los cambios están siendo constantes. El pasado mes de julio se aprobó la ley de acompañamiento a los presupuestos, otro macrodecreto tipo ómnibus para introducir cambios legales de diversa índole. Uno de ellos fue habilitar a los promotores para prorrogar la vigencia de la memoria ambiental, incluso en casos en que ya esté caducada, por un plazo de dos años. Basta con la mera solicitud del promotor para suspender el plazo de vigencia y se incluyeron solicitudes formuladas antes incluso de que esta modificación legislativa entre en vigor.

A todo ello se suma la ley de la costa valenciana de 2025. El Tribunal Constitucional mantiene suspendido un artículo y una disposición adicional de la norma de la Generalitat que crea "núcleos etnológicos" una figura urbanística antideslindes en el litoral, un foco de conflicto de competencias porque invade la zona de dominio público marítimo-terrestre, de competencia estatal. La Abogacía del Estado presentó un recurso de inconstitucionalidad, que se admitió a trámite y ha provocado la suspensión cautelar de la figura de los núcleos etnológicos hasta que los magistrados decidan sobre el fondo del asunto.

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