Inspectores de educación contra la reforma “anti adoctrinamiento”: "No se protege el sistema educativo instalando la sospecha sobre él"

La polémica ha vuelto a las aulas antes incluso del inicio del curso con la reforma normativa introducida por PP y Vox -vía enmiendas a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos- que “añade” funciones a la Inspección Educativa. En concreto, las de velar por la “neutralidad” en las aulas y actuar contra el “adoctrinamiento”. Docentes y sindicatos han criticado lo que ven como un intento de instaurar una “policía educativa”, pero los propios inspectores también alzan la voz.

Critican que nadie les ha preguntado, que no es una reforma que hayan pedido ni sobre la que se les haya informado antes de aprobarla. Profesionales que llevan años en el cuerpo aseguran que esas supuestas nuevas funciones han existido desde siempre y que las vías de comunicación o denuncia no son nuevas y funcionan. Y desde las asociaciones de inspectores también surgen voces críticas que reprochan el intento de instalar la “sospecha” sobre los claustros.

Desde las asociaciones de inspectores, la Asociación de Inspectoras e Inspectores de Educación del País Valencià (ADIDE-PV) ha emitido un comunicado y “reflexiones” sobre la reforma. En el documento, hablan de “preocupación por la inseguridad jurídica y las disfunciones que pueden generar las nuevas disposiciones”.

Una “sospecha generalizada” sobre el profesorado

“Nos hacemos eco de las inquietudes expresadas por docentes, equipos directivos, familias, alumnado, asociaciones profesionales, organizaciones sindicales y entidades educativas que advierten en estas medidas un posible intervencionismo de carácter censurante y restrictivo”, indican desde ADIDE-PV. Creen que estas disposiciones pueden interpretarse “como una sospecha generalizada sobre el sistema educativo, el profesorado y la actuación de los centros”. “Esa sospecha no fortalece la neutralidad, la pluralidad ni la independencia de la escuela. Al contrario, puede debilitarlas, generando autocensura, inseguridad profesional, empobrecimiento curricular y temor a abordar en las aulas cuestiones esenciales para la formación del alumnado”, lamentan.

Además, advierten de que esa “neutralidad” que en teoría se busca alcanzar es un imposible. “La escuela democrática no es neutral ante la igualdad, la dignidad humana, los derechos fundamentales, la convivencia, la inclusión, la sostenibilidad, la libertad, la justicia, el pluralismo, el respeto a la diversidad o el rechazo de cualquier forma de discriminación”, recuerdan. Además, desde ADIDE alertan de que esa búsqueda de la neutralidad puede abrir la puerta al negacionismo o el cuestionamiento de la verdad: “en educación no pueden situarse al mismo nivel el conocimiento científicamente consolidado y la mera opinión arbitraria, la neutralidad no exige equiparar la evidencia científica con su negación infundada, ni convertir el currículo en un espacio sometido a presiones coyunturales o ideológicas”, zanjan.

“Atribuir al conjunto del profesorado una supuesta desmesura que habría que atajar mediante nuevas fórmulas de control proyecta una imagen injusta de quienes sostienen diariamente el derecho a la educación”, añaden. Y concluyen: “No se protege mejor el sistema educativo instalando sobre él una sospecha estructural. Se protege fortaleciendo sus garantías, su profesionalidad, su fundamento científico, su cultura democrática y su seguridad jurídica”.

“Crear nuevos canales lleva a más burocracia”

También se han posicionado desde la Asociación de Inspectoras e Inspectores para una nueva educación (INSNOVAE). “Buscar la neutralidad ideológica para evitar el adoctrinamiento es algo que ya defiende la Constitución en su artículo 27”, advierten. Por lo tanto, la supuesta novedad que introduce la reforma no es tal, indican en sus redes sociales. “Ya está implícito en el deber de supervisar que establece el artículo 151 de la Loe/Lomloe. No hacía falta explicitar esta nueva función, pues ya existe, y crear nuevos canales de comunicación solo hace que haya más burocracia”, añaden.

Desde esta asociación llaman a la “calma”. “Somos un cuerpo independiente de la política y nuestra supervisión siempre será técnica y profesional”, dicen. Se consideran “un aliado de los docentes y de los equipos directivos en la mejora del sistema educativo”.

“Utilizar la inspección con fines políticos es una equivocación”

Es un enfoque que comparten profesionales que llevan años en el cuerpo. Fuentes del cuerpo manifiestan “sorpresa” porque no se haya consultado a las asociaciones o a los sindicatos ni se hayan mantenido reuniones o contactos antes de aprobar esta reforma. Comparten, eso sí, que “no cambia nada” en realidad porque esas funciones supuestamente nuevas ya entraban dentro del papel ordinario de la inspección. “Tenemos suficientes herramientas, la discreción y la profesionalidad como para valorar cada caso”, aseguran estas mismas fuentes. Herramientas como los “canales de comunicación” de casos que contempla la reforma, añaden, ya existen y funcionan - las quejas y sugerencias, el sistema interno Confident o las solicitudes de contacto, de las que la inspección provincial valenciana atiende al año entre 6.000 y 10.000 -.

Y añaden que los propios docentes están comprometidos con unas aulas libres de adoctrinamiento. “Está generalizado, todos los profesores ya lo saben y actúan coherentemente, así que no podemos hacer otra cosa que confiar en los claustros”, dicen. “Si se está utilizando la inspección con fines políticos es una equivocación”, zanjan voces de entre los profesionales.

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