El debate antideslindes en las Corts Valencianes que ha acabado en el Constitucional

El debate antideslindes para aprobar la Ley de protección y ordenación de la costa valenciana en las Corts Valencianes ha acabado en el Tribunal Constitucional. El Abogado del Estado ha aportado el acta del debate en las Corts Valencianes que aprobó la norma, como prueba de que la ley valenciana "persigue precisamente impedir o dificultar el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado sobre el dominio público marítimo-terrestre". Por esta razón, el Gobierno Central ha impugnado ante el Constitucional la norma, para que anule el artículo de los núcleos etnológicos y dos disposiciones adicionales.

Del "Diari de Sessions de les Corts Valencianes" del 14 de mayo de 2025, previo a la aprobación definitiva de la ley de la costa valenciana, se deduce, según el Abogado del Estado, que "la finalidad perseguida por el legislador autonómico es eludir o dificultar la ejecución de resoluciones administrativas y judiciales firmes relativas a la demolición de edificaciones situadas en el dominio público marítimo-terrestre y limitar el ejercicio de las potestades estatales de protección de dicho dominio". Las actas de aquel debate resultan reveladoras.

"Protección frente a injustos deslindes"

La diputada de Vox, Ana Bellver Alcántara, fue la que hizo el discurso antideslindes más encendido. "Con esta ley, complementaria a la Ley de costas estatal, se pretende, por un lado, dar una mayor protección a los propietarios frente a los injustos deslindes que Vox ha denunciado tanto a nivel nacional como en estas Corts y, por otro lado, se pretende dotar de normas de ordenación a la costa y a las playas de la Comunitat Valenciana, posibilitando la explotación económica más allá de la época estival". La parlamentaria del partido de ultraderecha también defendía que la ley de la costa valenciana "da una respuesta habitacional a los propietarios perjudicados por los deslindes. Protegeremos muchas de estas edificaciones y casas próximas a la costa susceptibles de ser demolidas y la salvaremos de este proceso", admitió sin ambages.

Bellver también recordó los núcleos urbanos de especial valor etnológico, la controvertida figura urbanística y patrimonial suspendida de forma cautelar mientras el Tribunal Constitucional decide si invade o no las competencias estatales. Una intromisión que la diputada de Vox admitía explicitamente. "Hemos de decir que lo que se intenta es conservar la fisonomía de nuestra costa, salvar las viviendas de los vecinos y proteger el patrimonio etnológico en nuestro litoral como, por ejemplo, les casetes de Nules".

La diputada de Vox aseguraba que "mientras la izquierda pretende confiscar sus casas, echarles a la calle con una mano delante y otra detrás, lo que nosotros proponemos es proteger las viviendas de la acción confiscatoria de la administración, proteger las viviendas de la regresión y ofrecer una respuesta habitacional a los afectados por los injustos deslindes". Y añadía que "mientras los falsos ecologistas siguen salvando un planeta que no está en peligro, desde el Grupo Parlamentario Vox vamos a seguir trabajando para defender el trabajo, la economía, el medio ambiente sin alarmismos, nuestra forma de vida y la propiedad privada de los valencianos".

"Abrir la puerta al ladrillazo"

La diputada de Compromís, Paula Espinosa, afeó a los grupos parlamentarios de PP y Vox que "después de la dana [del 29 de octubre de 2024], después de comprobar los estragos que hace el cambio climático y después de saber que vendrán de peores, señorías, sinceramente, no podemos entender como en su ley solo están hablando de proyectar, de construir, de urbanizar, de más proyectos urbanísticos, de darle las falsas expectativas a las personas que poseen una propiedad a cincuenta metros del mar". Espinosa también recordó que "el 74% de la fachada litoral valenciana está cubierta de hormigón y el 64% de las playas están sufriendo regresión. Desde Compromís consideramos que no podemos continuar así, no podemos permitir que el litoral se convierta en un muro de cemento, en una especie de muralla china de la costa valenciana al servicio de los de siempre".

Espinosa avanzaba las "consecuencias muy concretas" de la ley de la costa valenciana: "reactivar la reclasificación urbanística, impulsar nuevos procesos de urbanización, eliminar barreras de protección del suelo litoral no urbanizable sobre las más de siete mil quinientas hectáreas del litoral que está ahora mismo protegido y, en definitiva, cargarse el Pativel (Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral), cargarse el principal instrumento de protección que existe ahora mismo, que está avalado por el Tribunal Supremo y que vuelve a abrir la puerta al «ladrillazo» que ya conocemos demasiado bien los valencianos y las valencianas que hemos sufrido los gobiernos del PP anteriormente".

"Ley de desprotección de la costa"

Por su parte, la diputada socialista Charo Navalón García calificó el dictamen sobre el proyecto de ley como el de la "desprotección de la costa nos encontramos ante otro capítulo más del culebrón de iniciativas que suponen una auténtica contrarreforma y desmantelamiento de todos los avances en sostenibilidad, ordenación del territorio y lucha frente al cambio climático que se habían logrado con los gobiernos del Botànic". Para el PSPV, la nueva ley de la costa valenciana "no deja lugar a dudas de que su objetivo no es planificar actuando sobre los factores que generan la regresión de la costa o mitigar los efectos del cambio climático o adaptar el territorio ante este proceso global. No es proteger y ordenar el litoral, es hacer negocio. También en la costa, en su zona de influencia. Es hacer promesas sobre asuntos que escapan a sus competencias", señaló en referencia a las decisiones sobre los "núcleos etnológicos" ubicados en dominio público marítimo terrestre. La diputada Navalón García tildó la ley de la costa valenciana de ser "una ley negacionista, porque en el debate de enmiendas de la comisión se han eliminado las alusiones a cualquier alusión al cambio climático que sea correcta [a petición de Vox]. Eliminan, además, que la ordenación del litoral se debe hacer teniendo en cuenta las mejores evidencias científicas. Señores de Vox, ¿qué tienen en contra de la ciencia?, ¿qué les ha hecho?", se preguntó.

"Oposición a los deslindes"

Por último, el portavoz del PP en la comisión de Territorio de las Corts, Wenceslao Alós Valls, también alcalde de Moncofa que acoge uno de estos núcleos etnológicos", confirmó que "con esta ley el Partido Popular muestra su oposición a los deslindes antes incluso de hacerse obras de protección de la costa. Con esta ley el Partido Popular está en contra de las expropiaciones sin indemnizaciones a sus legales propietarios. Frente a esta política de dejar hacer en el mar, frente a la política de los deslindes, frente a la política de los derribos, una política de protección de la costa, una política de protección del medio ambiente, una política de protección de los turismo, del patrimonio histórico, del patrimonio público y privado".

"La ley persigue bloquear competencias estatales"

Unas declaraciones que servían al Abogado del Estado para presentar este debate sobre la ley en las Corts como la prueba de que el texto legal autonómico "persigue bloquear el ejercicio de las competencias estatales sobre el dominio público marítimo-terrestre". Por ello, alegaba que se aceptara como prueba para mantener en suspenso el artículo y las dos disposiciones adicionales cuestionadas porque concurría el principio del "fumus bon i iuris", la apariencia de buen derecho para mantener la medida cautelar de suspensión de los preceptos de la ley hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto.

El Constitucional no tuvo en cuenta el debate

Una petición que el pleno del Constitucional (formado por doce magistrados) no tuvieron en cuenta porque, alegaron, se ha de analizar "el contenido normativo de los concretos preceptos impugnados y no las manifestaciones efectuadas durante la tramitación parlamentaria o las intenciones que puedan atribuirse a sus promotores". El auto del Tribunal Constitucional añadía que "no cabía apreciar, en este momento procesal, que de los preceptos impugnados se desprenda el bloqueo de las competencias estatales que el abogado del Estado invoca como fundamento para justificar la aplicación excepcional del criterio del fumus boni iuris". A priori, y sin entrar al fondo del asunto, los magistrados del Constitucional consideran en este momento que "los preceptos impugnados no atribuyen por sí mismos a la Generalitat potestades de deslinde, desafectación o disposición sobre el dominio público marítimo-terrestre, ni desplazan formalmente las competencias que corresponden al Estado". Una afirmación que realizan ahora y en este momento "sin perjuicio del juicio que proceda efectuar en la sentencia acerca de su conformidad con el orden constitucional de distribución de competencias". Aunque cabe recordar que el Tribunal Constitucional sí ha suspendido, de forma cautelar, el artículo 17 de de la ley valenciana que regula los "núcleos etnológicos" y que ha frenado la demolición de casas en la Playa de Babilonia de Guardamar del Segura.

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