Las Corts afrontará su 'último' curso con una decena de leyes en el limbo

El golpe de mazo de la presidenta de las Corts el pasado viernes 31 de julio sobre la una del mediodía sonó en las cabezas de sus señorías a timbrazo de finales de junio en sus tiempos escolares. El fin del pleno en el que PP y Vox aprobaban la ley de Acompañamiento y culminaban su pacto presupuestario suponía también el fin del periodo de sesiones a un año parlamentario de vértigo y el inicio del parón estival. Esas vacaciones para la mayoría de los presentes son el preludio al regreso en septiembre del que será el último curso de la legislatura y ante el que cerca de un mes antes de empezar ya cuenta con varios deberes pendientes.

Así, con los pasillos de las Corts compitiendo en afluencia de paso con tendencia al cero técnico, en el registro se mantienen hasta una decena de leyes en el limbo esperando su momento para saber si sí, si no o si acabarán bajo el sueño de los justos y el desinterés de quien ostenta la mayoría parlamentaria. Porque lo que no salga entre septiembre de 2026 y marzo de 2027 (siempre que no haya adelanto electoral) en dos intervalos de tres meses y medio y algo más de dos meses con las vacaciones navideñas entre medias no lo hará hasta el paso por las urnas. O quizás precisamente por este paso por las urnas tienen opciones de que vean la luz en un futuro.

Y aunque la situación de espera es la misma para la decena de normas, ni el tiempo que llevan en 'stand by', ni las características que las componen lo son, lo que, por otra parte, cambia sus probabilidades de prosperar. De hecho, solo dos de ellas están impulsadas por el Consell como proyecto de ley, las que a priori más posibilidades tendrían de salir vista la mayoría parlamentaria con la que suele contar el Ejecutivo autonómico junto a Vox. Claro que si están en esa situación es, en parte, porque no tienen el apoyo claro de los habituales aliados en la cámara autonómica.

Es lo que le ocurre a la ley de creación del Tribunal Administrativo Valenciano de Contratos Públicos, una norma que lleva un año registrada en las Corts sin más avance que la posibilidad de los grupos de presentar enmiendas a la totalidad. Y la hay: una, de Vox. El rechazo de los voxistas a esta legislación que permitiría a la Comunitat Valenciana contar con un órgano que resuelva los recursos especiales en materia de contratación en el ámbito autonómico sería insuficiente a nivel cuantitativo para bloquear el proyecto; otra cosa es que el Consell evite llevar al pleno cuestiones donde no están de acuerdo.

El traje normativo para Sorolla

Menos problemas debería haber habido respecto a la ley de Patrimonio Cultural, validada por el Ejecutivo autonómico en marzo y prevista como el traje normativo que vestiría el alquiler de colecciones como la de Joaquín Sorolla. No obstante, y pese a ser solo una nueva disposición adicional con seis apartados, los voxistas han planteado algunas exigencias vía enmiendas. Entre ellas, tratar como un contrato público, y no privado como lo tendrá el alquiler, los vinculados (gestión, conservación o mantenimiento) o exigir un informe de la Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural Valenciana sobre el "valor excepcional" y las condiciones económicas que ve adecuadas. Quizás estas peticiones explicarían que pese a entrar por urgencia lleve desde mayo sin avances.

Claro que si los dos proyectos de ley registrados por el Consell están en barbecho por sus dudas de salir adelante, más complicado lo tienen aún las cuatro leyes que tiene pendiente Compromís. La temática es variada y en procesos distintos. Las dos últimas, a espera de orden en el pleno para su debate de totalidad, son la ley de creación de una deducción fiscal en las ayudas a las personas afectadas por la talidomida y la que reformaría la actuación en situaciones de emergencia de los servicios sociales, presentadas ambas a finales de abril. De antes, de julio de 2024, es la petición para cambiar el reglamento de las Corts y poder revocar a los miembros de la Mesa (incluida la Presidencia) "por mayoría de tres quintas partes" de la cámara.

A la que solo le faltaría un único paso es a la llamada 'Ley de Trato Justo', una propuesta que los valencianistas presentaron en mayo de 2024 para forzar el debate sobre la reforma de la financiación en el Congreso, donde debía acabar. El PP aceptó su tramitación, pero en el periodo de enmiendas le dieron tal revolcón al texto que solo dejaron en pie uno de los artículos originales planteados por los valencianistas que incluso acabaron absteniéndose en la comisión. Aquello fue en febrero de 2025 y desde entonces está en el fondo de alguna nevera parlamentaria, a falta solo de la validación definitiva en el pleno, a riesgo incluso que se apruebe antes el nuevo modelo, legislación que sabe lo que es la caducidad.

Con las firmas en espera

En el frigorífico de la espera parlamentaria también está una posible reforma de la ley electoral para bajar el porcentaje de entrada a la cámara autonómica. Esta ha hecho su camino a partir de una Iniciativa Legislativa Popular planteada por Unió Municipalista, la plataforma de partidos locales, y ha cumplido con todos los trámites necesarios. Ahora está en manos de la Mesa, es decir, el PP aceptar su debate en la cámara, una reclamación de Ens Uneix, socio de los 'populares' en la Diputación de Valencia, lo que tampoco garantiza nada.

Junto a este cambio normativo que facilitaría la representación en el parlamento valenciano, la otra ILP que ha logrado reunir las firmas necesarias (más de 10.000) y esperan a que sea la actividad de la cámara la que permita su debate es la reformulación de la ley de Salud para blindar el sistema público que impulsa Esquerra Unida. Esta, no obstante, tiene menos 'espinas' para PP y Vox y el Consell ya ha trasladado su criterio en contra, lo que aventura que, en caso de activarse, acabará rechazada.

Todos estos embriones legislativos deberían formar parte de la agenda parlamentaria que se reactivará oficialmente en septiembre con la celebración del Debate de Política General, el último de la legislatura y el primero de Juanfran Pérez Llorca como 'president'. Antes, habrá una Diputación Permanente con comparecencia del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, para tratar los incendios que han afectado a la Comunitat Valenciana. Lo que no parece que vaya a formar parte del menú hasta una nueva composición de la cámara tras las urnas son unos nuevos presupuestos.

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