¿De quién es el monte valenciano? Radiografía de una propiedad clave frente a los incendios en la Comunitat Valenciana

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, puso ayer sobre la mesa una de las cuestiones clave para entender qué sucede en el monte valenciano: la propiedad de este se encuentra dividida entre los propietarios privados e instituciones públicas. El 55 % de la masa forestal forma parte de la propiedad privada, mientras que el 45 % restante es de titularidad pública, principalmente de los ayuntamientos de los distintos municipios y de la Generalitat.

En materia de propiedad privada, la cifra se queda corta en comparación con el centro y el norte de la península, donde cerca del 80 % de las tierras tienen un propietario privado. Sin embargo, el problema sigue existiendo, ya que muchos de los propietarios desconocen que poseen unas tierras que, en muchas ocasiones, pasan de generación en generación sin que los herederos tengan constancia de ello. El caso se agrava en el monte valenciano por el extremo minifundismo, una situación caracterizada por un gran número de parcelas sin gestión y con la titularidad no actualizada o desconocida, que complica la ejecución continua de trabajos de prevención de incendios y el mantenimiento de cortafuegos.

Según afirma Rafa Delgado, profesor del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la UPV, los cortafuegos y los minifundios no interfieren entre sí, ya que los primeros son «obras promovidas por la Administración y que se realizan por interés público». Una declaración que reafirma la declaración de Fernando Lasheras, sercretario autonómico de Emergencias, durante el incendio de Gátova, quien aseguró que «algún bancal había servido de cortafuegos» cuando el fuego se encontraba en el perímetro de la población. Por otra parte, el vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, ha resaltado las complicaciones que acarrean las zonas de propiedad privada a la hora de ejecutar cortafuegos y realizar labores de prevención de incendios en Gátova. «Hay un proyecto antiguo ahí que tiene la dificultad de necesitar la disponibilidad de terrenos particulares, y eso conlleva mucho trámite», admite.

Nueve municipios siguen sin plan de prevención de incendios

Valencia sigue siendo la provincia de la Comunitat Valenciana con mayor número de localidades sin plan de prevención de incendios. Hasta nueve municipios se encuentran en este momento sin este instrumento de prevención. Moncada, Albalat dels Sorells, Miramar, Beniparrell, Fortaleny, Godella, la Pobla de Farnals, Quartell y Sollana son las poblaciones que no cuentan con este plan de incendios, una tarea que, según asegura la Conselleria, corresponde los ayuntamientos.

Marines, Gátova y Olocau no forman parte de este grupo de municipios, pese a que tienen ocho tramos de cortafuegos de nivel 1 pendientes desde 2017, tal y como han reclamado en el manifiesto. Según informan desde la Conselleria, la ejecución de estos cortafuegos presenta dificultades debido a que las tres localidades no disponen de montes públicos, una circunstancia que, de ser distinta, facilitaría considerablemente la tarea. Otro de los consistorios que sí cuenta con plan de prevención es Chera, cuyo alcalde, Alejandro Portero, destaca la escasez de terreno privado que hay en sus alrededores: «Monte privado no tenemos prácticamente nada, es todo de utilidad pública, o de la Generalitat o del Ayuntamiento. La propiedad privada son terrenos agrícolas con poco valor que se limpian y ya vuelven a salir».

Compensación económica por conservar las parcelas

Para tratar de favorecer que los propietarios cumplan con las medidas de conservación, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación busca crear una nueva Ley de Montes que contemple una compensación económica por cumplir con una serie de requisitos. La captura de carbono, la regulación del ciclo del agua, la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo o la prevención de incendios forestales son algunos de los efectos que se buscan potenciar con estas medidas. Una ley que buscará favorecer a los propietarios mediante medidas que, a su vez, beneficien al conjunto de la sociedad.

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