“Quieren convertir la Inspección en censores”: la Confederación mayoritaria de familias, contra los “mecanismos de vigilancia” en el aula

“Es una falta de respeto a maestras y profesores, pero también a las familias, que formamos parte de los órganos de participación de los centros”. Con esas palabras resume Vicent Gumbau, presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, lo que suponen para la confederación de Ampas mayoritaria en la Comunitat Valenciana los “mecanismos de vigilancia” en las aulas que introduce el artículo 155 de la Ley 5/2026 que añade funciones a la Inspección para, supuestamente, velar por la “neutralidad” en las aulas.

Para la Confederación, esta modificación supone “un cambio preocupante en el modelo educativo valenciano, porque desplaza a la Inspección de su función de garantía del sistema hacia una función de vigilancia sobre el profesorado y la autonomía pedagógica de los centros”.

“Las familias no necesitamos herramientas de control sobre la tarea docente ni sobre los proyectos educativos. Necesitamos confianza en los profesionales de la educación y una Administración que garantice los recursos para que los centros puedan hacer bien su trabajo”, ha destacado Vicent Gumbau.

"No más vigilancia, más recursos humanos"

La Inspección, añade, “debe garantizar el derecho a una educación pública, inclusiva y de calidad”. En concreto, debería “centrar sus esfuerzos en garantizar que todo el alumnado reciba una educación de calidad y que los centros dispongan de los recursos necesarios”.

“Para las familias, las prioridades deberían ser reclamar más profesorado y reducción de ratios, supervisar que la atención a la diversidad y la inclusión se garanticen con los recursos necesarios, garantizar instalaciones dignas y seguras, exigir a la Administración las inversiones necesarias, garantizar el derecho de las familias a una educación pública de calidad y a las plazas de enseñanza en valenciano que han sido suprimidas”, han resumido desde la Confederación Gonzalo Anaya.

Por eso, creen que lo que necesitan las escuelas y los institutos “no son más mecanismos de vigilancia, sino más recursos humanos, más orientación, más personal de atención educativa y más inversión pública”. En contra de ese propósito, ven en el artículo 155 una forma de “generar desconfianza sobre los mecanismos democráticos que ya existen en los centros educativos”.

“Los proyectos educativos y las programaciones generales anuales son fruto del trabajo de los equipos docentes y de los órganos de participación de los centros, con la intervención de los consejos escolares y de las familias. Son, por tanto, el resultado de un trabajo colectivo desarrollado dentro de un marco legal que garantiza la participación de la comunidad educativa”, dicen. Y añaedn que esta reforma “deslegitima la labor de los centros y transmite un mensaje de sospecha permanente hacia el profesorado”.

"Quieren convertir la Inspección en censores de la docencia"

“Es una falta de respeto a maestras y profesores, pero también a las familias, que formamos parte de los órganos de participación de los centros”, ha afirmado Gumbau. La Confederación Gonzalo Anaya alerta de que esta reforma puede abrir la puerta a la fiscalización de proyectos educativos comprometidos con los valores democráticos.

“Una escuela vigilada es el mayor retroceso en una sociedad democrática. Es querer imponer un modelo educativo obsoleto de una Conselleria que empezó persiguiendo el valenciano en lugar de garantizar su promoción, que ha eliminado de las normas la coeducación y la igualdad y que ahora quiere convertir la Inspección en censores de la docencia”, ha lamentado

Por su parte, dice, la Confederación defiende una escuela pública que eduque “en el valenciano como lengua propia y vehicular del sistema educativo, la igualdad entre mujeres y hombres, la coeducación, los derechos humanos, el pensamiento crítico y la convivencia democrática”.

“La Confederación Gonzalo Anaya reclama que el artículo 155 no se convierta en una herramienta de control sobre los centros y defiende una Inspección educativa que sea garantía de los derechos, la inclusión, la calidad y la equidad educativa, y no un mecanismo de control ideológico”, concluyen.

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