Más de 220 exámenes por tribunal y lío con la normativa: la polémica recta final de las oposiciones a maestro

Más de 15.600 personas se presentarán a una plaza en el cuerpo de maestros en las oposiciones al cuerpo, que se celebrarán el 12 y el 19 de septiembre. Quedan apenas unas semanas, ha comenzado, para muchos, la recta final del estudio, y el final del proceso llega con polémica.

Ya a principios de agosto, la Conselleria de Educación envió una nota informativa y aclaratoria sobre la normativa a utilizar en cada una de las pruebas de las oposiciones para el cuerpo de maestros que se realizarán en septiembre. Tuvo que hacerlo para aclarar que la normativa aplicable en cada una de las partes del examen será diferente. Los opositores criticaron los cambios de última hora, aunque Educación aseguró que ya se indicaba en la convocatoria.

En la primera parte -la redacción de un tema y un supuesto práctico-, se usará la normativa vigente durante el curso 2026-2027, actualizada en junio, mientras que en la segunda -la de la programación-, se deberá utilizar la del curso académico 2025-2026. “Dos normativas, un examen: hace unas semanas decían que hay que prepararse con la normativa del curso 2026-2027 y ahora dicen que se puede utilizar la de 2025-2026 o la de 2026-2027”, denuncian desde Docents en Lluita.

Esa primera polémica ya provocó a principios del mes críticas entre los opositores porque aseguran que supone tener que rehacer y aprender de nuevo parte del temario estudiado para la redacción del "tema" y, sobre todo en la parte práctica. "Eso significa volver a revisar temas, actualizar la legislación, modificar supuestos... cuando llevamos meses preparándonos con otra información", denunciaban en redes muchos opositores.

Pero no solo eso. “¿Y los tribunales? ¿Cómo garantizarán que las dos opciones sean valoradas exactamente igual? Si se cambian las reglas en plena recta final, quién garantiza que el proceso sigue siendo igual para todo el mundo?”, se preguntan desde el colectivo Docents en Lluita, y reclaman “igualdad, seguridad jurídica y transparencia”.

Más de 220 aspirantes por tribunal

Eso en relación a unas oposiciones donde los tribunales tendrán una elevada carga correctora: en concreto, según los cálculos de Docents en Lluita, habrá más de 220 aspirantes por tribunal. Es una carga de pruebas por cada tribunal muy elevada, sobre todo si se compara con otras oposiciones. En concreto, como recuerdan desde el colectivo, en las oposiciones de Secundaria de 2025, la media era de 43 aspirantes por tribunal, frente a los 223 de estas pruebas. Es decir, que el número de exámenes de los que se tendrá que encargar cada uno se ha multiplicado por cinco.

Eso significa, en la práctica, que cada tribunal podría tener que afrontar la corrección de 223 pruebas teóricas y 223 supuestos prácticos, es decir, de un total de 446 pruebas escritas. Desde Docents en Lluita se preguntan cómo se podrá garantizar una corrección “individualizada, objetiva y profesional” con esta carga. De hecho, se temen que la “corrección colegiada” que en teoría deben llevar a cabo los tribunales de oposición acabará funcionando materialmente como “un equipo de correctores individuales para llegar a los plazos”.

“Estamos hablando de un proceso de acceso a la función pública sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad, y la Conselleria debería explicar cómo piensa garantizarlo”, destacan.

Tribunales voluntarios

Además de la tarea de corrección que deberá hacer cada tribunal, desde esta plataforma de docentes se preguntan también por la composición de los mismos. “¿Es la voluntariedad la mejor fórmula?”, se plantean. “En unas oposiciones que deciden quién accede a una plaza pública, necesitamos más aleatoriedad, transparencia y garantías”, consideran, aunque matizan que en ningún caso cuestionan los tribunales, sino cómo se eligen. “Si podemos reducir coincidencias y conflictos de interés, ¿por qué no hacerlo?”, añaden.

Otra de las preocupaciones es la distribución territorial de los tribunales, al menos en algunas especialidades. En Inglés, por ejemplo, Conselleria obliga a los aspirantes a concentrarse en la provincia de Valencia. “Cero sedes en Castellón, cero en Alicante”, lamentan.

Algo parecido ocurre en Educación Física: 815 aspirantes, pero Castellón y Alicante sin tribunales. En Audición y Lenguaje, por su parte, no hay sedes en Castellón. “No podemos aceptar que se ponga en riesgo la igualdad de oportunidades para todo el mundo”, consideran desde Docents en Lluita. Y alertan de que el coste de llegar hasta la sede de las pruebas “puede ser un obstáculo insuperable para muchos aspirantes”.

Desde la Conselleria aseguran que, en la organización de un procedimiento con tan alta participación "se tiene en cuenta tanto a las personas que participan, como a las que forman parte de los órganos de selección". En lugar de comparar estas oposiciones con otras de acceso a cuerpos de Educación, las comparan con otras oposiciones de función pública. "En las oposiciones al cuerpo docente se ofrecen más facilidades para los participantes". Fuentes de la Conselleria apuntan que existen sedes en las tres provincias para la mayor parte de las pruebas, ya que los dos primeros exámenes (12 y 19 de septiembre) "se desarrollan en cada provincia, casi todos en sedes universitarias garantizando el bienestar de opositores y tribunales".

Sobre el resto de exámenes, añaden que "el histórico de otras ediciones indica que después de esos dos exámenes, el número de candidatos cae en picado por abandonos y suspensos". "Por tanto, tras los dos primeros exámenes en sedes provinciales, sólo queda uno individual, que es la defensa de la programación", indican, y añaden que también se ha seguido un criterio "estrictamente numérico" para constituir los tribunales, "de modo que todos ellos tengan una carga similar de trabajo y cuenten con un número equilibrado de opositores".

Más de 15.600 aspirantes

Será una oposición multitudinaria. Los listados definitivos para las pruebas, que serán el 12 y el 19 de septiembre, incluyen a un total de 15.697 aspirantes, de los que 5.865 han solicitado realizar el examen en Alicante; 2.206, en Castellón y 7.626, en Valencia. En las provincias de Alicante y Castellón los exámenes se realizarán en la Universidad Miguel Hernández de Elx y en la Universidad Jaume I de Castelló.