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Concurso público

Servicios Sociales lleva 8 meses con la licitación de 29 residencias y centros de día

Más de 2.000 trabajadores esperan los nuevos contratos para que sus sueldos se equiparen a quienes trabajan en Educación y Sanidad, mientras la conselleria reconoce la demora porque "es un volumen de trabajo muy grande"

Protesta en Elx por la falta de licitación de la residencia.

Protesta en Elx por la falta de licitación de la residencia. / AXEL ALVAREZ

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Mónica Ros

Mónica Ros

València

La Conselleria de Servicios Sociales empezó su andadura en 2023 con 33 residencias y centros de día públicos fuera de la legalidad. La gestión (en manos privadas), se encontraba en "enriquecimiento injusto" ya que la mayoría de contratos habían caducado en 2017 y los plazos no permitían más prórrogas.

Uno de los primeros compromisos de la entonces consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, fue poner "el sector en orden". Tres años después, y ahora con Elena Albalat al frente de la conselleria, solo se han adjudicado 4 centros. Los 29 restantes (residencias y centros de día) están en proceso de licitación desde hace 8 meses tras la publicación de los concursos en los meses de diciembre y enero.

Los trabajadores del sector se desesperan ya que, por una parte, trabajan con unas condiciones, ratios y características de contratos firmados hace más de 10 años, y por la otra, saben que los nuevos contratos acarrearán una reivindicación histórica: la equiparación salarial. Y es que las empresas que firmen los nuevos contratos deberán aplicar el nuevo convenio colectivo que implica unas nuevas tablas salariales para el personal que trabaja en Servicios Sociales. Así se anunció y se publicó con el Botànic en un acuerdo que equiparó las nóminas de las plantillas de Servicios Sociales a las de otros sectores con mayores salarios como Sanidad o Educación, de manera que, por ejemplo, una enfermera que trabaje en una residencia de mayores pase a cobrar lo mismo que una que hace lo propio en un centro de salud.

Sin embargo, el convenio colectivo firmado tenía letra pequeña. Y es que el texto refleja que las empresas «actualmente adjudicatarias de los centros y servicios, no estarán obligadas a aplicar los incrementos salariales pactados mientras se mantengan las actuales adjudicaciones, teniendo tal consideración el periodo de prórroga que se esté ejecutando a la publicación del presente convenio, aquellas prórrogas que hayan sido solicitadas y/o aceptadas antes de la publicación del convenio y todas aquellas prórrogas obligatorias, incluidas las que se produzcan tras el vencimiento del contrato y sus posibles prórrogas, y/u obligaciones de continuar con el servicio que puedan ser impuestas por la Administración contratante por cualquier instrumento jurídico». Por ello, más de 2.000 trabajadores de Servicios Sociales esperan las nuevas licitaciones que, sin embargo, no llegan.

Hace un año llegaron las primeras adjudicaciones: las de las residencias de Paterna, Benejúzar, Benetússer y Orihuela. Sin embargo, estas licitaciones no fueron exentas de polémica ya que la empresa adjudicataria fue un fondo de inversión extranjero que se llevó el contrato al ofrecer el precio más bajo. El sector estaba atento a este procedimiento y empresas y sindicatos criticaron la supresión del proyecto técnico y una baja temeraria poco efectiva que convertía el procedimiento en una "subasta encubierta".

Los nuevos contratos (de las residencias de Paterna, Benejúzar, Benetússer y Orihuela, por 35 millones de euros) se quedaron como estaban, pero la conselleria tomó nota y modificó las puntuaciones en los nuevos pliegos para que la parte económica se lleve el 30% de la puntuación, la técnica otro 30% y las mejoras en la gestión, un 40%.

Luz verde

Y es que en el pleno del Consell de octubre de 2025 se dio luz verde a las contrataciones de residencias y centros de día en València (Velluters), Gandia (La Safor), Elda (El Catí) y Onil, beneficiando a por valor de más de 37 millones de euros. En estos centros hay 271 usuarios de las residencias y 79 de los centros de día. Un mes después, en el pleno de noviembre se autorizó la contratación del servicio de gestión integral de once residencias y centros de día para personas mayores dependientes de titularidad pública de la Generalitat más, por importe de 131 millones de euros para tres años, prorrogable dos años más, con una inversión total de hasta 209,5 millones de euros.

Así, se autorizó la contratación del servicio de gestión integral de seis residencias públicas de la provincia de València: Puerto de Sagunto, Moncada, Ademuz, Alcudia de Crespins, Puzol y Palacio de Raga. El contrato tendrá una duración de tres años con un importe de licitación de 61.651.007 euros, que podrá ser prorrogado hasta un máximo de dos más. Asimismo se hizo lo propio con el servicio de gestión integral de las residencias y centros de día de Alicante y Castellón: Elche, El Pinar, Virgen de Gracia, Benidorm y Massamagrell, también mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. La duración será igualmente de tres años, y el importe de licitación asciende a 69.428.689 euros. Este contrato se podrá prorrogar dos años más.

Sin novedades

Entre diciembre y enero se fueron publicando los anuncios y los pliegos de condiciones. Ocho meses después, empresas y trabajadores se desesperan ante la ausencia de resoluciones. "Ya son ocho meses de trámites para procesos que duran dos o tres meses. Las adjudicaciones debían tener lugar en mayo y estamos en agosto y no sabemos nada. Los presupuestos de la Generalitat contemplan las contrataciones pero solo cobraremos las nuevas tablas cuando se firmen los contratos y ahí no hay retroactividad. ¿En qué invertirán ese dinero destinado a las nóminas que no van a gastar? Porque ya estamos casi en septiembre", explican desde la Plataforma de trabajadores del Sector Social.

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, sin embargo, reconocen la demora pero aseguran que no hay "malas intenciones" sino un volumen de trabajo "muy grande" que conllevan 29 contrataciones. "Los contratos permitirán mejorar la estabilidad laboral de las plantillas que prestan servicio en estos centros, evitar situaciones de enriquecimiento injusto y aseguran el funcionamiento continuado de los centros, que atienden a personas mayores en situación de dependencia con recursos profesionales y servicios especializados. Pero llevan un tiempo y es mucha faena. Lo importante es que está todo en marcha y en trámite", concluyen fuentes de la conselleria.

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