Antifraude no ve irregularidades en la contratación de la pareja de Llorca en la diputación pero duda que fuera urgente

La Agencia Valenciana Antifraude ha archivado la investigación sobre el proceso de adjudicación de la plaza que ocupó la pareja del president, Juanfran Pérez Llorca, en la Diputación de Valencia a través de una comisión de servicio que finalmente y tras una agria polémica renunció a consolidar. Según la resolución de Antifraude, adelantada por 'Las Provincias' y a la que ha tenido acceso este diario, no existen "indicios razonables de veracidad en los hechos que han sido objeto de la denuncia".

Sin embargo, la agencia considera "dudoso" que la vacante se ofreciera por la vía de urgencia y de forma temporal, lo que da cierto margen a la institución para asignar el puesto, dotado con más de 52.000 euros. En ese sentido, el texto sostiene que este requisito resulta "cuanto menos, dudoso" a la vista de los plazos constatados: la plaza se creó el 23 de julio de 2025, sin que se hiciera pública la convocatoria para la cobertura temporal en comisión de servicios del puesto de secretario de dirección hasta el 27 de enero de 2026.

"El transcurso de aproximadamente seis meses entre la creación de la plaza y el inicio del procedimiento de cobertura resulta difícilmente conciliable con la nota de urgencia que el precepto exige, sin que conste en el expediente motivación específica que justifique dicha demora", apunta. Y añade que "subsiste la duda -no resuelta por la mera coincidencia temporal, pero tampoco despejada por ella- sobre la motivación real de la urgencia e inaplazabilidad que justificó acudir a esta figura excepcional en lugar de a los sistemas ordinarios de provisión, dado el prolongado lapso transcurrido entre la creación de la plaza (23 de julio de 2025) y el inicio de la convocatoria (27 de enero de 2026)".

Aun así, concluye que "respecto a que el procedimiento se aceleró y la comisión de servicios se convocó dos meses después de la toma de posesión del president de la Generalitat, debe señalarse que la coincidencia temporal entre ambos hechos no constituye, por sí sola, indicio de irregularidad ni vicia la legalidad del procedimiento".

Para este sistema de ingreso (comisiones de servicio), la diputación cuenta con un protocolo bastante laxo y poco concreto, que delega en el responsable del servicio al que se adscribe la plaza (el que será su jefe) la elaboración de un "informe de idoneidad" para escoger quién se queda con la plaza. “Dicho informe deberá fundamentarse en las competencias y capacidades de la persona propuesta para el cumplimiento de las funciones específicas del puesto”, señala el protocolo. Esos criterios se fijan una vez los aspirantes ya se han presentado al proceso.

Avala la publicidad de la plaza

Antifraude sí que considera que el requisito de convocatoria pública se ha cumplido porque la plaza fue ofertada mediante este sistema el 28 de enero de 2026, a las 09.54 horas, a través de anuncio publicado en la página web de la Diputació de València. Respecto al hecho de que el protocolo de las comisiones de servicio en la Diputació no contenga baremos ni puntuación y se limite a un informe de idoneidad redactado por el superior jerárquico del puesto, Antifraude señala que ello "no vulnera precepto legal alguno", sino que responde precisamente a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo.

En cuanto a la verificación de requisitos y de idoneidad del candidato, Antifraude apunta que, aunque la convocatoria de comisión de servicios "no exige las formalidades propias de un concurso de méritos, sí debe constatarse el cumplimiento de los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo (RPT) y la idoneidad del candidato" y añade que ambos extremos "quedan acreditados".

Así, se verificó la pertenencia al subgrupo C1 como funcionario de carrera, "quedando excluido uno de los candidatos por no acreditar dicho requisito", y también quedó acreditado que la pareja de Llorca era "la candidata con mayor experiencia en el desempeño de puestos de personal administrativo C1 y en funciones específicas propias de puestos de secretaría de dirección, según informe de 13 de febrero de 2026, de entre los cinco candidatos presentados".

También considera cumplido el requisito de previsión de oferta en la siguiente convocatoria ordinaria de provisión, "al haberse procedido a la oferta de la plaza para su provisión definitiva mediante decreto de la Presidencia de la Diputació nº2967, de 5 de marzo de 2026". Al respecto, indica que la pareja de Llorca "no ha participado en dicha convocatoria, que permanece pendiente de adjudicación con carácter definitivo".

Proceso "decaído"

En cualquier caso, la resolución señala que el objeto de la actuación "ha decaído, pues la persona a la que se atribuía un presunto trato de favor no se ha presentado a la convocatoria de provisión definitiva del puesto, quedando este sometido a los cauces ordinarios y reglados del correspondiente procedimiento de provisión".

Por ello argumenta que procede, en consecuencia, el archivo de las actuaciones por pérdida sobrevenida de objeto, según lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y añade que se "abstendrá de iniciar actuaciones de investigación, dado que, de los hechos y las conductas denunciadas, no se aprecian indicios razonables que acrediten la veracidad de los mismos".

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, instó en su momento a esperar a la resolución de Antifraude sobre la contratación de su pareja y mostró su "respeto a cualquier tipo de investigación": "Que se investigue, que se resuelva y luego sacamos las conclusiones, lo que no hay que hacer es sacarlas antes". "Esperemos a la resolución, lo que no puede ser es que sentencien todos antes de que se investiguen las cosas", aseveró, y subrayó que no tiene "ningún problema en que las cosas se investiguen".

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