Trabajadores de Infancia lamentan la saturación de un sistema de protección en manos privadas: "El Consell gestiona con parches"

"Los centros de menores están saturados porque hay una mala gestión de los recursos públicos. El Consell no quiere mejorar la red del sistema de protección y acogida. Hay falta de personal, de medios y de recursos y las soluciones son siempre parches. Y así, abren los denominados CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) en procedimientos de urgencia, que implican un derroche económico que triplica el gasto público". Desde la Plataforma de Trabajadores del Sector Social aseguran que las crisis migratorias como la de Ceuta se abordan desde la Generalitat Valenciana con soluciones como el CATE de Muro d'Alcoi, creado para los traslados desde Canarias y con un coste de 855.000 euros cada tres meses. El gasto implica más de tres millones de euros al año, una cuantía que supera los 2,8 millones destinados a la reforma integral del centro de recepción de Alicante.

"Los CATE son un derroche de recursos económicos que triplica el gasto público por no tener una red habitual de recursos. Además, el trato que se les da a esos menores es negligente porque se les segrega por su origen y por su raza. A los CATE van los árabes. No van europeos ni nacionales. Eso genera conflicto porque si metes a 90 adolescentes en una población la tensionas. Les dan esta acogida porque no les queda más remedio y les obliga la ley, pero se limitan a 'aparcarlos' allí unos meses para dejarlos en la calle, en una situación de irregularidad y desprotección, en cuando cumplen los 18 años", explican desde la plataforma.

A los 18 años, en situación de calle y sin papeles

De hecho, la ley obliga a las Administraciones autonómicas a tramitar, en un plazo máximo de 9 meses, documentos para los menores que tienen bajo su tutela. Sin embargo, la Generalitat incumple sistemáticamente esta orden y deja en la calle a los jóvenes extranjeros que tiene a su cargo. Además, en las acogidas "impuestas" por el Gobierno, el "truco" está en "calificar al acogida como una estancia temporal (que marca 45 días, prorrogable a 90). Y se amplía la guarda provisional hasta que cumplan la mayoría de edad. De esta forma, no se reconoce a ese joven como miembro del sistema de protección y sale del mismo sin nada. Ni tan siquiera reciben clases de español. La Generalitat deja a los migrantes extranjeros a los que acoge por obligación en situación de calle en cuanto puede", recalcan las mismas fuentes. De hecho, uno de los porcentajes más altos de personas en situación de calle responde a jóvenes extutelados, tal y como reflejaba Cáritas en su último informe anual.

Por ello, desde la Plataforma instan a la Administración a "invertir en el sistema de acogida" porque "no se está teniendo en cuenta el criterio técnico y se toman decisiones a nivel político". "El sistema ya está saturado con el flujo de migrantes habituales y con los nacionales, pero el Consell no ha hecho ninguna inversión para ampliar las plazas y los centros, para mejorar el sistema. Y eso se ve en los presupuestos. El dinero se destina a otras partidas y se gasta en otras cosas y los servicios sociales están abandonados. La gestión de la infancia más vulnerable es un desastre".

Para quienes trabajan con la infancia más vulnerable "es una vergüenza" que desde la Federación de Municipios y Provincias se organicen "concentraciones de solidaridad con Ceuta que generan odio y mensajes racistas. La solidaridad con Ceuta se demuestra yendo al Consejo territorial y poniendo los recursos que sean necesarios para ayudar a otras autonomías. Igual que otros territorios hicieron lo propio con la Comunitat Valenciana con la tragedia de la dana. Hay que combatir el racismo y garantizar una protección efectiva sobre estos menores".

"No son paquetes que se puedan devolver, no son mercancía"

"La crisis de Ceuta precisa de la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía de Menores y los recursos de acogida, pero la realidad son una serie de gobiernos autonómicos que no están teniendo en cuenta ni la realidad de los sistemas de acogida ni la realidad de estos menores. No son paquetes que se puedan devolver, no son mercancía", explican desde la Plataforma de Trabajadores del Sector Social.

De esta forma la plataforma responde al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien el pasado miércoles le pedía al Gobierno de España "mecanismos" para repatriar a los menores que llegaron a Ceuta. "Las declaraciones de Pérez Llorca sobre repatriación y retorno demuestra "un profundo desconocimiento de la realidad. Los menores a los que se refiere no son marroquís, son de terceros países africanos. No se puede repatriar a un menor que ha solicitado asilo. Lo que sí se debe hacer es analizar sus circunstancias", explican desde la entidad.

Y añaden: "La de Ceuta es una crisis puntual. Por eso que tiene que implicar a la Unión Europea y todas las comunidades autónomas, igual que con los migrantes llegados a Canarias". Sin embargo, el foco "se está poniendo en que regresen a Marruecos, y no son de Marruecos". "Marruecos es una frontera controladísima y que ese gobierno levante los controles en un momento determinado necesita un análisis profundo", concluyen.

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