Infancia tiene pendiente la licitación de 27 centros de menores

Las licitaciones de los centros de menores determinan, entre otras cosas, la ratio de profesionales que debe tener cada residencia en función de los usuarios. Sin embargo, la Generalitat Valenciana tiene pendiente de licitación 27 centros de menores. Los profesionales se revuelven ante la saturación de unos centros donde las plantillas "están agotadas, trabajan en condiciones muy precarias y se sienten ignoradas por una Administració que no refuerza la red para la infancia más vulnerable y centra la atención en la creación de los CATE (Centro de Atención Temporal a Extranjeros)".

Así lo aseguran desde la Plataforma de Trabajadores de Servicios Sociales donde instan a que las adjudicaciones se realicen "cuanto antes" para adecuar plantillas, usuarios e instalaciones "a las necesidades reales porque están los jóvenes hacinados y en condiciones muy precarias".

El pasado mes de mayo, 24 entidades sociales (el 54% de las organizaciones del sector de la infancia) formalizaron ante la Conselleria de Política Social, Familia e Infancia su no conformidad a la prórroga de dos años propuesta por la administración. Esta negativa en bloque implicaba que el 75% de las plazas concertadas de la Comunitat —unas 1.600 de un total de 2.200— se quedaban sin cobertura contractual a partir del mes de julio.

El reglamento de acción concertada (Decreto 181/2017) estipula que la Generalitat Valenciana debía asumir la gestión directa de estos centros con medios propios o convocar un nuevo concurso de urgencia. Por ello, "finalmente llegaron a un acuerdo pero el sector debe tener una estabilidad que no tiene y eso se consigue con las licitaciones y los contratos", explican desde la Plataforma de Trabajadores del Sector Social.

Ceuta y el nuevo engranaje de reparto obligatorio

Las críticas del sistema de acogida valenciano coincide con uno de los momentos de mayor tensión migratoria en la frontera sur. Tras la crisis desatada en Ceuta, la ciudad autónoma alberga a cerca de 1.500 menores extranjeros no acompañados en sus recursos —un perfil extremadamente vulnerable en el que destacan 700 niñas y numerosos menores de menos de 13 años—, según datos del Ministerio de Juventud e Infancia.

Ante esta situación, el Gobierno central ha activado los protocolos de redistribución para trasladar a los menores a recursos residenciales de las autonomías. De hecho, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada mediante el Real Decreto-ley 2/2025 de 18 de marzo, introduce un criterio de "co-responsabilidad automática" estatal, lo que implica que cuando una comunidad autónoma o ciudad fronteriza (como Canarias o Ceuta) supera en tres veces su capacidad ordinaria de acogida, se declara la Situación de Contingencia Migratoria Extraordinaria, que obliga al traslado de menores a otras comunidades autónomas.

Ahora bien, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca denunció que los recursos residenciales de atención a la infancia de la Comunitat Valenciana se encuentran "actualmente al 200% de su capacidad ordinaria". "No se solucionará el problema de Ceuta generando pequeños problemas a las otras regiones de España. Se requiere más altura de miras", sentenció el president, rechazando las cuotas de reparto automático impuestas y exigiendo al Ejecutivo central un refuerzo inmediato de la financiación y los recursos técnicos antes de asignar nuevos cupos de acogida.

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