El curso judicial 2026-2027: dos macrocausas de corrupción con 74 investigados en fase final de instrucción y dos juicios mediáticos en meses preelectorales

El nuevo curso judicial 2026-2027 comienza hoy con un abanico de causas en diferentes estados procesales: instrucciones que llegan a su fin, sentencias pendientes de ser ratificadas o anuladas por el Supremo, una causa a la espera de sentencia y dos diligencias de investigación penal (DIP) de la Fiscalía Anticorrupción pendientes de decidir si evolucionan hacia una causa judicial o se dirigen al archivo. En los próximos meses también se conocerá cuándo se celebrarán dos juicios que atraerán todos los focos mediáticos: la del empresario y hermano de Ximo Puig, Francis Puig, junto a otro empresario audiovisual. Y el de la exvicepresidenta y exconsellera, Mónica Oltra, junto a doce personas más de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y del centro de menores Niño Jesús.

Once años del caso Taula

Respecto a las dos macrocausas de corrupción pendientes, el caso Taula es el más antiguo del que quedan tres piezas separadas "abiertas" y un recurso pendiente del Tribunal Supremo. El caso Taula-Imelsa ha cumplido en 2026 doce años de investigaciones. La denuncia original la presentó el 30 de julio de 2014 la entonces diputada de EU en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, que derivó en la apertura de las diligencias de investigación penal (DIP) por la Fiscal Jefa de la Audiencia Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, el 1 de agosto de 2014. La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción facilitó que arrancara la investigación judicial en marzo de 2015 en el Juzgado de Instrucción 18. Una causa que eclosionó policialmente el 26 de enero de 2016, con la detención de Alfonso Rus y María José Alcón, entre otros políticos del PP de la provincia y València. La causa salpicó a tres administraciones: la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València.

Doce años después esta macrocausa de corrupción arroja un balance, en cifras, de trece piezas separadas, 39 condenas (la primera de Thematica Events ya firme, que ha acabado con Marcos Benavent en la cárcel y el resto pendientes de recursos ante el Supremo), 21 absoluciones, 86 archivos (algunos por fallecimientos) y 34 acusados en las dos piezas que quedan en instrucción. De una parte la pieza L del Olímpic de Xàtiva que investiga a 28 personas por malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental. Y de otra parte, la pieza principal de esta causa en la que hay seis acusados y en la que se investigaba por blanqueo de dinero, prevaricación malversación y tráfico de influencias por contratos de Imelsa con las empresas pantalla de Marcos Benavent y gastos ficticios en Imelsa. La causa tiene un futuro incierto y parece que abocado al archivo, ya que hace meses que no se practican diligencias en las dos piezas separadas abiertas.

Los últimos compases de la instrucción del caso Azud

El caso Azud también parece abocado al final de la investigación, tras nueve años de instrucción. Los últimos quince archivos acordados en el caso Azud por la jueza titular de la plaza 13 de instrucción del Tribunal de Instancia de València, Pepa Tarodo, supuso el fin de las pesquisas para "una trama y media" de las cuatro tramas investigadas en esta macrocausa de corrupción que comenzó a investigarse en 2017. El caso Azud ha llegado a tener 61 investigados. Una considerable cifra que se ha reducido en varias decisiones judiciales adoptadas por los investigadores en estos 9 años de investigación judicial. Habrá que esperar al escrito de acusación del Fiscal Anticorrupción del caso, Pablo Ponce, y al auto de la magistrada Pepa Tarodo que cerrará esta instrucción judicial, aunque según cálculos propios los encausados podrían "reducirse" a 40 o 45 investigados.

Las primeras pesquisas del caso Azud arrancaron en 2016 cuando la Agencia Tributaria comenzó a indagar a la mercantil Corbín Abogados tras recibir un anónimo el 12 de enero de hace diez años. En la carta sin firma se aseguraba: «Hacienda somos todos, unos más que otros. Por eso pido que se revisen los ingresos de la familia Corbín Barberá, cuñado y negociador de Rita Barberá, ya que no cuadran sus posesiones. (...) A parte del gran gasto ordinario que llevan, amplían posesiones que producen vértigo a los normales que vivimos del sueldo en blanco».

Los principales investigados en el caso Azud son José María Corbín (abogado y cuñado de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá), el exvicealcalde de València Alfonso Grau, los empresarios y promotores inmobiliarios Jaime Febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando, además de los socialistas Rafael Rubio (exportavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València) y el jurista cercano al PSPV, José Luis Vera, entre otros.

Los juicios a Francis Puig y a Mónica Oltra

Pendientes de fecha están los dos juicios que más atención mediática generará en los próximos meses preelectorales. De una parte, la causa de los empresarios audiovisuales Francis Puig (hemano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig) y Juan Enrique Adell Bover por los presuntos delitos cometidos en el cobro de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña para el fomento del valenciano y el catalán en medios de comunicación entre los años 2015 y 2018. Esta causa se investiga desde 2019 tras la denuncia de la diputada del PP, Eva Ortiz, que denunció los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública en las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y la Junta de Aragón de 2015 a 2019. Aragón decayó de la acusación y aunque el PP también acusó por fraude de subvenciones, finalmente se juzgará a ambos por falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro delito de estafa agravada, al aplicarles el Código Penal más favorable a ambos acusados, como obliga la legislación, ya que los delitos con los que arrancó la causa no se pudieron demostrar.

También está pendiente de señalar el juicio contra la exvicepresidenta y exconsellera Mónica Oltra y otros doce colaboradores en la Conselleria de Políticas Inclusivas y el centro de menores Niño Jesús, acusados del presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella. Oltra va a juicio acusada por tres formaciones de ultraderecha (Vox, Gobierna-te y el abogado de España 2000 que representa a la menor), ya que la Fiscalía no acusa en esta causa al entender que "los hechos objeto de investigación no son constitutivos de delito". La Audiencia de València será la responsable de enjuiciar a la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y los otros doce acusados ya que la acusación particular y las dos populares les acusan de los presuntos delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.

Pendientes de una sentencia y de los recursos

Los 33 acusados del caso Aido están pendientes de la sentencia de la sección tercera de la Audiencia de València que los ha juzgado este año por los presuntos delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones. Se trata de 11 extrabajadores de AIDO (Asociación idustrial de óptica, color e imagen), entre ellos el expresidente del consejo de administración, el exdirector gerente y el exsubdirector, junto a otras 22 personas, que fueron clientes o responsables de empresas proveedoras, acusados de un delito continuado de falsedad documental y de cuatro delitos de fraude de subvenciones. Y pendientes del Tribunal Supremo están los 21 condenados de las piezas B y F de los zombis del caso Taula, entre ellos el exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, y sus colaboradores Máximo Caturla y Marcos Benavent (que ya está en prisión). Al igual que el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, que recurrió su condena a diez años y cino meses de cárcel por el caso Erial.

Las DIP que afectan al Ayuntamiento de València

En los próximos meses también se sabrá en qué acaban las diligencias de investigación penal (DIP) abiertas por la Fiscalía Anticorrupción, contra el concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, por la presunta adjudicación irregular de contratos durante su etapa al frente de la fundación municipal Valencia Activa. En similar fase de investigación se encuentran las DIP abiertas por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias relacionado con la recolocación de trabajadores del liquidado Consorcio Valencia 2007 en fundaciones municipales y el Puerto de València. La denuncia de Compromís se dirigía contra la alcaldesa de València, María José Catalá, las concejalas de Deportes y Turismo, Rocío Gil y Paula Llobet, la presidenta de la Autoridad Portuaria de València, Mar Chao, y los cuatro trabajadores públicos presuntamente beneficiados en los puestos de trabajo. La sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de València también solicita tres años de cárcel para la concejala de Vox en el Ayuntamiernto de València, Cecilia Herrero, por los tuits que publicó en la red social X-Twitter "encaminados a propagar el rechazo, el despreio la hostilidad y la animadversión hacia personas inmigrantes, integrantes del colectivo LGTBI o personas con discapacidad".

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