Tras el ataque a la sede de CEAR
La fiscal Susana Gisbert afirma que el racismo lidera los delitos de odio: "La xenofobia va en aumento"
"Los ataques a las sedes son frecuentes, pero no llegan a este nivel de violencia", explica Gisbert en relación a pintadas realizadas con sangre en la sede de CEAR

La policía investiga el ataque vandálico. / Levante-EMV

La Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia, coordinada por la fiscal Susana Gisbert, se incorporará a la investigación de los actos vandálicos con sangre cometidos contra la sede de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en València en cuanto la denuncia llegue a los juzgados. El caso se encuentra actualmente bajo investigación del Cuerpo Nacional de Policía, y en el caso de que fuera archivada, desde la Fiscalía "abriremos diligencias".
Así lo asegura Gisbert tras explicar que, en caso de identificarse al autor, el ministerio público prevé su procesamiento penal por un delito de daños con la agravante de discriminación u odio xenófobo. "De hecho, hay condenas similares en la provincia de València", explica.
Sin embargo, para la fiscal especializada, el ataque perpetrado a la sede de CEAR supera la consideración de un simple acto de vandalismo o "gamberrada" debido a la gravedad de los hechos "y al nivel de violencia mostrado" lo que revela "un motivo de fondo evidente". "Los ataques a las sedes de entidades sociales son frecuentes, pero no llegan a este nivel de violencia", recalca.

Ataque con sangre a la sede de CEAR, en València. / Levante-EMV
De hecho, Gisbert recalca que desde la Fiscalía de Delitos de Odio ha constatado un aumento del número de procedimientos tramitados. "La xenofobia se ha consolidado como el motivo principal de persecución en las causas por delitos de odio que gestionamos, y ya supera las causas de homofobia", asegura. Sin embargo, Gisbert matiza que, con los datos actuales, no es posible determinar "si esta tendencia responde a un incremento real en la comisión de los delitos o a una mayor propensión de las víctimas a denunciar los sucesos".
La C. Valenciana, tercera en investigación de delitos
De acuerdo con el último balance del Ministerio del Interior (con datos de 2024), la Comunitat Valenciana se sitúa como la tercera autonomía con mayor volumen de investigaciones por delitos de odio en España, registrando un total de 254 casos, una cifra solo superada por Cataluña y Madrid. Estas investigaciones se saldaron con 134 detenciones en toda la Comunitat, de las cuales exactamente la mitad (67) se concentraron en la provincia de Valencia.
Los datos oficiales confirman las declaraciones de Gisbert al señalar que el racismo y la xenofobia constituyen el principal motivo de persecución penal por delitos de odio en la Comunitat, con 126 casos registrados. Por detrás de la xenofobia se sitúan los delitos motivados por la orientación sexual (59) y la discriminación por motivos de sexo o género (29 casos).
Así, mientras las infracciones penales de odio "globales" descendieron un 13,8 % en el cómputo estatal, la actividad delictiva en internet y redes sociales aumenta de manera considerable. En el ámbito digital, las conductas de odio ligadas al racismo y la xenofobia se incrementaron un 47,37 %, mientras que los ataques hacia la orientación sexual subieron un 22,4 %, respecto al año anterior. De hecho, los discursos y delitos de odio se propagan de manera mayoritaria a través de internet, entorno que concentra más del 60 % de las conductas delictivas analizadas.
Respecto al perfil de los afectados por estos incidentes, el balance señala que la mayoría de las víctimas son varones de entre 26 y 40 años, de los cuales un 13 % corresponde a menores de edad. Entre la población de origen extranjero, los ciudadanos de nacionalidad marroquí figuran como el colectivo más afectado por este tipo de agresiones y hostigamientos.
Dificultades de registro para el Ministerio Público
Los datos son clave, pero el desde la Fiscalía General del Estado advierten en sus memorias anuales que los sistemas informáticos de gestión procesal de los juzgados y las fiscalías provinciales, incluyendo la de Valencia, carecen de herramientas automatizadas para registrar y clasificar de forma unificada las causas de odio. La consecuencia directa es que los fiscales especializados se ven obligados a recopilar las cifras penales y las sentencias dictadas mediante un seguimiento "manual y artesanal" de las causas para evitar la pérdida de información.
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