Pulso de los contratistas de obra al Ministerio de Transportes: un recurso deja en suspenso el megacontrato de mantenimiento de carreteras

Nuevo pulso de los contratistas de obra pública al Ministerio de Transportes: un recurso ha dejado en suspenso el megacontrato de mantenimiento de carreteras, anunciado en junio por el departamento que dirige Óscar Puente. El Consejo de Ministros del 16 de junio autorizó una inversión de más de 1.000 millones de euros para la conservación de carreteras del Estado en toda la península ibérica. Aunque Transportes se ha visto obligado a a suspender provisionalmente la tramitación de este megacontrato de 1.006 millones de euros, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) admitiera la petición cautelar de suspensión del trámite administrativo solicitada por ACEX (Asociación de empresas de conservación y explotación de infraestructuras), que recurrió en bloque las bases del concurso.

Un recurso sobre el que se ha pronunciado la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV) quien asegura estar "en plena sintonía con las organizaciones sectoriales de ámbito nacional como Seopan y ACEX" además de compartir la necesidad de revisar los criterios que han regido las últimas licitaciones de contratos para la conservación de la red viaria", aseguran fuentes de las empresas de obra pública en la Comunitat Valenciana.

Los contratistas lamentan haber tenido que llegar a al recurso en el Tacrc, "a pesar de los esfuerzos previos del sector por trasladar propuestas técnicas y de optimización antes de la aprobación de los nuevos pliegos". Sugerencias que fueron ignoradas por el Ministerio de Transportes ya que "la tramitación continuó sin incorporar dichas recomendaciones". De ahí que "esta falta de alineación entre las necesidades reales manifestadas y las condiciones finalmente publicadas ha hecho inevitable que ACEX, junto a numerosas asociaciones y personas jurídicas, acuda a la vía de la impugnación para salvaguardar la viabilidad de unos servicios que son esenciales".

La Cámara de Contratistas reivindica que "el mantenimiento de nuestras carreteras es una actividad prioritaria que las empresas contratistas siguen ejecutando diariamente con el máximo rigor profesional. Por ello, resultaría erróneo atribuir las carencias del sistema a la gestión operativa de estas empresas".

Desde la CCCV defienden "legítimamente la urgencia de destinar una mayor y mejor dotación económica a las tareas de conservación de carreteras, ya que un marco de contratación que no garantice los recursos suficientes acelera el déficit de conservación viaria. Esto se traduce, de manera directa, en un incremento del riesgo y de la inseguridad para los usuarios, comprometiendo gravemente la seguridad vial". Y añaden que la impugnación de los concursos "responde, en última instancia, al compromiso del sector de la construcción con la modernización, la sostenibilidad y la protección de los ciudadanos en sus desplazamientos".

Desde el Ministerio de Transportes, fuentes oficiales señalan que se trata de "una cuestión jurídica que no afecta en ningún caso a las inversiones previstas" por lo que el departamento que dirige Óscar Puente sigue "trabajando".

Las inversiones que se podrían ver afectadas por la suspensión cautelar de la licitación en la Comunitat Valenciana son las previstas en la provincia de Alicante, con dos lotes a través de dos contratos: el primero, en la A-31, la A-7, la A-70, la A-77; y el segundo en la N-344, la A-33 y la A-31. En la provincia de Castellón, el lote previsto se dirige al mantenimiento de varios tramos en la N-340, la N-234, la N-232A y la N-238, según informó el Ministerio de Transportes en una nota de prensa el pasado 16 de junio.

En total, la inversión de 1.006 millones se divide en seis expedientes de contratación y 29 lotes que contemplan actuaciones en varios tramos de carreteras estatales de 10 comunidades autónomas y 20 provincias, según informó el Ministerio de Transportes.