Víctor Romero, Valencia

El conseller de Economía, Gerardo Camps, anunció ayer que Terra Mítica levantará «a principios» del próximo mes de abril la suspensión de pagos y alcanzará un acuerdo con los acreedores. Camps lanzó esta afirmación en el pleno de las Cortes Valencianas, en el transcurso de su intervención en la sesión de control al Gobierno valenciano, planteada inicialmente para tratar la posición del Consell ante las denuncias de irregularidades y presuntos delitos que se dirimen en los tribunales.

El anuncio del titular de Economía fue interpretado ayer como un compromiso político firme después de que en las últimas semanas tanto Camps como otros accionistas del parque temático hubiesen insinuado que la salida a la crisis financiera del recinto de Benidorm estaba cerca. El acuerdo con los acreedores pasa por la devolución de parte de la deuda a través de los beneficios obtenidos con la venta en un único lote de 216.000 metros de suelo anexo a Terra Mítica. Además se ofrecerán quitas cercanas al 50% y canje de deudas por acciones por parte de la Generalitat Valenciana, Bancaja y la CAM, socios de referencia. Estos tres accionistas son a su vez los que mayor deuda acumulan con la mercantil impulsada inicialmente por la Generalitat Valenciana.

La Conselleria de Territorio ha dado luz verde ya al cambio de usos del suelo anexo al complejo -previsto originariamente para expansiones- para que puedan construirse un hotel de lujo y apartamentos turísticos, reclamo necesario para atraer posibles compradores en una futura subasta.

Terra Mítica acumula una deuda superior a los 210 millones de euros y tiene pendiente cerrar un convenio con los más de 500 acreedores que permita al parque eludir la quiebra. La solución económica abrirá una nueva fase para el complejo de la capital de la Marina Baixa que pasa por reducir su tamaño, con la apertura y explotación a través de concesiones de hostelería del área de Egipto.

La búsqueda de soluciones se ha precipitado también en parte tras la demanda presentada por pequeñas entidades de crédito acreedoras contra Bancaja y la CAM por la gestión del proceso que han llevado a cabo.