31 de octubre de 2006
31.10.2006

El PSPV presenta a Territorio un recurso de alzada contra un PAI en suelo protegido de Rocafort

El PP defiende la legalidad de las viviendas que investiga la fiscalía

31.10.2006 | 01:00

L. B., Valencia


Si la Conselleria de Territorio eludió mover un dedo al recibir la denuncia sobre presuntas construcciones ilegales en el municipio de Rocafort, que ahora investiga la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el titular de este departamento, Esteban González Pons, tiene otro asunto de esta población sobre su mesa. El PSPV de Rocafort presentó un recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Territorio, Cristina Serrano, por la aprobación del plan urbanístico conocido como El Bovalar que proyecta 300 unifamiliares sobre 162.495 metros cuadrados, la mayoría clasificado como suelo no urbanizable agrícola protegido.

Este programa de actuación integrada (PAI) se inició por el procedimiento abreviado que preveía la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU), mediante la presentación de una alternativa técnica en una notaria y un plazo de información pública de apenas 20 días. El PAI del Bovalar se ha tramitado, además, por el coladero que ha permitido la mayoría de reclasificaciones de los últimos años: la figura conocida como la «homologación y pla parcial de un plan general» que, en este caso, además, se ha tramitado junto al PAI propuesto por un particular. El PSPV considera en el recurso que ha de resolver Territorio que «la finalidad de una homologación no es introducir modificaciones a un plan general de ordenación urbana (PGOU)» y tampoco «puede ser tramitada a instancias de un particular», en este caso la empresa que promovió el PAI.

Además, se da la circunstancia que parte del suelo del Bovalar pertenecía a Godella, pero fue objeto de una permuta con Rocafort. El PSPV asegura a este respecto que «no consta que se haya aprobado ningún documento de planeamiento que modifique la categoría de suelo no urbanizable protegido de este suelo que era de Godella y se ha incorporado al término de Rocafort». Además, esta permuta que modificó los lindes municipales de ambas localidades de l'Horta Nord obligaba a revisar el PGOU de Rocafort, aprobado en 1990 y que también debería haberse revisado a los ocho años.


«Todo es legal»


La concejala de Urbanismo de Rocafort, Carlota Navarro, defendió ayer la legalidad tanto de las viviendas irregulares denunciadas por el PSPV ante la Fiscalía como del PAI del Bovalar. «Nos estamos limitando a ejecutar lo previsto en el PGOU de Rocafort aprobado por los socialistas en 1990. Todas las licencias que concedemos se dan cumpliendo el PGOU», señala la también diputada provincial. Y añade que el equipo de gobierno de Rocafort ha colaborado con la fiscalía en todos los requerimientos de información y documentación solicitados. La Conselleria de Territorio aseguró ayer que «dejará actuar» a la fiscalía en la investigación sobre las presuntas viviendas irregulares de Rocafort y, si es requerida, colaborará.

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