Loperena, que defendió a Els Joglars en el caso de La Torna y a Lluís Llach contra Felipe González a causa del ingreso de España en la OTAN y dirigió la querella de los actores contra josé María Aznar por la guerra de Iraq, dedica en su libro un apartado a Fernando García, el padre de Miriam, una de las niñas asesinadas, junto a Desirée y Toñi, en Alcàsser, un suceso que conmovió a la opinión pública. Loperena cuenta uno de los aspectos que más polémica levantaron durante el juicio de las niñas de Alcàsser, que por su interés reproducimos.

«EL CIRCO DE LA JUSTICIA»

«Fernando García cuando enfermó comenzó a dudar. Nunca se creyó la versión oficial. Se enfrentó a su familia, a sus cinco hermanos -con quienes compartía una fábrica de colchones en Benipareli-, a los padres de Antonia y Desirée también asesinadas. Abandonó su trabajo y se dedicó a desentrañar por su cuenta el crimen que también le mató a él. Al leer cien veces aquel sumario inacabable cuyas horribles fotografías le hacían revivir la pesadilla de la masacre, comprobó que en la investigación -lo cual era cierto- había puntos oscuros, notorias irregularidades y errores crasos. Su carácter cambió y se volvió hipersensible, temía el rechazo de sus amigos, la humillación social. Se sentía víctima de un complot de personas importantes, los auténticos autores de aquel crimen horrendo, gentes tan poderosas como desalmadas que habían utilizado los servicios de los raptores para celebrar con su hija una orgía de sangre y sexo.

Fernando García necesitaba que alguien creyera su fantástica historia que su abogado Romero Villafranca no compartía. Romero intentaba con delicadeza y suma paciencia reconfortarle, devolverle la paz a su espíritu atribulado. Pero cuando el letrado le dijo que tenía elementos suficientes para condenar a Miguel Ricard y a Antonio Anglés, fue cesado de forma fulminante. Se coló entonces en la pista del circo de la justicia un siniestro personaje que se hacía llamar periodista y criminólogo llamado Juan Ignacio Blanco. Era el benefactor esperado por el padre de la dulce Míriam. Supo dar apariencia de realidad a lo que solo existía en la imaginación de Fernando García. Blanco, antiguo redactor de El Caso, alcohólico impenitente, inventaba sucesos criminales que atribuía a personas reales cuyos nombres y apellidos publicaba con total impunidad.

La cuna de los juicios paralelos

Blanco supo aprovechar para su provecho la dependencia psicológica a que había sometido al desventurado padre de Míriam. Se convirtió a través de su perversa e interesada influencia en el inductor de una serie de barbaridades, fruto de sus deliriums tremens, que Fernando García relataba a los medios de comunicación. Su fe ciega en Blanco le hizo manifestar de forma reiterada y contundente en Esta noche cruzamos el Mississippi, el programa basura de Pepe Navarro, convertido en juez supremo de todos los españoles, la conclusión del singular criminólogo que parecía inspirada en Tesis, la película de Alejandro Amenábar. Blanco, a modo de inflexible fiscal y acusador justiciero, mantenía ante la cínica mirada del magistrado Pepe Navarro la inocencia de Miguel Ricard y Antonio Anglés a quienes atribuía tan solo el rol de enterradores.

Los auténticos autores de la masacre -dijo entonces el padre de Míriam-, son gente muy importante integrantes de una secta satánica y de una red dedicada a la producción de vídeos snuff. Según la versión del programa de Navarro, que se repetía día a día con la práctica de nuevas diligencias a cual más absurda, los asesinos eran el productor de cine José Luis Bermúdez de Castro, el ex presidente de Telefónica Luis Solana, el ex delegado del Gobierno en Alicante, Carlos Solá y el anterior gobernador civil de la provincia, Antonio Calvé. Pepe Navarro fue el primer comunicador que convirtió un plató televisivo en una instancia paralela de justicia superior, falaz y perversa. García y Blanco enmendaban sin rubor alguno lo que iba acaeciendo cada mañana en el tribunal de Valencia. Corregían a los jueces, recriminaban su actuación, creaban recelos y sospechas sobre cuestiones indubitadas. Omitían hechos de importancia, y en su empeño de confundir a la audiencia, manipulaban la verdad y desarrollaban cuestiones irrelevantes como si se tratara de evidencias de la masacre.

Sus exposiciones, determinadas por prejuicios que falseaban la historia, dañaban intencionadamente a personas inocentes y desde la posición de privilegio que les otorgaba la gran audiencia televisiva de Antena 3, ebria de sensacionalismo, emitían un discurso envenenado. Olvidaron, en suma, que la libertad de prensa es un derecho constitucionalmente reconocido que pertenece al pueblo y que no tolera la intransigencia ni la falta de rigor.

Pepe Navarro conculcó, en nombre de un derecho mal entendido a la libertad de expresión, principios fundamentales de la profesión de periodista como el de decir la verdad, respetar a los televidentes y no inmiscuirse en la labor de los jueces. Navarro y Blanco calumniaron, difamaron, y confundieron noticias con opiniones, ignorando que las personas son inocentes hasta que la última instancia judicial declare su culpabilidad. Sólo por dar carnaza a la morbosidad del público describieron detalladamente métodos criminales, y mostraron a la audiencia fotografías escalofriantes. No comprobaron la veracidad de sus fuentes, ni confirmaron rumores y noticias, sin duda falsas, que arrojaron por la caja tonta con absoluta impunidad.

La última víctima de Alcàsser fue Fernando García. Su verdugo, Juan Ignacio Blanco, a cambio de vil metal cometió su vergonzante acción abusando del dolor y la desgracia de un hombre desesperado. Pepe Navarro, también por intereses económicos, atentó gravemente contra la ética periodística y el sistema judicial. Las consecuencias de su tribunal popular fueron gigantescas. Fernando García perdió la razón, Juan Ignacio Blanco fue condenado por calumnias*y Pepe Navarro fue despedido de la emisora.»

* Todas las querellas prosperaron. Se condenó a Blanco y García a las penas previstas en el Código Penal para el delito de calumnia. Igualmente fueron condenados por apropiación indebida de los cientos de millones recibidos para la creación de una fundación inexistente.