El CJC se refiere así a los casos "cada vez más frecuentes" en los que el Consell traslada a la entidad jurídica un proyecto de norma reglamentaria para su dictamen, cuyo contenido "está previamente pactado con alguna organización". Esto, según el CJC, "excede mucho" el artículo 105 de la Constitución que regula que en el ejercicio de la potestad reglamentaria se debe dar audiencia a los ciudadanos afectados por la misma.

Además, el Consell Jurídic critica "la dificultad" de los distintos departamentos por mantener una "necesaria colaboración", en materias con algún grado de conexión, dada su "tendencia natural a considerar como algo propio la iniciativa reglamentaria". Por ello, la entidad considera necesario "asegurar la efectiva participación interdepartamental en la elaboración de proyectos de normas" con el fin de superar "el habitual intercambio de escritos apresurados para salir del paso".

En este sentido, la entidad asegura que es "muy conveniente interpretar de una forma extensa" el contenido del artículo 49 bis de la Ley del Gobierno Valenciano, que limita la citada audiencia de los ciudadanos a los organizaciones y asociaciones que les representan. Como ejemplos de estos textos "negociados o pactados" entre la Administración y las centrales u organizaciones sindicales, los proyectos de Decreto del Consell o el de Orden sobre regulación de bolsas de empleo temporal.

El CJC critica que en estos dictámenes formuló "observaciones esenciales" a determinados apartados o artículos que "no fueron atendidas ya que posiblemente de haberlo hecho se alterarían esos acuerdos trabajosamente alcanzados entre ambas partes", ante lo que el Consell recuerda que sus observaciones se apoyan "siempre en criterios de legalidad, por lo que su no atención puede conllevar la invalidez jurídica de la norma". Estos hechos provocan, puntualizó, "entrar en el inacabable debate acerca de la eficacia jurídica de los informes de los órganos consultivos".

Por ello, el CJC reclamó la utilización de "todo el potencial" de los órganos consultivos que "aunque forman parte de la Administración a la que asesoran, no se hallan implicados en la suerte del texto normativo".

En cuanto al resultado de la actividad del Consell durante 2006 su presidente, Vicente Garrido, destacó que fue un año "muy movido" puesto que prácticamente duplicaron el número de consultas, con un total de 1187, frente a las 620 de 2005, y se emitieron 843 dictámenes, es decir, 222 más que en el período anterior.

"ENORME ESFUERZO"

Ante estos datos, Garrido remarcó el "enorme esfuerzo" que han hecho "para poder atender a todas las peticiones no sólo del Gobierno, que es quien mayoritariamente consulta al Consell Jurídic, sino también de numerosos ayuntamientos, universidades públicas valencianas, e incluso de otras entidades de derecho público", puesto que el CJC contó con "los mismos medios de siempre".

Así lo indicó hoy Garrido a los medios de comunicación tras el acto de entrega de la memoria del CJC referente a 2006 al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en el que también presentó la recopilación de la doctrina legal de todos los dictámenes emitidos durante el pasado año, y anunció la entrega de los mismos documentos el lunes a las Corts valencianes.

Garrido informó, además, de que el CJC dictaminó durante el año pasado 23 anteproyectos de ley y 69 proyectos de normas reglamentarias, entre los que destacó por "su especial complejidad y extensión" el proyecto de reglamento de gestión territorial urbanística que requirió de un estudio "muy concienzudo y exhaustivo".

En cuanto a las autoridades consultantes de los dictámenes, en 383 ocasiones fue la Conselleria de Sanidad; otras 214 la de Cultura, Educación y Deporte; 45 la de Infraestructuras y Transporte; 25 la de Justicia, Interior y Administraciones Públicas; 21 más la de Economía, Hacienda y Empleo; 12 la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación; nueve la de Bienestar Social; ocho la de Empresa, Universidad Y Ciencia; tres la Vicepresidencia del Consell; otras dos la Conselleria de Turismo, y una para la Conselleria de Relaciones Institucionales y Comunicación y para la de Cooperación y Participación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Llíria consultó al Consell en tres dictámenes; los Ayuntamientos de Andilla, Gandia, Oliva, Sax y Xàtiva fueron los consultantes en dos dictámenes cada uno; y los de Alicante, Alzira, Andilla, Atzenete d´Albaida, Benidorm, Benigànim, Benlloch, Carlet, Catarroja, Chóvar, Dénia, El Puig, Enguera, Figueroles, Finestrat, La Llosa de Ranes, La Vall d´Uixó, La Villa Joiosa, Llíber, Mislata, Petrés, Pilar de la Horadada, Rafelbunyol, Senyera, Silla, Torrebaja y Valencia, en una ocasión cada uno.

También otros organismos consultaron al CJC, en concreto, la Universidad de Alicante en siete ocasiones; la Jaume I en cinco; y la de Valencia en cuatro; así como la Diputación Provincial de Valencia y la Academia Valenciana de la Llengua que fueron las autoridades consultantes en un dictamen cada una.

Por materias, los dictámenes se dividen entre los 670 de indemnizaciones de daños, perjuicios y responsabilidad patrimonial; 63 de proyectos de reglamentos o disposiciones generales; 26 referidos a modificación de planes de urbanismo; 21 a anteproyectos de ley; 19 a contratos administrativos; 18 a revisión de actos administrativos; ocho a recursos extraordinarios de revisión; dos a concesiones administrativas, y uno más de proyectos de decretos-legislativos y recursos de inconstitucionalidad. Los tres dictámenes restantes trataron acerca de otras materias.

Por último, en cuanto al sentido de las resoluciones recaídas en asuntos dictaminados, 438 se hicieron conforme al Consell, y las restantes 59 oído el Consell. Además, se solicitaron 43 dictámenes urgentes y fueron devueltos tres asuntos, en dos ocasiones por defecto de forma en la petición, y en la otra a petición de la autoridad consultante.